Acuse de recibo
Cuando falleció su madre, en 2006, Elio Florentino Pérez García (Ave. 77 No. 8429, Guanajay, Artemisa) hizo todos los trámites necesarios para legalizar la herencia de la finca Santa Natalia (21 ha), propiedad de su progenitora.
El campesino, miembro de la CCS José Francisco Costa Velázquez, entregó a las instancias de la Agricultura en el territorio los documentos que se solicitaban antes del término reglamentario de 90 días hábiles.
«Esto ocurrió cuando era la provincia de La Habana —apunta el remitente— y el expediente bajó de provincia con una distribución no acorde con la Ley de Reforma Agraria, por lo cual hice una apelación».
Pero en el proceso de cambio de distribución político-administrativa hacia la nueva Artemisa el expediente se extravió, por lo que hubo que iniciar uno nuevo, relata.
«Después de muchos trámites, tuve que ir en dos ocasiones al Ministerio de la Agricultura, porque en el municipio se decía que no sabían por dónde comenzar su confección. Asisto a la Delegación de la Agricultura municipal una o dos veces a la semana, y en dos ocasiones a la Delegación Provincial. Hasta esta fecha (la carta, fechada 19 de marzo, llegó a JR el 18 de abril), el expediente está archivado en Guanajay sin solución alguna. (…) Me encuentro de forma ilegal en mi propia finca», se duele el agricultor.
Por esta condición se le han generado problemas a Florentino Pérez para la venta al Estado de ganado mayor. Asimismo, «no puedo acceder a un crédito bancario para poder sembrar una parte del área (…) de caña de azúcar y la otra parte de frutales y cultivos varios», refiere.
¿Cómo, con la necesidad de producción agrícola que tiene el país, suceden dislates como este?
Desde 2008, por indicación del Consejo de Estado, le fue entregada a Daisy Cabeda Álvarez (Calle Cinía a Ciego de Ávila No. 63, entre 5 y 6, Morón), una parcela de 15 por cinco metros, «con el consentimiento de darle apoyo en materiales por parte del Poder Popular de Morón, cosa esta no cumplida», relatan en su misiva la misma Daisy y su esposo, Esteban Guzmán Maceda.
Con el paso del tiempo la situación de la mujer, enferma y madre de dos niñas, ha empeorado. Viven agregadas en un pequeño cuartico en la casa de su mamá, alrededor del cual existen varias fosas albañales. Encima de eso, su esposo se encuentra cumpliendo sanción en presidio, expresan los remitentes.
Aunque la misiva no aporta más detalles y referencias en torno al seguimiento del caso, es de preguntarse qué ha pasado si, como se cuenta, desde 2008 le debían brindar facilidad de materiales de construcción a la familia y aún no lo han hecho. ¿Qué pueden esclarecer las entidades del territorio?
«No moleste. No pregunte nada. No sabemos cuándo salen las guaguas». Así decía el irrespetuoso cartel que llegaron a colgar en la terminal de Santiago de las Vegas, según contó aquí el 25 de marzo último el mayabequense Eligio A. Álvarez González (Ave. 19 No. 2809, e/ 28 y 30, Quivicán). Mientras, en otras terminales como la del Cotorro, estaban a la vista pública los horarios de salida de todas las rutas. ¿Por qué este contraste?, preguntaba el lector.
Al respecto contesta José Julián Caballero Martínez, director general de la Empresa Provincial de Transporte La Habana (EPTH). Según expresa José Julián, la queja de Eligio se analizó en el Consejo de Dirección de la UEB Santiago de las Vegas, debido al incumplimiento de la norma ramal y otras disposiciones organizativas.
«En esta UEB se adoptaron medidas disciplinarias con la Jefa de Tráfico (democión del cargo) y con el Director (…), la separación definitiva del cargo. Se ubicaron los itinerarios de las rutas correspondientes (…) en un lugar visible para la población».
Termina la misiva, que agradezco, calificando la queja «con razón». Ojalá, apunto, los mecanismos de sistemático control de la EPTH garanticen que no vuelvan a ocurrir incidentes como este.
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