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El intenso debate sobre la ley de salud que se aprobara el mes pasado, dejó fuera del alcance de la visión pública estadounidense la multitudinaria marcha que el domingo 21 de marzo caminó el trayecto entre la Casa Blanca y el Capitolio de Washington, para exigirle a Barack Obama otra de sus promesas electorales hasta ahora incumplida: la reforma migratoria.
Cuando asumió la presidencia, reiteró: «Me comprometo a hacer todo lo que esté en mis manos para lograr un consenso bipartidista este año». El video con esas palabras se transmitió en las pantallas de la explanada frente al edificio congresional para recordarle que no ha transitado aún ese camino, un trayecto que tendrá tantas piedras o más que la reforma sanitaria, aunque la paciencia de quienes siempre han mostrado la otra mejilla tiende a acabarse, y en aquella manifestación el representante demócrata Luis Gutiérrez dijo: «Es hora de que los inmigrantes salgan de las sombras, quiero una reforma y justicia».
Reforma y justicia es para Gutiérrez una legislación que le otorgue la ciudadanía a los más de 11 millones de inmigrantes que actualmente residen y trabajan en EE.UU. sin papeles.
Sin embargo, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, justificándose con la guerra contra la droga y el contrabando, el supuesto fracaso de Washington para asegurar la frontera y el problema de la inmigración ilegal, dio el visto bueno a una ley discriminatoria y persecutoria de los inmigrantes, en un estado que es frontera con México y está considerado el paso mayor para quienes desde el sur llegan a EE.UU. arrullados por el llamado sueño americano, y en cuyas zonas desérticas no pocos dejan la vida.
Paradójico resulta que en un territorio del que México fue despojado en el siglo XIX, se haya firmado la ley SB 1070, que permite a los sheriffs y otras fuerzas policiacas interrogar en la calle a cualquier persona «bajo sospecha razonable» y que principalmente se aplique a quien «luzca hispano»: la aplicación del perfil racial o racista, nada nuevo para las agencias de «la migra» en cualquier lugar del país, donde también hay cientos de otras leyes antiinmigrantes.
La nueva legislación de Arizona tiene 17 largas páginas donde se expresa el racismo más extremo.
Concedamos que Obama calificó de «desacertada» a la SB 1070 de Arizona, y encomendó al Departamento de Justicia «examinar (cómo quedan) los derechos civiles y otras implicaciones» a tenor de la ley. Pero la posición es tibia para quienes consideran que ya debió hacerla oficialmente nula; por tanto, la legislación racista está vigente a pesar de su repugnante criminalización de los más de medio millón de inmigrantes indocumentados que viven en el estado, y no obstante su anticonstitucionalidad.
La legislación federal para la reforma migratoria ha estado moribunda durante todo un año y más, así que Obama consideró que así «abrieron la puerta a la irresponsabilidad de otros», refiriéndose a la ley de Brewer.
Lo cierto es que esta decisión de Arizona se suma a una tendencia hacia posiciones extremistas y ultraconservadoras en medios políticos y de estamentos de la población estadounidense a los que el ascenso de Barack Obama les dejó un sabor demasiado amargo, aunque este presidente siga representando a pie juntillas los intereses del imperio.
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