Acuse de recibo
Con una vivienda muy deteriorada y 79 años de edad, Ana del Carmen Guanche (Camilo Cienfuegos 69, entre Federico Escobar y Carmen Rivero, Ranchuelo, Villa Clara) decidió acogerse en febrero de 2012 a la justa política de subsidios que otorga el Estado cubano a familias que, por su difícil situación económica, no pueden asumir la reparación de sus casas ni adquirir los materiales para ello.
Pero la política es una cosa y otra es la implementación de la misma en manos de quienes deciden en su territorio. Y tal como cuenta Ana, desde que se conformó el expediente 188 de su solicitud de subsidio, y llegó al Consejo de la Administración Municipal el 5 de octubre de 2012, han pasado por su casa para el estudio y análisis del caso el técnico de la Vivienda, la trabajadora social, el arquitecto de la comunidad y una comisión, cámara fotográfica en mano.
Concluyó 2012 y nada. «En 2013 ya iban por más de 600 expedientes estudiados y yo no recibía respuesta, cuando están establecidos 45 días para dar una información al solicitante», precisa Ana.
No fue hasta el 22 de enero de 2014 que la anciana recibió una respuesta de que había otros casos más inminentes y que su casa no reunía los requisitos establecidos. «Dicha comunicación, señala, no explicaba ni cuáles eran esas inminencias, ni cuáles los requisitos».
Lo curioso del caso es que, según dice Ana, ese propio día ella supo que para negarle el subsidio habían analizado equivocadamente la situación de otra persona solicitante.
Ante lo que ella califica como «hechos mentirosos», Ana estableció reclamación a las autoridades del municipio y a otras instancias superiores, al punto de que se admitiera que habían procedido erradamente.
Pero se siguieron otorgando subsidios que, en consideración de la remitente, estaban muy mal fundamentados. Y sitúa el ejemplo de un matrimonio joven, los dos laborando en una tienda en divisas y con salarios entre ambos por encima de los mil pesos, más ciertos pagos en divisa y estimulación. Les dieron el subsidio, hicieron la casa y luego la vendieron.
Otro caso es el de alguien que con el subsidio levantó la casa, la permutó y luego vendió la que adquirió mediante el canje.
Después de un año de solicitada una entrevista con el presidente del Consejo de Administración Municipal, este la concedió el 5 de diciembre de 2014. En ella reconoció los hechos y los errores cometidos; y se comprometió a que, en cuanto entrara el financiamiento, el caso sería resuelto y se entregaría el subsidio.
En el primer semestre de 2015 la provincia le situó a Ranchuelo 1 600 000 pesos por concepto de subsidios, afirma Ana. Se distribuyeron a 28 solicitantes en la primera asignación, y a 21 en la segunda. Y Ana sigue esperando sin saber cuáles son los requisitos ni por qué ella no clasifica.
Ángela Oramas (calle 5ta. número 160, entre G y F, Vedado, La Habana) siente malestar por lo que vivió como acompañante de un familiar internado en la sala de cardiología del piso 21 del hospital Hermanos Ameijeiras, los días del recién celebrado carnaval de La Habana.
Como el aire acondicionado general estaba averiado, las ventanas permanecían abiertas. Y la música de los altoparlantes, además de los estragos a lo largo del malecón y sus áreas adyacentes en la medida en que subía la marea alcohólica, convertían esa sala de pacientes tan delicados en un infierno sonoro.
Operados a corazón abierto, otros que esperaban su intervención quirúrgica y los que se recuperaban de un infarto, sencillamente no podían dormir ni con calmantes fuertes.
Precisa Ángela que el propio doctor Ramón Claro, jefe de los servicios de las salas A y B de Cardiología, le confesó que eso se sufre allí en cada temporada de carnavales. Y la remitente concluye manifestando que las autoridades pertinentes deben hacer lo posible y lo imposible, para que en un futuro, las áreas de carnaval y su inevitable despliegue sonoro no impacten sobre los pacientes de dicho hospital.
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