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Lo que fue... ya no es

«Esperanzado de encontrarle solución al abismo burocrático en el que estoy sumido desde hace varios años», escribe Eugenio Yapur Carralero. Y reveló su historia, para ver si se esclarece.

A Yapur en el 2000 le asignaron legalmente un solar yermo, del cual había hecho dejación el Ministerio de la Agricultura a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) en Arroyo Naranjo. Tiempo después, Yapur comenzó a construir su vivienda con esfuerzo propio, motivo por el cual la misma DMV le impuso dos multas.

Al final fue incluido en un proceso de convalidación, y cumplió los requisitos establecidos. En ese proceso tuvo que asistir a varias citaciones en la DMV y en el Consejo Popular Calvario-Fraternidad. Ya después se inició la «tarea técnica»: Lo visitaron, le dieron instrucciones, entre estas que podría ser ayudado con materiales de la construcción en dependencia del avance de la obra.

Yapur esperó bastante tiempo sin respuesta alguna. Y la madre de su hija pequeña partió a cumplir misión en el exterior. Él asumió la guarda y cuidado de la niña, lo que le imposibilitó iniciar la obra. Y como el terreno era de su propiedad, pensó que no tendría problemas.

Seis años pasaron para retomar el proyecto. Lo primero que hizo fue cercar su solar y acondicionarlo. Pero la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) lo multó y le informó que ese terreno era «propiedad estatal». Sería asignado a otra persona. Con su documentación, fue a la DMV, donde le informaron entonces que todo se había tramitado incorrectamente: «Y, como era de esperar, el expediente de convalidación no fue hallado», apunta.

Ahí comenzó otro capítulo. Hace unos dos años se entrevistó con Héctor H. Ávila del Pino, entonces director de la DMPF, quien prometió hacer lo posible por esclarecer el asunto, y se quedó con una copia de la documentación que atestigua su propiedad sobre el terreno. «Esta es la fecha que no he resuelto nada, a pesar de realizar numerosas visitas a la DMPF», afirma.

Ávila le había recomendado hacer una reclamación en el Consejo de la Administración Municipal (CAM), pues una comisión había tratado el tema. Y le confirmó que el 16 de enero de 2015 su caso había sido aprobado en el municipio, y remitido a la provincia.

Yapur solicitó entrevista con el presidente del CAM, Mariano Gregorich, en la cual Ávila informó las acciones que se estaban realizando y enfatizó en la demora que ello conlleva, por la complejidad que entrañaba.

El tiempo pasaba y nada pasaba para Yapur. Insistió en otra entrevista con el presidente del CAM. En esta estuvo la subdirectora de la DMPF, quien dijo estar ajena al caso, pero prometió interesarse. Lo citó para el lunes siguiente. Él fue, y ella no estaba. Un funcionario allí le dijo que tal situación debía ventilarla con el director. Yapur fue el día en que el director atiende al público, y no estaba.

A la siguiente semana se encontró con la subdirectora de la DMPF, quien le dijo que «ella sí es competente para resolver mi caso, y debí haber insistido en verla; que ni el director ni ella ni nadie podía resolver mi problema, argumentando su razón con dos frases que he oído cientos de veces: El desconocimiento de lo regulado en la Ley no me exime de responsabilidad. Y hasta que no se pruebe lo contrario, el terreno es propiedad del Estado, y estaba asignado a un tal Ramoncito».

Yapur está viviendo al amparo de su hermana, en calle José Martí No. 3, entre Calzada de Managua y Primero de Mayo, en el Reparto Eléctrico, municipio capitalino de Arroyo Naranjo. Y concluye:

«Me volví a encontrar en una encrucijada con barreras humanas, funcionarios que aplican la teoría del menor esfuerzo. No dan una respuesta oficial que dé un fallo en mi caso. Las personas con que traté casi ninguna están en su puesto de trabajo. Lo que ayer se hizo de forma legal, hoy no lo es; siento que estoy en un círculo vicioso...».

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