Entre la ilegalidad y la impunidad

El pasado 1ro. de octubre, y desde el municipio matancero de Jagüey Grande, Nelson Otero Chamizo denunciaba aquí  violaciones con la entrega de 13,42 hectáreas de tierra ociosa que le adjudicaron en calidad de usufructo en mayo de 2014, en el Consejo Popular Australia, de ese territorio.

Nelson contaba que desde entonces no había podido trabajar dichas tierras, porque la Empresa Agropecuaria de la Construcción Varadero las mantenía ocupadas ilegalmente, con crianza de ganado mayor en medio del marabú.

Él reclamó a la Delegación de la Agricultura en Jagüey Grande. Y en respuesta, el Delegado municipal y la Jefa de la Oficina de Registro de la Tierra le informaron que le daban un plazo a dicha Empresa hasta el 15 de marzo de 2015 para desocupar los terrenos. Pero los de la Empresa se negaban a cumplir el mandato y no extraían el ganado, alegando que durante años venían haciendo esas labores.

Revelaba Nelson que por tal motivo no había podido cumplir su plan de producción y acopio, ni siquiera preparar el terreno. Reclamó ante el Delegado provincial de la Agricultura, pero cuando me escribió habían transcurrido cuatro meses sin recibir respuesta, a pesar de haberse dirigido a la Delegación Provincial en cinco ocasiones y a la Municipal en ocho.

«Ya no sé a quién dirigirme, afirmaba. Ha transcurrido un año y tres meses, y la Delegación Provincial no me informa nada, tampoco el municipio», señalaba Nelson.

Al respecto, responde Oslay Díaz Pagés, el propio delegado municipal de la Agricultura en Jagüey Grande, que «se cometió el error de haber erradicado el usufructo sin agotar las medidas de control estatal con la Empresa de la Construcción Varadero, que estuvo ocupando la tierra de manera ilegal, con evidencia de producciones hasta 2012».

Afirma que «la tierra estaba declarada ociosa por parte de la Empresa que la administra, y a la hora de realizar los pasos del expediente de Nelson Otero Chamizo no se detectó que había un trabajador de dicha entidad viviendo en una de las instalaciones del área».

Agrega que los funcionarios de la Delegación Municipal de la Agricultura se entrevistaron con Nelson y le explicaron los problemas que hubo en el proceso. Y agradece «la comprensión» del reclamante, a quien se le propuso entregarle otra tierra cerca del lugar donde vive, con lo cual estuvo de acuerdo.

Refiere Oslay que se hizo un análisis profundo en la Comisión Municipal de Asuntos Agrarios, con la presencia de la Comisión Agraria provincial. Y se acordó revocar la Resolución del delegado municipal de entregar el usufructo a Nelson, por radicarse encima de una ilegalidad, ofertarle a este una nueva área en usufructo, cerca de donde vive, y restablecer la legalidad del área a la Empresa productora y Comercializadora Avícola, quien administra esta.

Concluye asegurando que «se tomarán las medidas a cada nivel con los responsables de las violaciones detectadas que afectaron el proceso de entrega de tierra en usufructo antes descrito».

Lo primero que salta a la vista es que en un año y tres meses, y a pesar de todos los alertas de Nelson a las delegaciones provincial y municipal de la Agricultura acerca del problema, no se hizo cumplir la legalidad, ni se le respondió al reclamante. Fue la revelación en esta columna lo que precipitó la atención al caso. Y eso es muy triste.

Lo segundo es la impunidad con que la entidad constructora  cometía la ilegal ocupación de las tierras. Tampoco se explica qué medidas se tomaron con esos transgresores y quienes lo permitieron a consecuencia del descontrol. Por eso esperamos información precisa cuando se adopten las mismas «a cada nivel».

Irresponsabilidades y violaciones como estas desestimulan a los productores agrícolas, y entorpecen el avance del programa de entrega en usufructo de tierras ociosas. Al final, conspiran tales dislates y desórdenes contra el urgido despegue que requiere la agricultura cubana.

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