Los dueños de la azotea

El asunto comenzó a «oler mal», en marzo de 2015. Algo se «cocinaba» en la azotea del edificio ubicado en 5ta., No. 160, entre F y G, en Plaza de la Revolución, y los vecinos, aparte de observar y comentar alarmados, se dieron cuenta en el acto de que la cosa era sin consultar a los demás.

Estaban construyendo. Al parecer ampliaban una vivienda, sin preguntar a los moradores de las otras ni media palabra. Y, por supuesto, sobrevinieron el descontento y la contradicción, porque esas áreas jamás habían sido otorgadas como patios particulares, refieren Dennis Cásares Benítez (apto. 14), Isabel Triana (apto. 1) y Alejandro Suzarte (apto. 15).

Evocan los tres integrantes del Consejo de vecinos del inmueble que, al preguntar a la responsable de la obra y madre del propietario, ella «alegó que solo iba a sustituir una cerca perle existente, soportada por un murito. No obstante su respuesta, subió gran cantidad de materiales, lo que nos hizo dudar sobre lo dicho».

«Por ello, el Consejo de vecinos, con el apoyo de la mayoría —16 de 18 apartamentos de este edificio— iniciamos un proceso ante las autoridades correspondientes, entre estas: Instituto de Planificación Física (IPF), arquitecto de la comunidad, Vivienda y Gobierno (…) municipales, en la búsqueda de que se restaurara la legalidad», apuntan los remitentes.

Según supieron los afectados, tal construcción era realizada por la mencionada señora, tras la compra de una vivienda allí existente, y amparada por la licencia de rehabilitación-remodelación No.136, matrícula 0302156614, otorgada en 2014 por la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV).

Sin embargo, para entregar dicho permiso, «ni la UMIV ni el IPF, ni el arquitecto de la comunidad tuvieron nunca en cuenta que en 2006 y 2014 se habían emitido dictámenes que daban fe de problemas estructurales del edificio, por lo que no es conveniente añadir un peso adicional a la edificación», señalan los lectores.

En el área en cuestión, incluso, existen respiraderos de aguas negras y potables, y pasan tubos de distribución de agua originales de 1952, describen.

Durante el proceso constructivo, a contrapelo de la opinión de los demás moradores del inmueble, se ha producido el desplazamiento de tuberías y cables —de electricidad, agua, gas o teléfono—, haciéndolos inaccesibles para el resto de los vecinos. A ello hay que sumar «el agravamiento de filtraciones en todos los apartamentos que tienen como techo la azotea, especialmente en uno donde las paredes de la cocina ya están con rajaduras», expresan los dolientes.

Por si esto fuera poco, como parte de las irregularidades se instaló un tanque de agua que excede la capacidad de consumo de un apartamento para uso exclusivo de los violadores, con el correspondiente «ladrón de agua» conectado al tanque principal del edificio.

A estas alturas, cualquiera se podría preguntar: ¿Y las autoridades? ¿Y la legalidad? Pues bien, los vecinos, de acuerdo con lo relatado por Dennis, Isabel y Alejandro, han llevado el asunto hasta los tribunales. El Tribunal Municipal emitió un auto paralizando la obra, que fue violado sistemáticamente. Luego, el Tribunal Provincial desestimó esa medida, al alegar que la responsable de los hechos no fue notificada. La obra ha sido paralizada en cuatro ocasiones; pero, con altibajos, las labores constructivas continúan.

Hasta por la presidencia provincial del Gobierno capitalino —enfatizan los remitentes— se visitó la edificación y determinó «la detención de inmediato de tales construcciones». Dos días después, seguía el ajetreo.

«Los vecinos se sienten burlados», expresan dolorosamente los integrantes del Consejo, quienes anexan un amplio file de evidencias a su misiva. «El IPF municipal decidió enviar el caso a la comisión de enfrentamiento a las ilegalidades del municipio hace ya más de seis meses, sin que hasta ahora nada haya pasado», recuerdan.

Casi huelgan los comentarios. No es asunto nuevo en esta columna. ¿Hasta cuándo se permitirá que los intereses de unos pocos pasen por encima de la voluntad de muchos?

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