Acuse de recibo
José Manuel Barba Cartaya (calle H No. 508 A, entre 28 y 29, Cojímar, La Habana) fue beneficiado con un subsidio estatal en octubre de 2013, para erigir una célula básica, por un incendio en su casa a causa de un cortocircuito.
Y lo que es política solidaria del Estado para con ciudadanos que son casos sociales, se contradice con una decisión que dificulta esa ayuda: a partir del 1ro. de noviembre, los beneficiarios de subsidios para construir o reparar viviendas en Cojímar, deben adquirir los materiales en los rastros correspondientes del reparto Alamar.
Los necesitados del subsidio no saben de dónde vino la decisión, y tampoco en el rastro de Cojímar supieron darle más información o fundamento acerca de la misma.
«¿A quiénes se les ocurrió?», cuestiona él, arguyendo que los subsidios se otorgan a personas de bajos recursos, en muchos casos ancianos, que ahorran el dinero de la transportación; o que no pueden transportarlos a largas distancias.
«Si hay que ir a Alamar a comprar los materiales desde Cojímar, por ejemplo, usted está obligado para siempre a ir a un rastro de allá, virar para la Villa Panamericana al Banco y al otro día salir para Alamar a buscar lo que compró. Agréguele a esto que se gastaría el doble por transportación, y hasta el triple, señala.
«Y si tiene que cargar seis metros cúbicos de arena en una carreta donde solo caben dos, tiene que ir a Alamar tres veces, y pagar el doble tres veces, por no poder comprar en Cojímar.
«Además, ¿se estudió dónde existe la mayor concentración de subsidios otorgados como células básicas, que son los que más viajes tienen que dar? Me parece que en Alamar no hay tantos como en Cojímar».
Al intentar explicarse el origen de la medida, Barba supone que sea para mejorar el control sobre la venta de materiales y evitar el desvío, pues, en su criterio, «el enriquecimiento ilícito pasta en los patios de los rastros: el negocio es «a la cara» y no se miden para proponer las cabillas a cien pesos cada una, o despachar en sacos la medida que les dé la gana; o que el camión de los bloques esté vendido antes de llegar al rastro y vaya directo a un destino ya predeterminado».
No le parece acertada la decisión, porque, en su opinión, el saldo no debía ser perjudicar al subsidiado, sino descubrir la maraña que afecta a este y ayudarlo a resolver su problema, luego de que ha sido beneficiado por el Estado cubano.
Mireya McNally Sarría (Avenida 42, entre 7 y 9, Cienfuegos) es una abuela muy preocupada porque su nieto de un año y diez meses tenga que pagar con su salud los laberintos y dilaciones burocráticos.
Relata la señora que el pequeño desde que nació ha tenido problemas de bajo peso. Y por ello tiene dieta especial de carne. En consecuencia, la pediatra decidió otorgarle el suplemento de alimentación.
Para ello, añade, comenzaron los trámites con los trabajadores sociales, quienes visitaron su hogar. Entonces Mireya preguntó cuándo el niño recibiría ese alimento, y dijeron que demoraba de dos a tres meses. En consecuencia estarían recibiendo el suplemento desde septiembre en la bodega donde compran. «Pero no ha sido así —afirma—; llegó octubre y vuelve a pasar lo mismo: Mi nieto aún no está en el listado».
Mireya fue el 17 de octubre al Gobierno provincial y le orientaron que fuera a la Dirección de Trabajadores Sociales, que allí debían darle una respuesta. Al final, le dijeron que su nieto no aparecería en el listado hasta diciembre.
La abuela afirma: «No encontrando respuesta adecuada, me dirijo a ustedes, para ver si con esta carta alguien toma conciencia de la falta de organización que hay en la Dirección Provincial de Trabajadores Sociales de Cienfuegos; y si se toma alguna medida con los directivos de esa entidad. ¿Por qué mi nieto debe pagar por el mal trabajo de otros para poder recibir y adquirir un suplemento alimentario indicado por su pediatra?».
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