La ley y ¿el desorden?

No puede imperar la legalidad donde deja de imponerse la ley, y con esta el orden. No es la primera vez que lo advertimos en esta columna, pero lo demuestra nuevamente la historia de Rebeca Otilia Peláez Martínez y Delfolgirio Ramos Martínez, residentes en Estrada Palma, número 55, entre Amenidad y Santo Domingo, Guanabacoa, La Habana.

Ambos hermanos dicen estar a merced de la falta de acción de las direcciones municipales de Vivienda y Planificación Física del municipio San Miguel del Padrón, así como de otras autoridades de ese territorio.

Rebeca y Delfolgirio son herederos reconocidos de un terreno propiedad de su fallecida madre, situado en Parcela 14, Manzana 29, en las alturas de San Francisco de Paula en el citado municipio, y no han podido hacer valer su derecho.

Desde el año 2009, en que intentamos hacer valer nuestros derechos como propietarios no lo hemos podido lograr, explican, pues un ciudadano, actuando ilegalmente, construyó una vivienda en ese terreno y, a pesar de que la Dirección Municipal de la Vivienda, desde el año 2010 dictó tres resoluciones declarándolo ocupante ilegal, y disponiendo la demolición y extracción, ello no ha ocurrido.

Tampoco ocurrió pese a que el fallo fue ratificado por la sentencia 353, de 30 de septiembre de 2011, por la Sala Segunda del Tribunal Provincial de La Habana.

El colmo, relatan, es que solo la muerte sacó al primer ocupante ilegal, pero inmediatamente penetró otro, sin que nadie los ayude a imponer sus derechos.

«Después de haberse dictado estas resoluciones, durante años la Comisión de Gobierno de San Miguel del Padrón, encargada de ejecutarlas, no ha ejercido sus funciones, a pesar de conocer nuestro caso, discutirse este en determinado momento, y posteriormente caer en el olvido y la inacción negligente», apuntan.

Agregan que resulta frustrante y difícil de entender como, pese a existir las regulaciones, los funcionarios y las instituciones, con numerosos de los cuales dicen haber tenido reuniones o entrevistas, todo favorece al comisor ilegal, y solo va quedando para la víctima la violación de sus derechos, o lo que sería de peores desenlaces, la exigencia fuera de la ley.

Lo repudiable no es solo que las autoridades permitieran el incumplimiento de sus disposiciones, sino que estimularan a las víctimas a hacer justicia por «cuenta propia», sin medir las consecuencias.

«A pesar de que incluso algunas autoridades nos han recomendado actuar por nuestra cuenta y penetrar en nuestro terreno, no lo hemos querido hacer, pues respetamos la ley y, además, nuestro instinto nos dice que, quienes por años se han demorado en hacer respetar nuestro derecho, serán, inmediatamente, los primeros en castigarnos por ejecutar con nuestra mano lo que les corresponde a ellos como parte de su deber público», lamentan en su misiva.

A confesión de partes, relevo de pruebas… Es desvergonzado que quien ostente la autoridad de  respetables instituciones públicas del país, no solo  permita que sus disposiciones sean profanadas impunemente, sino que alimenten entre hermanos de esta tierra la ley del talión: el ojo por ojo, y el diente por diente.

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