El trust del dolor

Cuba era, antes del triunfo de la Revolución, uno de los países de mayor consumo per cápita de medicamentos en el mundo. Solo en 1951 el negocio de las medicinas movió aquí, por concepto de ventas, 50 millones de pesos, equivalentes a dólares; cifra esa que también fue fruto de la más escandalosa especulación con los precios. Fue precisamente el agiotismo lo que hizo que se acuñara la expresión «trust del dolor» para describir al consorcio explotador de la más trágica necesidad popular: la de la salud.

Tres eran los protagonistas principales en el giro de los laboratorios y los productos farmacéuticos en Cuba: Ernesto Sarrá Hernández, Teodoro Johnson Anglada y Francisco Taquechel Mirabal. Obligaban a los laboratorios extranjeros a negociar solo con ellos y de esa manera manejaban los precios a su antojo y llevaban a la ruina al farmacéutico que quisiera convertirse en importador. Como representaban a grandes firmas extranjeras —Lederle, Squibbs, Bayer…— restringían la libre concurrencia en el mercado nacional de la producción farmacéutica doméstica salida del Instituto Biológico Cubano y el Instituto Bioquímico de Cuba, así como de los laboratorios de Vieta Plasencia, Kourí, Gómez Plata y Márquez, fabricante este último, desde 1830, de una excelente leche de magnesia. Firmas como Sarrá, Johnson y Taquechel, actuando en solitario o de conjunto, eran capaces, llegado el caso, de rebajar hasta el 40 por ciento del precio del medicamento que distribuían con tal de llevar a la ruina a un competidor que, por su cuenta y riesgo, se hubiese atrevido a introducirlo en el país.

Lo hicieron en no pocas ocasiones. Esa y otras prácticas agiotistas dieron lugar a que Sarrá, Johnson y Taquechel fueran llevados, en 1938, a un proceso judicial que poco mejoró la situación del abusivo negocio de las medicinas. Es por esa época que el Ministerio de Comercio decide tomar cartas en el asunto y se dicta un decreto que, lejos de disponer la rebaja de los precios de los medicamentos, ordena su congelación luego de que fabricantes y distribuidores los habían subido en forma desorbitada. Es entonces que empieza a hablarse, con todas sus letras, del trust del dolor.

El famoso decreto, que seguía vigente en la década de los 50 del siglo pasado, hacía el juego a los intereses de los magnates farmacéuticos. En virtud de ese documento el precio de la medicina se determinaba por el costo de producción declarado por el fabricante cubano o por el representante de la firma extranjera que lo elaboraba. A eso se añadía el margen de utilidad de las farmacias de venta minorista, y se sumaba a ello el 23 por ciento de ganancia correspondiente a la droguería.

Un medicamento vendido a la población reportaba al boticario el 30 por ciento de ganancia si su precio en tapa era inferior a un peso. Ganaba el 25 por cierto si el precio era superior al peso e inferior a los dos pesos, y si sobrepasaba esa cantidad, la ganancia era del 20 por ciento.

«El interés del agio comercial, en lo que atañe a las medicinas, se pone de manifiesto en estos porcentajes de utilidad, especialmente el relativo a las droguerías, que logran fabulosas entradas por simples operaciones de almacenamiento y multiplican sus ingresos en el mostrador. De ahí se explica que una hormona que pudiera venderse a 26 pesos en las farmacias, cueste 30 en estas debido al por ciento de utilidad que añaden las droguerías por la simple maniobra de recibirla y distribuirla» —declaraba a la revista Bohemia, en febrero de 1952, un especialista cuyo nombre no fue revelado.

La Reunión

Sarrá es la mayor y más antigua droguería y farmacia cubana. Con el nombre de La Reunión abrió sus puertas en 1853, y 30 años después se instaló en la esquina de Teniente Rey y Compostela. En 1900 era considerada como la segunda mayor droguería del mundo. Funcionaba no solo como laboratorio de especialidades farmacéuticas, biológicas y opoterápicas, sino también como almacén de ferretería, tienda por departamentos, fábrica de jabón, perfumes, insecticidas y desinfectantes, locería y cristalería, almacén de suministro para lecherías, de materias primas para dulcerías y panaderías y de instrumental quirúrgico.

El negocio fue fundado por el catalán José Sarrá Catalá, tío abuelo de Ernesto, en sociedad con el también catalán Valentín Catalá. Se separó este de la empresa y José, el padre de Ernesto, entró como socio. Al fallecer Sarrá Valldejuli, su hijo quedó como propietario del negocio junto con su madre. De su padre heredó Ernesto asimismo extensos bienes inmuebles y terrenos, lo que lo convirtió en uno de los grandes casatenientes cubanos. En la Universidad de La Habana se diplomó como dentista y farmacéutico.

Guillermo Jiménez en su libro Los propietarios de Cuba esboza una escala del 1 al 5 para valorar, en orden decreciente, la importancia económica del aludido. Confiere Jiménez la categoría 2 a Ernesto Sarrá Hernández.

