¿Cárceles o escuelas?

La disyuntiva es de vieja data y pudiera citarse como aquella de ¿quién fue primero: el huevo o la gallina?, pero aquí está clara la respuesta-solución, al menos para la gente con raciocinio: es mejor invertir en escuelas que en cárceles. Las primeras ayudarán a mejorar calidad de vida, educación y valores morales; las segundas solo servirán a la corta o a la larga para potenciar el delito y aumentar la población penal.

Hace apenas una semana, Occupy Wall Street en la región del oeste estadounidense llamó a un Día Nacional a favor de los Prisioneros Políticos —ahí estaban incluidos los cinco antiterroristas cubanos— y de todos quienes padecen en un sistema totalmente injusto e inhumano, que muestra a las claras una esencia racial y clasista.

Sobre el tema, Adwoa Masozi, del Instituto para Estudios Políticos, publicó este martes un artículo donde asegura que están siendo testigos de una reversión de las prioridades en educación, que a la larga criminaliza a los negros pobres y a la gente de color en general, en el que institucionalmente se roba a la enseñanza pública para alimentar el complejo industrial carcelario.

Los datos suministrados por Masozi son irrebatibles, pues de los 50 estados que conforman la Unión, 38 están desangrando en miles de millones de dólares sus presupuestos educacionales, según datos del Centro para el Presupuesto y Política de Prioridades. Sin embargo, el 22 por ciento de la población estadounidense es funcionalmente iletrada. En cifras, el Centro Nacional para Estadísticas de Educación, afirma que 68 millones de personas leen por debajo de los niveles básicos, pero se gasta menos dinero en educación y pone como ejemplo a Texas, donde han eliminado 4 000 millones de dólares del presupuesto y también el financiamiento a los programas que servían a cien mil niños en situación de riesgo.

Otros recortes han llevado al cierre de escuelas públicas, como en California, donde —aunque usted no lo crea— incluso idearon y publicaron una «guía para la mejor manera» de ejecutar esa política desastrosa.

De más está decir que sin educación son todavía menores las oportunidades de empleo, no tener trabajo produce desequilibrios muy serios en la sociedad, con impactos en la calidad de vida, la salud física y mental, y un sinnúmero de limitaciones; en pocas palabras, la marginalización, la formación de una subclase, y a la larga o a la corta un solo derrotero: delinquir y la cárcel.

Y los números son exactos: de los 2,3 millones de reos en Estados Unidos, el 46 por ciento carecen de diploma de enseñanza secundaria y tampoco tienen las habilidades para competir en un mercado laboral que cada vez se hace más escaso.

Como afirma Masozi en su artículo, «la educación pública es algo más que un derecho, una libertad o un privilegio. Es una necesidad. Una tan básica como la tierra sobre la que debemos caminar, el alimento que debemos comer, el agua que debemos beber, y el aire que debemos respirar para vivir». Su cuestionamiento hurga todavía más hondo en la problemática estadounidense cuando se pregunta quién puede querer que sus hijos vayan a una escuela que tiene presencia policial y detectores de metales en lugar de libros o a escuelas hacinadas donde escasean los maestros.

Pero se invierte más en cárceles, y cita a corporaciones como Wells Fargo, BOA, IP Morgan y Wal-Mart, grandes también en ese negocio de las prisiones privadas que les da ganancias superiores mientras mayor sea el número de los encarcelados, vinculadas a la formulación y con influencia en las políticas educacionales.

Ricos y pobres, cárceles y escuelas se entrelazan en un sistema altamente dañino.

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