Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Acostumbrado a recibir denuncias de ciudadanos sobre el proceder de instituciones estatales con ellos, se asombra uno cuando llega una queja en nombre de una entidad, acerca del incumplimiento de otra. Las personas jurídicas también son víctimas y responsables de la ineficiencia y el irrespeto.

Me escribe Arquímides Milán Bustamante (Maloja No. 157, apto. 11, entre San Nicolás y Manrique, Centro Habana, La Habana), quien es técnico de la Unidad Básica de Comercio del municipio capitalino de Playa, la cual arrienda locales a personas para ejercer su negocio como trabajadores por cuenta propia. Es él quien tramita todo lo concerniente a los servicios de electricidad, agua, gas y teléfono, que los privados deben pagarle al Estado en ese territorio.

Precisa Arquímides que en enero pasado solicitó a las oficinas de Aguas de La Habana, sitas en calle 110 A esquina a 5ta. B, en  Playa, la ampliación de la acometida de agua para un local arrendado, que se encuentra en calle 31 No. 3005, entre 30 y 34, en ese mismo municipio.

Después de esperar más de dos meses, y al no recibir noticia alguna de Aguas (¿por qué razón?), él se personó en dichas oficinas. Y entonces le notificaron que ya estaba la factura desde el día 12 de febrero, pero que no se habían podido comunicar con Comercio (¿por qué razón?).

Para colmo, al revisar la factura, Arquímides detectó que no era lo que habían solicitado, sino que estaba hecha para otro servicio. Le preguntó a la especialista comercial, y ella le respondió que las compañeras de Comercio que visitaron el lugar así lo dispusieron. Arquímides le manifestó que iba a consultarlo con la persona que iba a pagar el trabajo.

Así lo hizo, y la persona que iba a arrendar el local dijo que estaba bien y le entregó la suma de 31 CUC y  1 132.91 CUP, para pagar la factura por el nuevo servicio. El 29 de marzo se depositó en la caja de dichas oficinas esa cantidad en efectivo, y el solicitante preguntó cuánto tiempo tendría que esperar para que instalaran el servicio, a lo cual señaló la especialista comercial que el plazo es de 60 días.

Ocho días después de vencido el plazo, el 7 junio, Arquímides se personó en la oficina de la especialista comercial y le presentó una reclamación por parte de la Unidad Básica de Comercio. La especialista aseguró que lo  informaría.

Ya cansado de esperar y de hacer esperar al trabajador por cuenta propia, Arquímides se presentó el pasado 22 de junio en la sede central de Aguas de La Habana, en Palatino. Y allí se entrevistó con la Subdirectora de Facturación, quien le aseguró que haría lo que estuviera en sus manos para resolver el problema, que la llamara el lunes 27 de junio (¿no explicó el porqué de la tardanza?).

Arquímides la llamó el día 27, pero no pudo comunicar. Al siguiente día logró comunicar y no había nada resuelto (¿por qué?). Y el 6 de julio pasado, cuando Arquímides me escribió, todo continuaba igual (sin explicaciones seguía el técnico, ¿y qué le iba a decir al solicitante?).

El remitente hace preguntas que merecen respuestas sinceras y transparentes, sin excusas ni pretextos: «¿Por qué una entidad como Aguas de La Habana, con tantos recursos y prestigio, cobra por adelantado y no cumple? ¿Y si fuera al contrario?».

Agradezco la queja de Arquímides, que es quien está dando la cara al solicitante. ¿Por qué la dirección de la Unidad Básica de Comercio no utiliza los mecanismos legales creados para reclamar a Aguas de La Habana? ¿Cuánto ha tenido que esperar el solicitante, que pagó de antemano los servicios de esa empresa?

Al final, esta increíble historia es una muestra de cómo con dilaciones burocráticas, puede también entorpecerse el avance de las nuevas formas de gestión no estatales. ¡Qué mal precedente para el que se estrena!