Subsidio subvalorado

Rafaela del Carmen Martín Hernández (Manzano 5, entre Sol y San José, San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, La Habana) solicitó un subsidio el 7 de junio de 2013 para reparar su vivienda, que se encuentra en pésimas condiciones. Y aún está esperando por una respuesta.

La remitente, luego de más de 30 años de trabajo, fue jubilada por enfermedad. Padece artritis reumatoide, fibrosis pulmonar, diabetes mellitus y de la tiroides. Con dos hijos, uno en el servicio militar y otra estudiando Derecho, es una persona de escasos recursos económicos. Esa es la pura realidad.

Y lo que viene es la complicación a consecuencia del relegamiento y el olvido:

A los 15 días de la solicitud de subsidio, la visitó el arquitecto de la comunidad; y dos días después la trabajadora social, para tomarle los datos pertinentes. Ahí empezó lo que ella denomina «el calvario»: en reiteradas ocasiones, Rafaela visitó a la funcionaria que atendía subsidios en la Dirección Municipal de la Vivienda.

«Siempre —señala— era un cuento diferente. Buscaba mi nombre en la computadora y me decía: —No, todavía no se ha aprobado... Cuando casi llevaba dos años de espera, le pregunté el porqué de la demora, y me dio una respuesta nada convincente: que la arquitecta no había entregado el informe técnico de la vivienda».

Así, la funcionaria de Subsidios le decía: Ven mañana… Ven la semana que viene… La interesada también llamaba a la hora y el día que la funcionaria le indicaba, y nunca podía hablar con ella. Le decían que estaba ocupada.

También iba a ver a la funcionaria que atiende Subsidios en el Gobierno municipal, la cual, amablemente, lo mismo por teléfono que en persona, la buscaba en la computadora. Y su nombre no aparecía. La del Gobierno le explicaba que hasta que no pasaran su expediente no podían hacer nada. Y asimismo, que si se aprobaba o no, se lo harían saber.

Cambiaron a las personas que atendían Subsidios, y allá fue una vez más Rafaela. La atendieron, dio sus datos y buscaron en los expedientes. Había uno con su nombre, pero era una copia. No sabían nada del original.

Rafaela preguntó qué debía hacer entonces. Y le respondió la nueva funcionaria que ella se responsabilizaba con los expedientes solicitados a partir de que ella comenzara allí, en abril de 2015. Y de lo anterior, no sabía nada.

«Conclusión —afirma—, hace dos años y siete meses que sufro las consecuencias de un mal trabajo de Vivienda. ¿Dónde está mi expediente? ¿Por qué el subsidio le ha llegado a personas que lo solicitaron después que yo?

Su casa, explica, mide tres metros de ancho por seis de largo. Allí viven, hacinados, los tres. Toda la placa se le filtra y se le han caído pedazos. Las paredes, rajadas, la escalera desbaratada. «Estoy desesperada», concluye.

¿Y la dieta de malanga?

Ahora que los productos agrícolas han experimentado considerables alzas en sus precios, con más razón hay que proteger a las personas que tienen dieta de viandas a precios módicos, y no poseen ingresos suficientes para pagarlas por la vía de la oferta y la demanda.

Obdulio Carmona González (Calzada Vieja 114, apto. 10, entre Enlace y Barreras, Regla, La Habana) padece de úlcera estomacal, y hace años tiene prescrita por el médico una dieta de malanga.

La misma se recibía mensualmente, aunque a veces la sustituyeran por chopo o plátano. Pero desde diciembre de 2015, afirma, no se recibe dieta de vianda alguna. A él y a otros pacientes solo les queda ver la malanga a ocho y diez pesos la libra de los carretilleros o de agromercados, y no poder comprarla.

Obdulio considera que los pacientes inscritos en esa dieta, algo que el mismo Estado concibió y en ningún momento ha eliminado, merecen una explicación pormenorizada del porqué se ha ausentado ese beneficio que recibían.

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