Acuse de recibo
Daniel Fajardo Alemán, vicepresidente de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Camilo Cienfuegos, del municipio avileño de Chambas, denuncia en nombre de los 94 socios de esa CCS los incumplimientos para con ellos de la empresa pecuaria Chambas, que los atiende.
Relata Fajardo que esa cooperativa es productora de cultivos varios, y su rubro principal es el frijol. De este grano, tienen contratadas 250 hectáreas, con 6 000 quintales. Y de ellos, ya han entregado más de 5 500 quintales.
Sin embargo, señala, la empresa pecuaria Chambas, que los atiende, solo les ha proporcionado el 16 por ciento del combustible del paquete tecnológico correspondiente. Ellos comprenden el problema del país con el combustible, pero aducen que otras cooperativas atendidas por la misma empresa han recibido muchísimo más, algunas hasta el ciento por ciento.
Argumenta Fajardo que esa CCS fue en 2016 la mejor de la provincia en el Movimiento Político Productivo de la ANAP en el frijol. «¿Este es el premio?», esgrime, y plantea que el problema ha sido debatido en todas las asambleas generales de la cooperativa desde octubre de 2016. «Es de amplio conocimiento del director de la Empresa y del sistema de la Agricultura, con promesas de solución, pero sin nada concreto».
Refiere que la Empresa ya está situando combustible para la cosecha de maíz. Y cuestiona:
«¿Será que se olvidó por completo el de frijol? ¿De dónde salió el petróleo de la campaña? ¿No es más lógico que los recursos se dirijan a donde son mayores los rendimientos o al menos se repartan a partes iguales? ¿Puso el Grupo Nacional de Granos el combustible completo? ¿Por qué no llegó al campesino? ¿Cómo se le explica al campesino que cumple sus planes que no llegó su combustible cuando un vecino de otra CCS, otro municipio o atendido por otra empresa sí lo recibió completo?».
Orietta Magalys Torres Cañizares (calle Arias 9, entre Paz y 10 de Octubre, Vista Alegre, Holguín) es hija del colaborador Nicanor Torres Ochoa, quien falleciera el 3 de mayo de 2016 en el estado de Miranda, de la República Bolivariana de Venezuela, a consecuencia de un derrame cerebral.
Cuenta ella que la familia recibió el cuerpo del fallecido y una fotocopia de su certificación de defunción el 9 de mayo de 2016, por conducto del director de Colaboración Médica en Holguín. Inhumados los restos, intentaron iniciar el proceso de declaratoria de herederos, sin que hasta hoy lo hayan logrado.
Aún, señala, no cuentan con la certificación de defunción legalizada, que permita iniciar el proceso de declaratoria, pues la copia que poseen no surte efectos legales en Cuba.
El director de Colaboración Médica en Holguín los remitió vía telefónica a la asesora jurídica de Colaboración Médica Central del Ministerio de Salud Pública. Y esta les explicó amablemente que el certificado de defunción expedido en Venezuela había sido entregado por la Comisión Médica Central al Consulado cubano en Venezuela, para que allí se contactara con la autoridad que lo había emitido, y así certificar el documento para que surta efecto en Cuba.
Les explicó la asesora jurídica que una vez resuelto el trámite, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba se ocuparía de conciliar con el Registro Especial del Ministerio de Justicia de nuestro país, al cual ellos deberían solicitar el certificado de defunción. Y entonces, podrían iniciar el proceso de declaratoria de herederos.
«Es evidente, señala, que existe demora injustificada en el proceso; no concebimos que demore diez meses el trámite consistente en que un funcionario cubano obtenga un certificado de defunción en territorio extranjero, lo envíe a Cuba mediante valija diplomática y ya en territorio cubano se legalice».
Refiere Orietta que nadie les explica cuál de los dos organismos, Minsap o Minrex, es el responsable de dar una respuesta satisfactoria y solución al problema.
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