Acuse de recibo
Solo habiendo sufrido algo semejante, puede llegarse a comprender la angustia de una familia como la de Elvira Interián Rojas cuando el día 3 de marzo de 1997 su vivienda se quemó de forma accidental con todos los bienes dentro.
Desde entonces, Elvira y los suyos han transitado un azaroso camino en el que las dilaciones, irregularidades e incongruencias han hecho tormentoso el paso. Evoca la pinareña que, primeramente recibieron, en forma de préstamo, un local perteneciente a Educación Municipal, en San Luis, el territorio donde residen.
En el año 2000 —refiere—, previa aprobación del Gobierno del territorio, se acordó entregarles un módulo para la terminación de una «vivienda por cooperación», que ejecutaría el Micons. Posteriormente, la Dirección Municipal de Planificación Física radica el expediente L–2000-0113 para la ejecución de la nueva obra, y se emiten las regulaciones urbanísticas pertinentes para la construcción del hogar en la Finca El Conuco, Circunscripción No. 50, del municipio de San Luis.
El 25 de marzo de 2000, «el Movimiento de Microbrigadas de Pinar del Río, ejecutor de mi presunta vivienda, representado por el ingeniero Eduardo García Benítez, en su condición de director general, y Osvaldo Rodríguez Robaina, director de la Vivienda Municipal, firman el Acta de Terminación de una vivienda a mi favor que no existe», apunta la remitente.
Unos meses después, el 16 de diciembre, se le hace entrega por parte de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de la Resolución No. 153/2000, firmada por su director, en la que se expresa que se le entregaba una casa «situada en la Ampliación Máximo Gómez, Circunscripción No. 50», «que había sido construida en el año 2000, de tipología semisólida; con esta resolución se me orientó ir al Banco Popular de Ahorro y formalizar el Contrato de Compraventa»..., rememora la sanluiseña.
El 26 de junio, se emite el título de propiedad, y ella comienza a pagar la deuda al banco de 4 988,72 pesos, a un ritmo de mensualidades de 27,72 CUP, lo cual consta en el expediente No. 1562-0000945-36 Control No. 25029 del Banco Popular de Ahorro en San Luis. Pero en realidad la casa «solo tenía construida una parte de la zapata», indica la afectada.
No obstante —señala— le explicaron que confiara, que ese error tendría solución. Así esperó en compañía de su padre, de 82 años, su hija y sus dos nietos menores, de 11 y cinco años respectivamente.
Luego de varias gestiones más, que incluyeron cartas a autoridades nacionales, Elvira fue visitada por el jurídico de la DMV y se le comunicó «que se me había nominalizado en el Plan Estatal ejecutado por el Micons en el año 2011, en un fondo avanzado».
Finalmente, el 18 de marzo de 2011 el Consejo de la Administración Municipal (CAM) le entrega una vivienda cuyos habitantes habían abandonado el país. Y el próximo paso de la pinareña fue solicitar el título de propiedad del hogar, el 7 de mayo de 2012.
Pero otra vez llegó el retroceso y Elvira fue citada a una reunión con autoridades del Gobierno municipal y la DMV «donde me plantean que me ejecutarían una división de la vivienda, con la cual no estuve de acuerdo. Por tal motivo recurrí a la Fiscalía Municipal de San Luis».
Elvira manifiesta que el 7 de diciembre de 2015 se le explica vía telefónica que su caso se había solucionado y que se le entregaría la casa completa en propiedad, pero que cuatro días después fue convocada nuevamente y el jurídico de la DMV y el vicepresidente del CAM que atiende Construcción le manifestaron «que de no aceptar la división me pondrían en la calle con mi familia, pues yo tenía un título de propiedad de una vivienda que nunca ha existido y la ley los amparaba a ellos con esa decisión tomada».
¿Hasta cuándo tanta sinrazón, con esta mujer de 59 años y su familia? Elvira, trabajadora consecuente y juez lego por más de dos décadas en el Tribunal Municipal de San Luis y en el Provincial de Pinar del Río, no entiende. No puede entender. En Maceo Interior, No. 17, Reparto Especial San Luis esta cubana espera respuesta.
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