Acuse de recibo
Una suma de supuestas sinrazones e incongruencias reveló aquí, el 5 de marzo último, la pinareña Elvira Interián Rojas (Maceo interior No. 17, Reparto Especial, San Luis), referentes a los trámites que había enfrentado junto a su familia tras el accidental incendio en el que perdió su vivienda con todos los bienes dentro, en 1997.
Luego de recibir un local de Educación municipal en forma de préstamo, en el año 2000 se acordó asignarle a la familia «un módulo para la terminación de una “vivienda” por cooperación», que ejecutaría el Micons», narró la lectora.
El 16 de diciembre de ese año se le hace entrega, en papeles, de una casa que solo tenía construida la zapata. Posteriormente adquiría la lectora el título de propiedad y la comenzaría a pagar en el Banco, refería en su misiva.
Tras reclamaciones y nuevos trámites, el 18 de marzo de 2011 el Consejo de la Administración Municipal (CAM) le otorga una vivienda cuyos habitantes habían abandonado el país. Y ella solicitó el título de propiedad de dicho hogar el 7 de mayo de 2012. Pero pasado algún tiempo se le indicó que la casa sería dividida para atender a otro caso social. La sanluiseña no estuvo de acuerdo y recurrió a Fiscalía municipal. Finalmente, evocaba la lectora que el 7 de diciembre de 2015, vía telefónica, le explicaron que su caso se había solucionado y que se le entregaría la casa completa en propiedad. Sin embargo, cuatro días más tarde se le informó el retorno a la posición anterior, relataba.
A propósito responde Gabriel Meralla Hernández, jefe de Atención a la Población de la Dirección Provincial de la Vivienda en Pinar del Río, remitiéndonos carta de Elsa Margarita Padilla Marimón, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en San Luis.
Aclara Elsa Margarita que cuando en el año 2000, mediante contrato con el Micons, se llevó a cabo la construcción de un grupo de casas «por cooperación», «se les entregaba a los afectados la totalidad de los materiales de construcción para que estos iniciaran por esfuerzo propio la edificación de sus viviendas», y puntualiza que de 21 afectados, 20 levantaron sus hogares, quedando pendiente solo el caso de Elvira, que solo edificó la cimentación.
A Elvira le fueron entregados en aquel módulo: «70 sacos de cemento, 1 200 bloques; 64 tejas de asbesto-cemento, 220 kg de acero (lo que equivale a 81 tiras de cabillas), un módulo eléctrico; un módulo hidráulico, un juego de baño, una batea, una meseta integral, 11 marcos de ventana, tres marcos de puertas y tres puertas», precisa la funcionaria.
«Al finalizar el año 2000 se dieron por terminadas todas estas viviendas contratadas con la microbrigada del Micons, y todos los beneficiados estuvieron de acuerdo, incluyendo la señora Elvira, quien (…) una vez que se le entregó la Resolución por la DMV para que comenzara a pagar su vivienda en el Banco Popular de Ahorro, lo hizo, dando lugar a que hoy tenga en su poder un Título de Propiedad (…) de la vivienda emitido por el Banco Popular de Ahorro, sin existir el inmueble, y que actualmente continúa pagando», apunta la Presidenta municipal.
En 2011 —indica— el CAM le hace entrega, «en calidad de préstamo (por ocho meses), de una vivienda de salida del país, esto consta en el acta No. 5 del día 9 de marzo del 2011, en el acuerdo No. 94», casa en la cual se encuentra aún viviendo.
Con posterioridad, y ante la falta de inmuebles y solares y la necesidad de atender a otro caso social (mujer sola con dos niños), las autoridades municipales deciden dividir la vivienda de marras. Se le comunica a Elvira y ella en principio estuvo de acuerdo, pero después reclamó ante Fiscalía. En esta instancia el proceso finalmente desembocó en que se dividiría, para beneficio de las dos familias necesitadas, el hogar en cuestión, lo cual consta en documentos que detalla la Presidenta municipal y datan del 21 de diciembre de 2015.
Agradezco la minuciosa respuesta. Es lamentable que Elvira haya omitido en su carta varios elementos que clarifican bastante la situación y dejan en evidencia que algunas de las supuestas incongruencias de las autoridades, no lo eran y ella sí ha tenido apoyo. De cualquier forma, la emisión de documentos como la propiedad de una vivienda que solo tenía edificada la zapata, resulta a todas luces inexplicable.
Este espacio seguirá apostando por el diálogo honesto entre personas e instituciones.
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