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¿Por dónde se pueden haber escurrido los temores de la jueza Kathleen Cardone cuando, indignada, preguntó si alguien podría considerar que una vivienda resultaría más segura para el terrorista Luis Posada Carriles, que la celda de donde se escapó en Venezuela?
Dos días después de divulgarse su negativa a concederle la condicional así como la vehemente manera con que había cuestionado el martes, durante la vista, cualquier posibilidad de otorgarle la libertad bajo custodia, la magistrada ha puesto «Diego» donde decía «digo» y ha sentenciado que sí, que el reo puede obtener la fianza y esperar tranquilamente en casa el juicio del muy benévolo proceso judicial que se le sigue por mentir acerca de su entrada en Estados Unidos.
El modo utilizado para dar marcha atrás a una noticia que llevaba ya 48 horas rodando por el mundo resulta verdaderamente inverosímil aunque no debe extrañar si, como es el caso, están implicados la CIA, la administración Bush y, desde luego, la mafia de Miami, depositaria del poder de chantaje que le adjudican la impunidad y sus conciliábulos con Washington en esta, y otras muchas historias truculentas.
No debe soslayarse que, a diferencia de la audiencia para decidir el asunto de la condicional, en esta ocasión ninguna agencia de prensa tenía «el suceso». Y no resulta casual que fuera solo El Nuevo Herald quien, de manera exclusiva, adelantara este mismo viernes la nueva felonía que se le venía encima a la justicia.
Una nota publicada en la mañana por el diario adjudicaba a un inexplicable «error» el malentendido, según el cual resultaba que la jueza no se había pronunciado aún. Así, cargaban con las culpas PACER —como identifica El Herald al archivo electrónico del sistema de cortes federales—, y la funcionaria que, presuntamente, suministró al sistema computadorizado «una orden oral en la que aparentemente se negaba la fianza de Posada», publicó el periódico.
Pero, también muy extrañamente, el informante de la nueva no era alguna autoridad del tribunal de El Paso, donde corre el proceso de corte migratorio con el que se pretende enjuagar las culpas de un terrorista, ni ninguna otra autoridad judicial, sino el propio abogado de Posada, Arturo Hernández: el mismo que llegó a ofrecer a los jueces una propiedad valorada en más de dos millones de dólares para demostrar que había con qué pagar la fianza de su cliente... ¿o para persuadirlos?
Los escasos trascendidos, al cierre de esta edición, acerca de la inédita marcha atrás, daban cuenta del desaliento y la frustración declarados por fuentes de la fiscalía, magistrados de El Paso y por la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y se afirmaba que se iba a apelar la decisión. Incluso, algún despacho ha especulado que Posada no obtendrá la salida de inmediato o, sencillamente, a lo mejor no saldrá. Pero el equilibrio de la balanza de la justicia vuelve a quedar en entredicho.
¿Qué resortes fueron tocados para que la jueza pusiera su prestigio en juego de este modo brutal? ¿Quién los tocó?
Los reportes acerca del dictamen de este viernes ponen en boca de Cardone consideraciones absolutamente dispares con las que se le adjudicaran el martes. Ahora, el fallo ha considerado «que la naturaleza y las circunstancias del delito pesan a favor del acusado».
Y para ilustrarlo, el texto afirma que Posada «solo» está sindicado «de siete cargos relacionados con suministrar falsas declaraciones, no de delitos de violencia o de otros que directamente impliquen la seguridad de la comunidad».
Sin embargo, lo dicho, dicho está. Al respecto, el abogado que representa la solicitud de extradición presentada por Venezuela, José Pertierra, había destacado como significativo —en medio de las limitaciones de este proceso por causa banal— que las consideraciones vertidas el martes por Cardone y su desmentido primer dictamen, reafirmaban como cierta la posibilidad de fuga, y argumentan la demanda de Venezuela.
La peligrosidad del individuo también quedó recogida en las declaraciones formuladas el propio martes por el fiscal federal Paul Ahern: «El hecho de que EE.UU. no tenga la jurisdicción para juzgarlo por el ataque al avión de Cubana de Aviación en 1976 —afirmó— no quiere decir que sea inocente».
Que la jueza, de buenas a primeras, se desdiga, no desdice un ápice las valoraciones de Pertierra y, tampoco puede sepultar las observaciones formuladas por el fiscal.
El grillete electrónico que se le ajustará a Posada de modo de vigilar sus movimientos y que no escape antes del bucólico juicio del 11 de mayo, resulta otra bufonada para un asesino, cuyos protectores lo sacaron de Venezuela y también compraron, después, los favores de Mireya Moscoso en Panamá.
La farsa real, de todas formas, sigue estando en el proceso por la frívola causa que pretende convertirlo, apenas, en un mentiroso inmigrante ilegal.
