Acuse de recibo
El pasado 28 de octubre, reflejé aquí la queja de Reinaldo Cruz Hernández, Rodel Cruz Hernández y Yoel Falcón Cárdenas, trabajadores por cuenta propia en el giro de albañilería del municipio villaclareño de Placetas, que se sentían engañados por la Empresa de Farmacias y Ópticas de Villa Clara.
Ellos manifestaban que en septiembre de 2014 hicieron un contrato, por el monto de 40 000 pesos, con el inversionista de dicha entidad, para la remodelación de la farmacia del poblado de Báez, objetivo donde laboraron durante tres meses.
Cuando se reclamó el pago a la Empresa, decían, no hubo respuesta, «pues no aparece el contrato que estaba firmado por ambas partes, y no lo entregaron en el momento, ya que faltaban firmas, y alegaron que nuestra copia nos la harían llegar», precisaban. La copia nunca llegó y les plantearon que el contrato se había extraviado.
«Cada vez que vamos a la Empresa y nos presentamos, nunca podemos hablar con ningún funcionario. Siempre hay alguna justificación», señalaban.
Al respecto, responde Ezequiel Martínez Martínez, director de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas de Villa Clara, que el hecho es conocido por el Consejo de Dirección del centro, en su inmensa mayoría de nueva creación.
Refiere que esa entidad, a raíz de una auditoría especial practicada, arrojó innumerables violaciones, con grandes afectaciones económicas, propiciatorias de un presunto hecho delictivo y de corrupción administrativa que, actualmente bajo proceso judicial, involucra a algunos ex dirigentes y trabajadores de la institución y a trabajadores por cuenta propia que infringieron la legalidad.
Añade que, en entrevista con los reclamantes, estos reconocieron que «nunca me solicitaron un despacho, ni se entrevistaron con el funcionario que atiende a la población, aunque, según sus declaraciones, estuvieron en una o dos oportunidades en la entidad, momento en el que no me hallaba presente».
Afirma que «está comprobado que no existe contrato legal, facturas, ni legitimidad de los recursos materiales empleados en el trabajo realizado», aunque reconoce que «es cierto que ejecutaron el trabajo a que hacen referencia y existen testigos que lo corroboran».
Y apunta que a partir de consultar el caso previamente con los organismos rectores de la legalidad, se procede a la elaboración de un expediente que contenga todas las pruebas necesarias para justamente proceder al pago de los reclamantes.
En consonancia con el espíritu de flexibilización que ha ido ganando fuerza en la economía y la sociedad cubanas, escribe Eric Rosselló Labrada, residente en Martí 234, entre Ramón Ortuño y 24 de Febrero, en la ciudad de Las Tunas.
El remitente considera que deben adecuarse ciertas normativas a los pasos liberadores que se vienen adoptando, los cuales desatanizan y despenalizan ciertos procederes y conductas.
Y va al grano, recordando que hace unos años atrás comprar o vender una vivienda estaba prohibido por las leyes. Sin embargo, hubo familias que, para contar con un techo, y sin solución por parte del Estado, las adquirieron de forma ilegal.
En su momento, recuerda, el Estado declaró a esas familias como usufructuarias onerosas permanentes. Y así ellas se han mantenido pagando durante años, y han abonado el valor real del inmueble varias veces.
Hoy se permite la libre compraventa de viviendas, señala Eric. Y pregunta a modo de sugerencia, si no se podría revisar este tema nuevamente, y dar la posibilidad a los actuales usufructuarios de adquirir el título de propiedad.
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