Acuse de recibo
Ciudadanos como Maricela Álvarez Vienes e Iván Gutiérrez carenan desesperados en esta y otras secciones homólogas de la prensa, porque no encuentran salida a sus problemas, ni tampoco una respuesta efectiva, o al menos una información del porqué, luego de haber agotado las gestiones.
Maricela reside en Carlos Manuel de Céspedes 28 (interior), entre San José y Maceo, en el poblado matancero de Manguito. Es una ciudadela de madera, con 113 años de construida, y fue afectada hace ocho años por el huracán Paloma, y declarada inhabitable por la técnica de construcción civil del municipio.
El caso no ha tenido solución, a pesar de que es conocido por las autoridades gubernamentales y políticas del municipio desde entonces y hasta hoy, según la remitente.
Y con el reciente paso de la tormenta Alberto, las condiciones se agravaron mucho más. «Estoy durmiendo en la sala por peligro de derrumbe», confiesa Maricela.
Desesperada, luego de dos meses del paso de Alberto, ella se dirigió al arquitecto de la comunidad que supuestamente atendería el caso, a rogarle de favor que lo hiciera. Él le había prometido varias veces que iría a su casa, y nunca fue. Al fin, luego de la visita de Maricela, lo hizo al día siguiente, y reportó la vivienda como inhabitable crítica.
«Aún no recibo respuesta, me escribía Maricela el 25 de agosto. Siento que mi problema no se tiene en cuenta. Y como vecina tengo a una compañera que está en las mismas condiciones, y con una niña operada del corazón.
«Actualmente vivo sola. Laboré como enfermera 35 años. Hace tres que fui operada de la columna vertebral por múltiples hernias. Dicho proceso no fue muy satisfactorio, me enfrento a varias complicaciones posoperatorias. Fui valorada por la comisión médica provincial y jubilada por enfermedad. Me siento sin salida. Estoy desesperada», concluye Maricela.
Iván Gutiérrez (Módulo 3, Los Flamboyanes, Apto. 42., Reparto Pastorita, Cienfuegos) cuenta que el paso de un huracán el pasado año por esa provincia afectó severamente la vivienda de su padre, Demetrio García Rodríguez, en Cayo Carenas, perteneciente al Consejo Popular CEN.
«Desde un inicio, resalta, se violaron todos los procedimientos para la defectación del inmueble, que debió ser realizada por un especialista. No obstante, alguien determinó que la afectación era “un parcial de techo”».
Citado a las oficinas de trámites de la Vivienda, Demetrio fue en compañía del hijo. Y allí fue notificado del tipo de afectación y de los materiales que le correspondían.
«Al escuchar el dictamen que emitió el supuesto técnico (quien nunca fue al lugar) y los materiales que se entregarían, se le explicó a los compañeros que la afectación no era esa y que había derrumbe de techos y paredes».
La respuesta fue que se presentaría a la reunión del Consejo Popular, y les darían respuesta. Después de la reunión les comunicaron que el presidente del Consejo no había cambiado nada y mantuvo el dictamen como estaba. Una vez más, los afectados alertaron que era una violación y la respuesta fue que no había solución, que cogieran los materiales que se les daban y resolvieran con eso.
Al final, «solo pudimos comprar las puntillas, y los demás materiales (de pésima calidad) no se pudieron adquirir porque nunca los había, hasta que un día le dijeron a Demetrio que ya no había más materiales».
Iván salió a cumplir misión de trabajo en el exterior, y a su retorno se encontró «un panorama aterrador»: se perdió toda la parte de la casa afectada y el techo restante estaba en mal estado.
«Hay que enviar de forma urgente un técnico para una evaluación del inmueble. Se tiene registro documental de cómo estaba y de cómo está. También estamos conscientes de las violaciones cometidas a todos los niveles, los malos procedimientos. Le mintieron al país al dictaminar sin verificar. Aún hoy nadie le ha dado seguimiento a ese damnificado», concluye el hijo, en defensa del padre.
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