Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Sucedió el 16 de agosto de 2017. Eran tres inspectores de la Unión Eléctrica (UNE) y llegaron, entre los relojes contadores del edificio, hasta el de Dora Rodríguez (calle 14 No. 110, entre 1ra. y 3ra., Playa). «Quitaron el sello y detectaron que los cables de entrada de corriente (…) no estaban bien conectados, por lo que este no estaba registrando el consumo real», cuenta la capitalina.

Les explicó que no sabía nada de eso, que incluso los cables quedan tapados con un plástico, encima del cual se pone el sello y este último, como se observaba, no había sido violado. Pero los inspectores no entendieron razones. «Me pusieron una multa de 500 pesos y me notificaron que en tres días debía pagar una cifra ascendente a 22 535,65 pesos, y si no lo hacía me cortaban el servicio», recuerda Dora.

Reclamó entonces la mujer al Director de la UEB OBE del municipio de Playa. Explicó con detalles su inconformidad y los argumentos que le asistían. Tras 55 días hábiles, el 27 de octubre, recibió una respuesta. «En la resolución, el director, Yossee Norberto Leal Roque (…), reconocía que la conexión fue manipulada solo por el personal técnico que instaló la batería de contadores del edificio, que se encontraba todo sellado, correspondiendo con los demás sellos ubicados en la batería; informaba que la mala conexión había sido realizada por un operario llamado Cosme Damián Hidalgo, por lo que resolvían declarar “con lugar en parte” mi reclamación (…); me cancelaban la multa, pero sí debía pagar de forma retroactiva la energía dejada de facturar, según ellos equivalente a 22 535,65 CUP».

La habanera debía dirigirse a las oficinas de la UNE en 120 y 7ma., para llegar a un acuerdo sobre la forma de pago de la astronómica suma, precisaba el documento. Y advertía que de no hacerlo, le sería cortado el servicio. Encima se informaba que sobre la resolución de respuesta no cabía apelación judicial ni administrativa alguna, refiere la afectada.

Por supuesto que Dora y los suyos siguieron apelando a instancias superiores de la UNE. Se chequeó nuevamente el contador, lo cambiaron; inspeccionaron los equipos de la casa…

Pero el día 26 de diciembre, a las 9:30 a.m., la familia se dio cuenta de que no tenía fluido eléctrico. «La presidenta del CDR nos dijo que vio a los trabajadores de la UNE y les preguntó si nos habían llamado para comunicarnos el corte del servicio, a los que los operarios respondieron que no tenían que llamar a nadie», evoca la doliente. El caso aún estaba en investigaciones. 

De nuevo a batirse en reclamaciones hasta que accedieron a reinstalar el servicio. Y el día 27 de ese mes, le comunican a la familia «que debemos pagar 7 585,35 cup, en un período de tres meses; en un pago inicial la mitad del dinero, y dos meses después el resto. Le expliqué que no dispongo de esa suma (…), no tengo negocios de alquiler, ni paladar, ni ningún otro recurso, soy una persona jubilada»… Pero al parecer las razones de la capitalina cayeron en saco roto.

De ahí que, atribulada por el peso (o los muchos pesos) que debe sacar de no sabe dónde, ella se haga varias preguntas, que este redactor comparte: «¿Cómo es posible que en un país donde el Estado hace de todo para proteger a la población, existan leyes (o regulaciones) que sancionen a los ciudadanos sin haber cometido ninguna violación?». «¿Quién me garantiza que la mala conexión que hizo el operario (…) fue una equivocación y no un acto de mala fe, para después venir directamente a mi contador como lo hicieron los inspectores y ponerme a pagar un dinero que calcularon de forma dudosa, pues la diferencia cuando lo calcularon los compañeros de las instancias superiores es de alrededor de 15 000 CUP?». «¿Cómo puede un ciudadano que no tiene conocimientos de electricidad, saber si una conexión se hizo bien o mal (…) y preservarse de que le sucedan estas cosas, si incluso la mayoría de los contadores no están dentro de nuestras casas y cualquiera tiene acceso a ellos?». «¿Cómo una institución del Estado, que cometió un error técnico, puede sancionar a una ciudadana que no cometió ninguna violación, a pagar una suma de dinero que no está a su alcance?».        

La Unión Eléctrica tiene la palabra.