Acuse de recibo
El pasado 21 de noviembre, y desde Caibarién, en la provincia de Villa Clara, Juan Mario Borges Pérez denunciaba aquí que tras una larga vida de trabajo, y luego de cumplir 65 años, solicitó oficialmente su jubilación el 20 de febrero, y aún no le había llegado por irresponsabilidades ajenas.
Borges contaba que tras laborar en otros sitios, en 2001 comenzó a trabajar en la Empresa Integral Agropecuaria de Caibarién, la cual dejó de existir en 2011, y él pasó a la Empresa Agropecuaria de Remedios —hoy unidad empresarial de base (UEB) Remedios—, hasta que en 2014 se integró a la unidad básica de producción cooperativa (UBPC) Liberación, de Caibarién.
Todo comenzó cuando en octubre de 2018 él pidió su expediente laboral en Recursos Humanos de la UBPC, para revisarlo con vistas a solicitar su jubilación cuando arribara a los 65 años. Y la técnica Aliuska Torna Rodríguez detectó un vacío de años trabajados entre 2001 y 2005.
Así, Borges se presentó ante el jefe de Recursos Humanos de la UEB Remedios, Orlando, quien, tras revisar su expediente, le solicitó que Aliuska lo llamara para decirle qué hacer en ese caso.
El 15 de noviembre el trabajador entregó a Aliuska el expediente, con las recomendaciones de Orlando. Y el 20 de febrero de 2019, cuando cumplió 65 años, hizo su solicitud oficial de jubilación. Fue cuando descubrió que Aliuska no había hecho nada, alegando que no había podido contactar con Orlando.
«Así ha sido en todos los meses hasta mayo pasado, cuando solicité reunión con el presidente de la UBPC, y que estuvieran presentes el sindicato y Aliuska, para ventilar el porqué de la demora y la vaga respuesta que me daba la compañera», expresaba, y añadía que al concluir esa reunión, el presidente de la UBPC le comunicó a Aliuska que tenía que solucionar el asunto, y presentar la jubilación del trabajador.
Pero cuando me escribió, Borges seguía esperando: «Creo que no estoy pidiendo un favor, decía, si no el derecho que da el Estado. Y la UBPC tiene que exigir a Aliuska para que yo pueda disfrutar mi jubilación. ¿Quién paga los meses que pierdo por demoras y negligencias?», concluía.
Al respecto, responde Elvis Martín Rodríguez, director de Economía de la Empresa Integral Agropecuaria de Villa Clara, que una comisión investigó los hechos y pudo comprobar que hubo demora en la presentación de la documentación para ese proceso de jubilación, por parte de Aliuska, y fue reconocido por ella, alegando «que le fue difícil buscar la documentación que le faltaba para completar los años de servicio, porque la Empresa Agropecuaria Caibarién fue extinguida hace varios años; y además presentó problemas de salud con su hijo menor».
Y añade Elvis que «Borges Pérez también tiene su nivel de responsabilidad, porque al momento de causar baja en la Empresa Agropecuaria Caibarién debía haber revisado su expediente, para percatarse de que estaban certificados los años de servicio, proceso que no realiza hasta octubre de 2018».
Aclara que Borges Pérez no ha sido afectado económicamente, pues ha permanecido como socio de la UBPC Liberación de Caibarién, y percibe sus ingresos. Y al momento de la investigación por parte de dicha comisión ya se había presentado el expediente en la filial municipal del INASS, el que fue procesado y revisado por la instancia provincial, con un cálculo de pensión de 1 904.68 pesos, el cual está listo para enviar a la instancia nacional para su aprobación definitiva.
«Por las irregularidades detectadas, precisa, se le propone a la junta directiva de la UBPC que sea analizada Aliuska Torna Rodríguez en la asamblea general de socios, y se adopten las medidas pertinentes».
Agradezco la respuesta y la atención al caso. Solo me queda la preocupación de por qué la junta directiva de la UBPC pudo mantenerse ajena ante el incumplimiento de la técnica. ¿No se supone que deba controlar el trabajo de esta?
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