Acuse de recibo
«Al parecer el problema con mi vivienda no tiene fin y va inseparablemente acompañado de dilaciones y justificaciones», se duele el villaclareño Gabriel Castellón Pérez (calle Roberto Fleites, No. 296, entre San Miguel y San Cristóbal, reparto Raúl Sancho, Santa Clara). Su angustia, según cuenta, data de más de cuatro mandatos de la Asamblea Municipal del Poder Popular y no se avizora una solución inmediata en el horizonte.
La compleja situación se generó a partir de una limitación constructiva en el área circundante a la Plaza de la Revolución Ernesto Guevara, a finales de la década de los 80, precisa el remitente.
En esa época, apunta Gabriel, «establecieron la prohibición de construir en la mencionada área y la declararon en Afectación. Años más tarde se certificaron estas negativas para construir o reconstruir en la zona, y Vivienda y Planificación Física las mantuvieron latentes, a pesar de que la causa que las originó (el proyecto de ampliación del Centro Nuevo de la ciudad), aún continua durmiendo en una maqueta, postergado desde hace años por la falta de recursos para acometerlo en toda su plenitud».
«La prohibición —expresa el lugareño— condicionó que las casas ubicadas en el área llegaran a niveles elevados de deterioro en su gran mayoría, y en casos como el mío fue inevitable detener el derrumbe parcial primeramente y luego el desplome total, cuestión que sucedió en 2010. Desde entonces he tenido que vivir de alquiler en alquiler, sin poder concretar el permiso constructivo, ni la ayuda de los organismos competentes y responsables con el deterioro de mi vivienda».
En la actualidad, indica el villaclareño, se están autorizando puntualmente determinadas acciones constructivas a familias que puedan operar por esfuerzo propio, e incluso se han otorgado determinados subsidios. Sin embargo, en el caso específico de Gabriel el derrumbe que provocó el tanto tiempo sin poder reparar, lo ha puesto en una encrucijada legal. Así, se ha visto imposibilitado de traspasar la propiedad de sus abuelos maternos —ya fallecidos— a su favor.
En virtud de esa barrera, los especialistas de Vivienda le argumentan que la casa «no existe físicamente, no es posible que puedas legalizar su estatus, no podemos beneficiarte con un subsidio, pues no eres el propietario legal del inmueble», entre otras negativas.
«La casa a la que hago referencia es propiedad de mis abuelos desde 1950, cuestión que consta en escritura legal y fue habitada desde siempre por mi madre de 64 años (…), los mencionados ancianos y mi persona, y pese a que solicitamos infinidad de veces el permiso constructivo para repararla, nunca encontramos una respuesta positiva», refiere el lector.
Añade: «Luego de su caída total no hemos podido levantarla, no hemos podido acceder a un terreno fuera de dicha área geográfica para reconstruirla, pues me fue devuelta la carta de solicitud, con la argumentación de la especialista de Planificación Física Municipal de que no “clasificamos entre las prioridades”».
Por otra parte, el remitente cuenta haber acudido en múltiples oportunidades al Gobierno local, sin que se haya logrado una solución a los problemas que enfrenta.
Narra que cada vez que acude a las instancias «en busca de explicaciones, aparece latente la barrera y se reiteran las evasiones, las remisiones de unos a otros, en forma de círculo vicioso», se angustia Gabriel.
Si como narra el lector, no se ha podido hallar una salida al deterioro constructivo de su morada, sería loable que se le encontrara una salida sensata a su caso, teniendo en cuenta todas las interioridades que él plantea y lo que establece la Ley.
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