Vacío legal

José Eduardo Valle Rodríguez (kilómetro 31½, Carretera a Luis Lazo, Sumidero, Minas de Matahambre, Pinar del Río) sufre la intrusión de animales ajenos en sus sembradíos.

Aunque labora en la Empresa del Tabaco Minas de Matahambre, heredó las tierras de su padre y tiene varios cultivos en ellas, las que están rodeadas por una comunidad poblacional, cuyos residentes crían cerdos y gallinas, y los dejan sueltos, o los pastorean incluso, causándole daños a sus cultivos. Hace poco un rebaño de cerdos intrusos le destruyó totalmente un sembrado de yuca.

Otros campesinos sufren esas agresiones y enfrentan el problema tomando la justicia por sus manos. Pero él se niega a esa salida. Hizo gestiones con el presidente de la cooperativa de crédito y servicios de la cual es socio; el jurídico y el jefe del grupo de Inspectores de la Delegación Municipal de la Agricultura; una inspectora integral de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) municipal; el responsable del Bufete Colectivo; la registradora del Registro Pecuario y el jefe de Sector y el auxiliar de la PNR en Sumidero.

«La Policía no resuelve el problema —dice—, ni por la vía de verlo como una indisciplina social, a pesar de que la función de toda policía en el mundo es preservar el orden y la disciplina». Y fueron infructuosos los otros intentos. La razón principal es que la irrupción de cerdos y aves de corral en tierras ajenas no está prevista en ningún decreto o cuerpo legal de la PNR, el Ministerio de la Agricultura, Registro Pecuario, o la inspección gubernamental.

Ninguno de los organismos mencionados, acota, tiene algún decreto o reglamento que disponga multar por el pastoreo y daños de esos animales en las zonas rurales. La respuesta siempre es la misma: Hay un vacío legal. Y si la Ley no lo establece, no pueden aplicar lo que no está legislado.

La única solución, apunta, es llevarlo a proceso civil, pero no es la más factible, dado lo engorrosa y demorada que resulta. El responsable del Bufete Colectivo le explicó que hay un «bache» legal, y le argumentó que un proceso civil requiere de muchos argumentos y evidencias para ganarlo. Y mientras se reúnen todas las pruebas, los animales acaban con los sembrados...

Como les sucede a otros campesinos, José Eduardo supone que esos vacíos legales están condicionando conflictos e impunidades dolosos para quienes trabajan la tierra en todo el país. Y solicita explicaciones por ello.

Reclamos sin respuestas

Alain Labaut Ruiz (Llanos de Maceira s/n, El Cristo, Santiago de Cuba) labora en el centro productivo Santiago de Cuba, de la UEB Oriente, adscrita a la Empresa de Sistemas Automatizados (Alimatic) del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal). Y cuenta que el 16 de marzo pasado su colectivo redactó un documento de inconformidad por la mala aplicación del pago por rendimiento a los trabajadores.

El mismo se presentó a las principales autoridades de la provincia, la CTC en Santiago de Cuba y el Minal. Poco tiempo después recibieron la visita de dos compañeras de Finanzas y Precios en la provincia, que respondían a una tarea del Gobierno provincial. Ellas dijeron que enviarían al presidente de Gobierno un informe, explicándolo. Pero después de aquella, no han recibido respuesta de ninguna otra institución a las que enviaron copia.

«Nadie nunca dio una respuesta —añade—; y aunque se resolvió algo, nadie dio la cara. A no ser dos compañeros de la CTC provincial, que llegaron hasta nosotros a aconsejarnos que hiciéramos lo que ya habíamos hecho».

Alain insiste: «¿Por qué los gastos en que incurren los trabajadores indirectos son asumidos en su totalidad por los trabajadores directos? ¿Por qué se viola lo establecido, ignorando y desoyéndose la opinión de la sección sindical del centro? El remitente se pregunta por qué se aplicaron modificaciones recogidas en la Resolución 6 a partir del mes de enero cuando a nivel nacional, en los medios de comunicación, se orientó que se aplicaran a partir del 1ro. de abril de 2016.

«¿Por qué la Dirección de la UEB Alimatic Oriente se sobregira en gastos administrativos que, para la confección del sistema de pago, hará asumir a los trabajadores productivos? ¿Por qué un trabajador que es directo a la producción devenga un salario menor que el trabajador que no lo es, perteneciendo ambos al mismo grupo y escala salarial?»

Solo me queda seguir esperando a que a alguien le interese dar respuestas ciertas y convincentes, concluye Alain.

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