Acuse de recibo
Esta columna nunca se cansará de condenar la hiperdecibelia y defender la paz de los oídos, como es el caso que hoy nos remite Rolando Páez, residente en Santa Catalina 819, entre Vento y San Juan Bosco, en la capital.
Relata el remitente que en Vento, casi en la esquina a Santa Catalina, se encuentra un sistema de alojamiento con el nombre de Hotel Vento, en el cual han colocado mesas en el área del parqueo y lo han convertido en centro recreativo. Ha pasado por diversas etapas: discoteca, bar, cafetería, y ahora es una sala de juegos con venta de bebidas alcohólicas.
El problema, para Rolando, es «la estruendosa música con la cual amenizan su ambiente, que hace insoportable la convivencia de los vecinos; no tienen hora ni nivel de volumen». Y ejemplifica con la noche del martes 1ro. de julio, cuando la música duró hasta las 6 y 30 de la mañana del siguiente día, «sin importar que las demás personas de los alrededores sean menores o ancianos, trabajen o estudien; en resumen, seres humanos que merecen respeto y tranquilidad en sus viviendas».
Rolando, quien no aclara si los vecinos han hecho gestión alguna en tal sentido, no entiende «cómo un ente estatal puede molestar y agredir impunemente a las personas que viven en sus cercanías, y no se hace cumplir la ley, no se nos proteje del maltrato de los que se creen impunes».
La ingeniera Lizandra Expósito Betancourt, quien labora en la empresa contratista general de obras de Varadero y vive en calle 12 No. 329-A, entre Pasaje D y Vía Rápida, en la localidad de Santa Marta, contigua al balneario turístico, necesita construir por sus propios medios, y se lo prohíben.
Y cuenta que, como reside en casa de sus padres, en condiciones que le impiden crear su propia familia, aquellos, desde 2012, llevan tramitando una licencia para que pueda ampliar sobre la placa de la vivienda. Pero les han dicho que está paralizado el otorgamiento de licencias de construcción o ampliación, por ser Santa Marta un corredor turístico.
Lizandra connota: «Veo día a día, al transitar por mi localidad, construcciones que otros hacen, y me pregunto: ¿Acaso existen excepciones? Si existe un proceso de paralización, ¿por qué hay unos construyendo y otros no pueden? ¿Por qué a las ampliaciones también se les paralizó el proceso de otorgamiento de licencias? Yo no voy a construir en un nuevo terreno del Estado; mi ampliación es en una propiedad legalizada, solo estoy pidiendo construir en planta alta. ¿Por qué no?».
Camilo Giraldo Rodríguez Aguilar (calle 73 No. 3, entre 76 y 80, reparto Vietnam, Jobabo, Las Tunas) vierte inquietudes sobre el funcionamiento de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas.
Refiere que, al menos en su territorio, esa entidad solo compra determinados envases de cristal, pero existe otro tipo de botellas, pomos de medicamentos y de hipoclorito que no se recuperan, ni tampoco se recogen por los CDR.
«¿Qué le costará más al Estado, dice, producir esos envases o sanear los ya usados y recuperarlos?».
Con gusto cedemos espacio a la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, para que esclarezca esa duda, que puede ser la de muchos ciudadanos.
Jorge Luis Nápoles Cardoso es trabajador del polo turístico Cayo Largo del Sur, donde se labora en un régimen de 20 días, albergado allí, y se descansa diez.
Su inquietud radica en que en la sucursal de Bandec en el Cayo no se pueden realizar operaciones de cambio de CUC por CUP. Y muchas veces, los trabajadores del turismo necesitan enviar un giro a sus familias o pasar una transferencia bancaria. No lo pueden hacer.
«Hay trabajadores que no tienen CUP hasta el día en que cobran su salario, refiere, pero sí tienen CUC. Y realizando el cambio en el banco resolverían ese problema. No entiendo por qué, si en todos los bancos del país se realizan estas operaciones, en esta sucursal no se pueden realizar».
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