Acuse de recibo
Rafaela del Carmen Martín Hernández (Manzano 5, entre Sol y San José, San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, La Habana) solicitó un subsidio el 7 de junio de 2013 para reparar su vivienda, que se encuentra en pésimas condiciones. Y aún está esperando por una respuesta.
La remitente, luego de más de 30 años de trabajo, fue jubilada por enfermedad. Padece artritis reumatoide, fibrosis pulmonar, diabetes mellitus y de la tiroides. Con dos hijos, uno en el servicio militar y otra estudiando Derecho, es una persona de escasos recursos económicos. Esa es la pura realidad.
Y lo que viene es la complicación a consecuencia del relegamiento y el olvido:
A los 15 días de la solicitud de subsidio, la visitó el arquitecto de la comunidad; y dos días después la trabajadora social, para tomarle los datos pertinentes. Ahí empezó lo que ella denomina «el calvario»: en reiteradas ocasiones, Rafaela visitó a la funcionaria que atendía subsidios en la Dirección Municipal de la Vivienda.
«Siempre —señala— era un cuento diferente. Buscaba mi nombre en la computadora y me decía: —No, todavía no se ha aprobado... Cuando casi llevaba dos años de espera, le pregunté el porqué de la demora, y me dio una respuesta nada convincente: que la arquitecta no había entregado el informe técnico de la vivienda».
Así, la funcionaria de Subsidios le decía: Ven mañana… Ven la semana que viene… La interesada también llamaba a la hora y el día que la funcionaria le indicaba, y nunca podía hablar con ella. Le decían que estaba ocupada.
También iba a ver a la funcionaria que atiende Subsidios en el Gobierno municipal, la cual, amablemente, lo mismo por teléfono que en persona, la buscaba en la computadora. Y su nombre no aparecía. La del Gobierno le explicaba que hasta que no pasaran su expediente no podían hacer nada. Y asimismo, que si se aprobaba o no, se lo harían saber.
Cambiaron a las personas que atendían Subsidios, y allá fue una vez más Rafaela. La atendieron, dio sus datos y buscaron en los expedientes. Había uno con su nombre, pero era una copia. No sabían nada del original.
Rafaela preguntó qué debía hacer entonces. Y le respondió la nueva funcionaria que ella se responsabilizaba con los expedientes solicitados a partir de que ella comenzara allí, en abril de 2015. Y de lo anterior, no sabía nada.
«Conclusión —afirma—, hace dos años y siete meses que sufro las consecuencias de un mal trabajo de Vivienda. ¿Dónde está mi expediente? ¿Por qué el subsidio le ha llegado a personas que lo solicitaron después que yo?
Su casa, explica, mide tres metros de ancho por seis de largo. Allí viven, hacinados, los tres. Toda la placa se le filtra y se le han caído pedazos. Las paredes, rajadas, la escalera desbaratada. «Estoy desesperada», concluye.
Ahora que los productos agrícolas han experimentado considerables alzas en sus precios, con más razón hay que proteger a las personas que tienen dieta de viandas a precios módicos, y no poseen ingresos suficientes para pagarlas por la vía de la oferta y la demanda.
Obdulio Carmona González (Calzada Vieja 114, apto. 10, entre Enlace y Barreras, Regla, La Habana) padece de úlcera estomacal, y hace años tiene prescrita por el médico una dieta de malanga.
La misma se recibía mensualmente, aunque a veces la sustituyeran por chopo o plátano. Pero desde diciembre de 2015, afirma, no se recibe dieta de vianda alguna. A él y a otros pacientes solo les queda ver la malanga a ocho y diez pesos la libra de los carretilleros o de agromercados, y no poder comprarla.
Obdulio considera que los pacientes inscritos en esa dieta, algo que el mismo Estado concibió y en ningún momento ha eliminado, merecen una explicación pormenorizada del porqué se ha ausentado ese beneficio que recibían.
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