¿Dónde estará el culpable?

El pasado 27 de enero, Aldo Moreno denunció, en nombre de más de cien familias de la Comunidad de la CTC, del reparto Rivas Fraga en la ciudad de Ciego de Ávila, que las declararan ilegales, cuando esa urbanización se erigió oficialmente entre 2006 y 2008.

En 2005, decía, la CTC otorgó el derecho a construir por esfuerzo propio a trabajadores destacados. Y en junio de 2006 estuvieron parcialmente listos los terrenos. Con esa demora, «nos ordenaron iniciar la construcción sin la documentación requerida por retrasos en el cronograma de ejecución»; lo cual, junto a otras violaciones, dilaciones e incompetencia de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, según refiere Aldo, provocaron que aún hoy no cuenten con el título de propiedad de sus viviendas.

Legalizarlas, añadía, enfrenta obstáculos, por la entrega arbitraria de los solares: aún con Derecho Perpetuo de Superficie (DPS) de un solar específico, daban otro alegando que luego se resolvería. Súmele la entrega de licencias de construcción sin estar registradas, pérdida y extravío de expedientes, morosidad y retrasos de todo tipo.

Ahora, acotaba, la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) plantea que la comunidad se construyó ilegalmente, y las casas aún pendientes de legalizar no podrán hacerlo, pues el Decreto 322 de la Ley General de la Vivienda no lo permite. ¿Qué «ilegalidad», acotaba, en una comunidad creada por el Estado, con redes eléctricas, acueducto y alcantarillado, vías y aceras? Recordó que ese programa se chequeaba a pie de obra por las autoridades provinciales, y que tributó entonces al plan de viviendas.

Respetamos el orden y la disciplina, añadía, pero estos se hacen cumplir en el lugar y momento precisos. «¿Por qué nadie detuvo las acciones constructivas cuando se llevaban a cabo? ¿Dónde estaba Planificación Física cuando todo ocurría?», alegaba, e insistía en que durante años han denunciado la situación sin que hubiera respuesta.

Responde Jorge Luis Santana, subdirector jurídico de la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), que desde 2013 el área jurídica de la DPV presta atención especial a la situación del denominado Plan CTC: casos seleccionados por situaciones habitacionales críticas, que en su momento el Consejo de la Administración Municipal priorizó.

Reconoce «el malestar creado a beneficiarios de tan merecido estímulo», y aclara que los errores datan de 2006 y 2007: algún funcionario les indicó ejecutar la obra mientras se tramitaba la documentación, lo que no estaba dentro de las facultades del mismo.

«Por demás, añade, se dilató en el tiempo, dando al traste con la ejecución total de las obras al margen de la Ley, quedando las mismas como construcciones sin formalidades legales que califican dentro de las ilegales que regula el Decreto 272 de 20 de febrero de 2001».

Y enumera las variantes de ilegalidad al respecto: construir con licencia de construcción sin otorgamiento de DPS o titularidad de dominio del suelo; construir en terreno sobre el que ostentaban condición de superficiario pero sin licencia de construcción, construir sin licencia de construcción ni titularidad del suelo. Construir con o sin licencia de construcción en terrenos por los que abonaron el precio del DPS sin que les tramitaran el otorgamiento de tal derecho mediante resolución de la DMV, construir en parcela distinta a la originalmente asignada y por la que pagaron el DPS, careciendo de título de dominio del suelo donde se erige la vivienda.

Afirma que quedan pendientes de legalizar 58 casos. Se le indicó a la Dirección Municipal de la Vivienda hacer un levantamiento de los mismos, los cuales se remitieron a la Dirección General de la Vivienda.

Y como cambiaron las facultades de distintos organismos, dice, se necesita hoy la participación de las Direcciones Municipales de la Vivienda y de Planificación Física, de Notaría, Registro de la Propiedad y el Banco Popular de Ahorro para lograr el título de propiedad.

Somos conscientes de la situación creada y asumimos nuestra responsabilidad, acota, pero hasta la fecha tal pronunciamiento de las autoridades administrativas no se ha producido. Y es una zona en la que el Gobierno se ha proyectado en urbanización, incluyendo para 2017 la continuidad de las inversiones. El asunto sigue siendo objeto de atención de esta Dirección, la que está dispuesta a mantener informados a los afectados.

Esperamos que en breve lapso se resuelva una vieja deuda con los afectados. ¿Quién pagará por tantas violaciones? ¿Dónde estará hoy ese «algún funcionario» o esos que formaron este arroz con mango? Falta poner los puntos sobre las íes...

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