Acuse de recibo
Asunción García Noriega (calle 348 No. 9903, reparto Naranjal Norte, Matanzas) relata que junto a su hermano Roberto García Noriega residían en un local, el cual le había sido asignado a Roberto en el 2000 por el entonces presidente del gobierno municipal, Ariel González Tápanes, para que lo arreglara por sus propios medios. Y en febrero de 2018 fueron allí los presidentes de los gobiernos provincial y municipal, y el entonces Director municipal de la Vivienda con una propuesta:
Como ese año se celebraba el aniversario 325 de Matanzas, y el local estaba en el centro histórico de la ciudad, frente al teatro Sauto, necesitaban este para construir un centro recreativo. A cambio, por acuerdo del gobierno provincial, le otorgaban a Roberto un terreno con subsidio de 85 mil CUP para construir su casa; y a Asunción, un apartamento en propiedad en un primer piso, «que siempre se dijo que sería de tres habitaciones», enfatiza ella.
El 14 de abril de 2018 se personó en el local el asesor jurídico de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), Idalberto Hernández Espinosa. La invitó a ver el apartamento asignado. Fueron, y al llegar allí él no pudo mostrárselo por dentro, pues las llaves las tenía el jefe de brigada de la obra, que en ese momento no se encontraba.
El 17 de abril volvió Idalberto, ya con un camión. Roberto había aceptado mudarse ese mismo día. «Hubo que recogerlo todo rápido, sin esperarlo —señala—. Y cuando arribamos a Naranjal Norte Idalberto fue a ver al jefe de la brigada para que le entregara las llaves. Ya con ellas, abrió el apartamento de enfrente, lo cerró y nos dijo: No es este, es el otro. Pero cuando abrió, me percaté de que era de dos habitaciones y no de tres como se había acordado por el gobierno provincial».
El 7 de junio Idalberto la citó en la DMV para informarle que ya tenía el acuerdo del gobierno, que le firmara los documentos para iniciar trámites de la propiedad. «Cuando comenzó a leer el documento —afirma—, este decía que yo residía en un apartamento en el tercer piso de tres habitaciones. Y le manifesté que no iba a firmarlo, porque ese no había sido el acuerdo. Me comunicó que fuera al gobierno para que me arreglaran dicho documento. Le dije que no, que fuera él; ese era su trabajo y no el mío».
Idalberto la citó de nuevo en noviembre de 2018, y ella fue con su esposo. Le solicitó que firmara el documento para los trámites de su propiedad. Y se los mostró: La mitad de una hoja, y decía que era un apartamento en el primer piso de dos habitaciones. Asunción se negó a firmar de nuevo. «Le dije que él sabía bien cuál era el apartamento que se me había asignado por el gobierno… Y mi esposo y yo nos retiramos y no acudimos más a la Vivienda».
El 19 de diciembre de 2018, Aurora presentó queja en los gobiernos municipal y provincial, y en la Dirección Provincial de la Vivienda. «Y hasta la fecha no he tenido respuesta positiva, negativa, de ninguna índole; hasta que fui a Atención a la Ciudadanía de la Fiscalía Provincial de Matanzas». Allí presentó queja, y le dijeron que primero solicitara una entrevista en el gobierno provincial de Matanzas, pues fue allí que se acordó asignar el apartamento y el subsidio.
El 23 de mayo de 2019 la visitaron la Vicepresidenta del gobierno en Matanzas y el Director Municipal de la Vivienda. Aurora les explicó. Y el 23 de septiembre de ese año las citaron a ella y a quien hoy ocupa el apartamento de tres habitaciones, para la DMV el 27 de septiembre, a tratar el problema, «ya que la vivienda que le corresponde a esa compañera es el apartamento de dos cuartos en usufructo y a mí el de tres habitaciones, que es en propiedad».
Le dijeron que esperara, que la semana entrante la citarían para concertar permuta. «Todavía estoy esperando respuesta… Mi hermano y yo estamos cansados de tantas trabas y mentiras por parte de la Dirección Municipal de la Vivienda. Hoy, 4 de marzo de 2020, estoy residiendo en el mentado apartamento de dos habitaciones y no tengo documento alguno. Vivimos como ilegales».
