Hasta que se apruebe la nueva ley

Tiene un drama, y no precisamente para escena, el actor Fernando Miguel Gómez López (edificio 8R, Apto. 5, reparto Armando Mestre, Trinidad), egresado de la escuela profesional de Arte Samuel Feijóo, de Villa Clara, y director del proyecto Dador Teatro, del Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Sancti Spíritus.

Narra que en marzo de 2015 fue sometido a un proceso de evaluación profesional junto a tres actores más, incluida su esposa, por un jurado integrado por Roberto Orihuela, Olga Jiménez y Ayan Alfonso, el cual acordó concederles la entrada al sector, con tránsito acelerado al primer nivel.

Y tras varios meses de espera sin noticias de la aprobación o no por parte de la Comisión de La Habana, se les informó en agosto por Noel Bonilla, jefe del departamento de Desarrollo Artístico en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que ese proceso, al igual que otros en el país, estaba detenido hasta el 30 de septiembre de 2015, a la espera de nuevas leyes.

Al arribar a la fecha señalada, Fernando Miguel se comunicó con Bonilla, quien le dijo que aún no se había emitido ley alguna y, por lo tanto, el proceso continuaba detenido. Entonces fue a la Dirección del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Y allí le reiteraron que los documentos estaban detenidos y engavetados en espera de la ley.

El pasado 10 de marzo, al cumplirse un año, él envió al Ministerio de Cultura una carta explicando la situación y solicitando esclarecimiento. Y al mes se comunicó con Bonilla, quien le dijo que tenía en sus manos la carta que él había enviado al Ministerio, y se le había pedido rendir cuentas de ello.

Le explicó Bonilla que la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénica estaba en plena disposición de ayudar dentro de lo legal, pero que no se había emitido todavía la famosa ley nueva para las evaluaciones, y la solución se les escapaba de las manos.

En respuesta a una carta de Fernando Miguel al Consejo de Estado y con copias al Gobierno, al Partido y a Cultura en Trinidad y Sancti Spíritus, el pasado 28 de junio él fue citado a un despacho con el vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus, la subdirectora de Enseñanza Artística en la provincia y el vicepresidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

En el encuentro se acordó que la Dirección Provincial de Cultura debía enviar una carta al Ministro de Cultura, solicitando el esclarecimiento del caso. «Y también que yo debía presentar reclamación jurídica al Órgano de Justicia Laboral de Base...

«Por eso —señala— me decidí a escribirle a la Fiscalía General de la República en Sancti Spíritus, el 1ro. de septiembre de 2016, para que se revise la aplicación de las leyes vigentes para estos casos, la cual está en proceso de investigación hasta la fecha».

En julio pasado él presentó reclamación ante el Órgano de Justicia Laboral de Base, el cual no ha emitido fallo alguno hasta la fecha.

«¿Por qué luego de aguardar seis años para evaluarme —pregunta—, ahora espero por la decisión de aprobar una nueva ley que se está discutiendo hace cuatro años y diez meses sin tener la más mínima culpa, al cabo ya de un año y cuatro meses? ¿Es justo que se juegue con el salario de los artistas y sus evaluaciones y que no se emita una respuesta por parte de las autoridades competentes sobre lo ocurrido?

«¿Por qué no se nos aplica la ley que está vigente si se conoce que hasta que no entre en vigor una nueva ley hay que aplicar la antigua? ¿Qué pasará con el dinero que no se nos ha pagado desde la fecha hasta hoy?

«Lo cierto es que ya ha pasado el tiempo y no se tiene en cuenta que, “sin querer”, 360 actores y alrededor de 700 músicos en el país están a la espera de mejorar sus ingresos monetarios, dentro de los cuales estamos incluidos.

«Me están afectando doblemente, puesto que no puedo disponer del dinero que se le paga por cargo a un director de teatro hasta tener dicha evaluación. Ruego encarecidamente que se atienda mi problema, no solo por mi bienestar, sino por las demás personas que están afectadas en el país por esta misma situación, la cual catalogo como injusta», concluye Fernando Miguel.

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