Acuse de recibo
Gravísima. Así califica Javier Suárez Ramil la situación higiénica que enfrentan él y su familia en Oscar Lunar No. 166, entre Camilo Cienfuegos y Coyula, Regla, La Habana. Como tantos casos que aquí recalan, se trata de una tupición en la fosa del inmueble, que lleva meses reportada a las instancias pertinentes.
Cuando llueve, afirma el remitente, es alarmante «el desborde por toda la casa de aguas albañales, con las consecuencias que esto implica para la salud de los que habitamos en ella, sobre todo para mi hija, la cual padece de varios tipos de alergias, y para nosotros también, porque las aguas negras literalmente inundan la casa desde la cocina hasta el portal».
«Desde enero de 2016 hice la solicitud correspondiente en el Acueducto Municipal de Regla y hasta la fecha no han enviado el carro que realiza la limpieza de las fosas. A pesar de numerosas visitas al Acueducto y de plantear una y mil veces el problema, de llamar por teléfono a esa entidad prácticamente todos los días, de comunicarlo al delegado de mi circunscripción, de que se haya planteado en la asamblea de rendición de cuenta (…), han pasado cinco meses y la situación se mantiene», señala el capitalino.
¿Habrá que esperar a que alguno de los que habitan en la casa contraiga una enfermedad?, pregunta con desconcierto.
Tal es el nombre del medicamento que le es imprescindible a Lourdes Pérez Melen (Víctor Martínez No. 126, Manicaragua, Villa Clara) para su tratamiento en la piel. Pero sucede que este se halla en falta y la villaclareña acude a la red humana que otras veces desde nuestra columna ha dado ayuda ante asuntos de esta índole.
Quien quiera comunicarse con ella solidariamente puede hacerlo al correo elba@nauta.cu o a la dirección postal antes mencionada.
Desde Flor Crombet No. 125, entre Frank País y Pelayo Cuervo, Baracoa, Guantánamo, nos escriben Yalina Rodríguez Silot y Gustavo Antonio Escalona Guzmán, para plantear dos preocupaciones.
Hace dos meses la guantanamera tiene en sus manos la respuesta de la Dirección Provincial de Planificación Física en torno a las ilegalidades y afectaciones que provocan los vecinos colindantes a la propiedad de su hijo menor de edad, y a otros tres hogares de la zona.
Pero las indicaciones, «que fueron dadas por el director de la mencionada entidad a la directora en Baracoa», no han surtido el efecto que debieran; los problemas continúan «y hoy se incrementan, hay un silencio total y la mayor impunidad sobre los violadores», apunta la remitente.
Si como ella narra, la institución provincial dictó normativas para que cesaran las irregularidades, lo que resta es que las otras entidades encargadas hagan cumplir la Ley. Lo demás, ya sabemos, es el caos.
De similar cariz es la preocupación que narra Gustavo. Él tiene en su poder «la sentencia firme del Tribunal Popular Provincial de Guantánamo en un proceso civil de suspensión de obra nueva, la que ejecutamos palabra por palabra. «Ahora, a petición de la otra parte, un juez en Baracoa me indica, a través de un acta, que debo ejecutar más acciones que las descritas en la sentencia firme, y me amenaza con que de no cumplirlas incurro en el delito de desobediencia. (…) Consulté con mi abogada en Guantánamo y me explica que eso es ilegal e inconstitucional, lo que me pone en el borde jurídico. ¿A quién debo obedecer?».
Aunque la misiva pudiera ahondar en muchos más detalles y explicaciones, de acuerdo con lo narrado por el remitente hay evidentes incongruencias en los procedimientos. ¿Qué pueden esclarecer al respecto las instituciones legales implicadas?
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