Acuse de recibo
Rafael Martínez Silva (calle 20, No. 6308, entre 63 y 65, Nueva Gerona, Isla de la Juventud) labora en la Agencia de Seguridad y Protección (Agesp) del Ministerio de Transporte en ese territorio, y refiere la inquietud por un documento que les llegó en abril de 2016, titulado Percápitas aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) para los trabajadores con regímenes de trabajo de 12 horas y de 24 horas.
El documento, firmado por Sonia I. García, directora de Planificación Financiera del Ministerio de Transporte, informaba que la cifra aprobada para alimentación en los per cápita modificados por el MEP, y para los que se aprobó el Plan, son: 0.75 CUC para los regímenes de trabajo de 12 horas, y 1.50 CUC para los de 24 horas.
Esto, señala Rafael, representa un importe inferior a lo propuesto en el Plan 2016, en el cual se había planificado 0.90 CUC para los de 12 horas, y 1.80 para los de 24. Y representa, agrega, una disminución en el importe que reciben los trabajadores por el concepto de alimentación, de 2.25 CUC en los meses en que se trabajan 15 días; y 2.40 CUC en los meses en que se trabaja 16 días.
Afirma Rafael que desde el primer momento están reclamando a la administración de la Agencia, que se les dé a conocer la citada Resolución del Ministerio de Economía y Planificación que establece esa disminución del per cápita, y hasta ahora no se les ha mostrado. Han planteado su inquietud a la Dirección de la Agencia, al secretario general de la Sección Sindical, al secretario del núcleo del Partido y al Sindicato de Transporte en el territorio.
«Y hasta el momento —dice— la respuesta es que ya han elevado un documento al organismo superior, pero continuamos desconociendo el documento legal del MEP que modifica las cuantías. Tampoco se ha sido suficientemente explícito para dar a entender a los trabajadores las causas que propiciaron al MEP tomar tal decisión. Además, según el documento y la práctica misma, esta disminución del per cápita de la alimentación solo afecta a las empresas y organismos pertenecientes al Ministerio de Transporte.
«Hemos indagado y ninguna otra Empresa o agencia de seguridad y protección de otro ministerio u organismo ha sido afectada en cuanto a esta disminución del per cápita de la alimentación que deben recibir los trabajadores directos al servicio», concluye.
La inquietud merece esclarecimiento, pues aun cuando la disminución del per cápita estuviera fundamentada, cualquier medida que de una u otra manera afecte económicamente a los trabajadores, debe argumentarse y consensuarse con ellos, con tratamiento político. Un documento firmado, sin explicaciones, no basta.
Iraida Rodríguez Espinosa narra los agobios de los pobladores del batey Armonía, a diez kilómetros de la ciudad villaclareña de Sagua la Grande, «de los que nadie se conduele en lo absoluto», enfatiza.
Considera que la atención del Gobierno municipal no es la mejor, y reflejo de ello son las escasas visitas que realiza allí el delegado del Poder Popular, que, por demás, es residente en la ciudad.
El consultorio médico no posee las condiciones óptimas, pero cuando las tuvo, pocas veces permaneció un médico allí a tiempo completo. «Rara vez viene uno a dar consulta unas horas —señala—, por lo que la mayoría de las veces nos vemos obligados a viajar varios kilómetros para recibir atención, a través de un terraplén en muy malas condiciones y en un camión que rinde viaje Sagua-Uvero dos veces al día y con bastante irregularidad».
Solo cuentan con un círculo social, apunta, con una oferta muy pobre, sin posibilidades de adquirir productos y alimentos, por lo cual tienen que viajar a la ciudad. El alumbrado público es casi nulo.
«Nos sentimos olvidados, y no vemos a lo lejos del camino la luz que nos alegre la vida y nos la haga más confortable. Somos una comunidad de personas revolucionarias y familias trabajadoras que solo pedimos un poco más de atención», manifiesta.
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