Acuse de recibo
Una amonestación pública y el retiro del pago en CUC fue la sanción que afrontó en el mes de agosto de 2015 el artemiseño Julio César González Durán (Edif. 10, Apto. 24, reparto Nuevo Mariel, Mariel), encargado de almacén de la cadena de tiendas TRD.
Pero ahora van a pagar el sobrecumplimiento del trabajo del año pasado —apunta Julio César— «y me comentan que a mí no me toca por (…) la sanción que me pusieron (…). Creo que es una injusticia que se me vuelva a sancionar por algo que ya pasó y, (…) es el trabajo de todo un año».
Para el trabajador no resulta lógico que la falta cometida en un mes específico le afecte la posibilidad de recibir esta ganancia por las labores de 12 meses. Aun cuando se estuviese actuando conforme a lo legal, ¿se le explicó a Julio César al sancionarlo las repercusiones posteriores que podría tener su falta? ¿Qué tiene que decir la entidad al respecto?
María P. Fernández no solo escribe a nombre propio, sino representando a los vecinos de avenida 91, No. 5213 interior, entre 52 y 54, Güines, quienes han elevado su queja a diversas instancias y organismos infructuosamente.
Cuenta María que viven en la ciudadela, compuesta por cinco apartamentos, niños, ancianos, personas encamadas… todos expuestos a la contaminación de tres fosas vertiendo desechos sólidos residuales; una de ellas, incluso, en peligro de derrumbe.
Esta situación se ha mantenido por más de cinco años —evoca la remitente— y la respuesta más repetida, tanto desde entidades del Gobierno como de Vivienda en el territorio, ha sido que no hay recursos para acometer las labores de alcantarillado en la calle correspondiente.
«El carro-fosa viene cuando se reporta, se paga, o cuando no está roto; se debe limpiar cada dos días, cosa que no podemos porque el salario se nos va en esto», se duele la mayabequense.
También a nombre de un colectivo escribe el camagüeyano Erisdel Juviel Morell, presidente del Consejo de vecinos del Edif. E 14-2, ubicado en calle B, entre 1ra. y 2da., Microdistrito Guáimaro. Narra Erisdel que desde 2011 comenzó la rehabilitación del inmueble y las direcciones de Vivienda y Acueducto en el municipio no se ponen de acuerdo en la terminación de la obra.
«La mala ejecución de los organismos implicados en la culminación del trabajo solo ha traído disgusto entre los vecinos, por el insuficiente desempeño de las tareas asignadas. Existen actualmente tupiciones en las tuberías fluviales debido al mal trabajo que se realizó en la azotea; la pintura aún no se ha terminado y la que se aplicó ya no sirve; en la misma situación están las conexiones de las redes hidráulicas. (…) Se han hecho gestiones con los organismos implicados y no ha habido respuesta alguna», refiere el agramontino.
¿Cuántos chequeos de esta obra se han llevado a cabo e informado sus resultados a los vecinos? ¿Qué participación tienen los habitantes del inmueble en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones constructivas? ¿Por qué, en este y en otros tantos casos similares, nos seguimos dando el lujo de la ineficiencia, con tanto que el país debe optimizar recursos y tiempo?
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