Droguerías piratas

La misma nota de Bohemia daba a conocer los precios que la población debía pagar por algunos medicamentos. El frasco con cien tabletas de una droga de uso común en el tratamiento de la úlcera gástrica, que valía en Estados Unidos $6,75, costaba en Cuba diez pesos o más, en tanto que los complejos polivitamínicos, que eran vendidos por centavos en el Norte, se expendían aquí a cuatro o cinco pesos el frasco. Lo mismo sucedía con la vitamina C, mientras que el consumidor cubano debía abonar de tres a cuatro pesos por un pomo con cien tabletas de aspirina que tenía un precio inicial de 60 centavos. Antibióticos como la penicilina y la estreptomicina, producidos por laboratorios norteamericanos, que en Estados Unidos bajaron sensiblemente de precio, seguían vendiéndose aquí al nivel de años anteriores y aun por encima.

Ambos rubros se vendían en las farmacias cubanas hasta con el sobreprecio de un peso con 70 centavos. Tanto la penicilina como la estreptomicina eran ya en esa época medicamentos de venta libre y amplia producción. No se encarecían debido a la escasez y la competencia, lo que no era el caso de otros antibióticos —terramicina, aureomicina, cloromicetina…— de cierta manera «exclusivos» y controlados por grandes laboratorios. Estos alcanzaban aquí precios prohibitivos sin que el Ministerio de Comercio se preocupara por limitar el margen de utilidad de los intermediarios.

La especulación tocaba casi todos los renglones terapéuticos. Al amparo del decreto que congeló los precios de los medicamentos proliferaron en la Isla los laboratorios farmacéuticos y las droguerías piratas. Ya en 1951 existía en Cuba un laboratorio por cada diez mil habitantes. En cuanto a las droguerías piratas, se radicaban real o supuestamente en municipios de tercera o cuarta categoría con la intención de burlar al fisco. Funcionaban solamente como intermediarias y cobraban interés por el simple trasiego de medicamentos. Como el mencionado decreto las autorizaba a cobrar el 23 por ciento y carecían de personal técnico que encareciera las operaciones con su salario, se permitían el lujo de fijar utilidades inferiores en beneficio del boticario.

El abusivo negocio marchaba viento en popa. Prosperaba. Un simple dato ilustra la especulación existente. Una empresa distribuidora de medicamentos extranjeros radicada en La Habana, en confabulación con tres grandes droguerías capitalinas, facturó, en 1951, ventas superiores a los dos millones de pesos.

Otros dos

Menos ricos que Ernesto Sarrá Hernández eran Francisco Taquechel Mirabal y Teodoro Johnson Anglada, ambos con categoría 4 de la escala de cinco de Guillermo Jiménez.

La Droguería de Johnson S.A., en Obispo esquina a Aguiar, además de medicamentos producía insecticidas, desinfectantes y perfumes y distribuía productos farmacéuticos y químicos. Su propietario se graduó de bachiller en Estados Unidos, estudio Filosofía y Letras en la Universidad de Berlín y se graduó como Doctor en Farmacia en la Universidad de La Habana, donde ejerció como profesor. Presidió la Liga contra el Cáncer y el Instituto Cultural Cubano-Norteamericano y fue benefactor de la Academia Cubana de la Historia.

También en Obispo, pero en la intersección con Mercaderes, se hallaba la Droguería Taquechel, hoy Museo de la Farmacia. Era un laboratorio de especialidades farmacéuticas, biológicas y opoterápicas; fabricante de perfumes, insecticidas, desinfectantes, fungicidas y extractos de frutas y almacén de materias primas para dulcerías y panaderías. Distribuidor además de perfumes y productos farmacéuticos importados.

Ministerio sin facultades

Los fabricantes de medicamentos o sus distribuidores nacionales procedían de la siguiente manera: presentaban al Ministerio de Comercio una declaración jurada en la que hacían constar que el producto que elaboraban o distribuían poseía la autorización sanitaria correspondiente, y hacían saber el costo de producción del artículo en cuestión.

El Ministerio de Comercio en ningún caso comprobaba la información recibida. Tampoco lo hacía el Ministerio de Salubridad. Su titulada Comisión Técnica de Medicamentos se limitaba a tramitar burocráticamente la solicitud de inscripción de un producto farmacéutico y aceptaba sin examen lo que declaraba el fabricante.

No actuaba dicha Comisión de mala fe. El asunto era más complicado. No tenía facultades para rechazar ninguno de los medicamentos que se le proponían, ni tampoco disponía de los recursos ni de los elementos necesarios para analizarlos científicamente.

«En pleno cincuentenario de la instauración de la República —decía un médico cubano en 1952— no existe en Cuba un laboratorio eficaz que verifique la composición de las medicina-patentes».

Añadía:

«De igual manera, esa Comisión no ejerce control científico sobre los productos curativos importados, sino que se limita a comentar festinadamente su eficacia terapéutica. Sin contar las influencias y presiones de diversos tipos que se ejercen para obtener la aprobación de medicinas que resultan a la postre más o menos fraudulentas o inocuas. Se han dado casos de que el medicamento rechazado una vez, es aceptado después…».

Porque al tema del sobreprecio de las medicinas se añadía el problema de las adulteraciones. Los médicos se alarmaban, pero nada podían hacer. Era consecuencia de la propaganda masiva que sobre el atractivo mercado cubano lanzaban los grandes laboratorios, principalmente extranjeros, interesados más en las ganancias que en la calidad de sus productos. Especulador y funcionario público bailaban entonces la misma cuerda, como si llevaran adelante —uno por acción y otro por omisión— una guerra en dos frentes contra la salud del pueblo.

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