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Más de 200 000 familias en Camagüey perciben los beneficios de los nuevos módulos de cocción. Foto: Juan Carlos Mejías. CAMAGÜEY.— La idea de entregar módulos de cocción a base de electricidad para eliminar el uso de combustibles domésticos más costosos para el país es una de las tareas de la Revolución Energética que más agradece la familia cubana.

En esta provincia centroriental, entre los meses de marzo y abril de 2006 se entregaron los primeros módulos en los municipios de Camagüey, Florida, Guáimaro y Vertientes.

Las restantes localidades camagüeyanas se fueron sumando, hasta que la tarea se «completó» con 206 205 módulos, cifra alcanzada al cierre de abril de este año.

Tal número corresponde a los hogares camagüeyanos censados en las Oficinas de Registro de Consumidores (oficodas), que cumplen con los criterios de distribución establecidos: tener metro contador de electricidad, propiedad de la vivienda y libreta de abastecimiento independientes.

Según reportes de la Empresa Provincial de Comercio, aún quedan 57 435 familias que, al no cumplir con uno de los dos primeros criterios pero sí con el tercero, mantuvieron su derecho a recibir el combustible tradicional, kerosene, conocido popularmente como luz brillante o petróleo.

Sin embargo, se estima que aún quedan en este territorio otras 30 000 familias adosadas al núcleo principal —tanto dentro de la vivienda como fuera de ella—, que cocinan de manera independiente pero no cumplen con ninguno de los requisitos legales.

Estas familias divididas tampoco reciben combustible desde que al jefe del núcleo principal de la vivienda se le entregó el módulo correspondiente, situación que en no pocos casos se ha prolongado por más de un año.

Los primeros cuentan con el compromiso de mejorar el equipamiento de sus cocinas en cuanto resuelvan los trámites pendientes para legalizar su situación. Para los últimos, en cambio, no se vislumbra, de momento, una solución.

Juana está censada en la bodega La Campana, en el centro de esta ciudad. Su hija Xiomara vive en los altos desde hace más de una década, junto a su esposo y sus niñas. Al lado vive su otro hijo, Ernesto, quien también es económicamente independiente desde hace varios años.

Para Juana el martirio de las ollas tiznadas terminó en febrero de 2006, pero junto a la alegría llegaron las desavenencias familiares, porque al recibir ella el módulo, perdieron el derecho a la cuota de kerosene que antes se repartían entre todos.

«¿Cómo cocinan mis hijos...? Con lo que aparezca por la calle: carbón, petróleo... A sobreprecio, claro está. Ya han ido a quejarse a muchos lugares, pero aún no hay respuesta», dice esta madre camagüeyana.

Orlando Fernández, administrador de su bodega, comentó a JR que en su zona conoce muchos casos así, algunos hasta de cuatro familias en una vivienda. «La reserva de kerosene y alcohol, una vez al año, es para el que recibió el módulo, porque es un combustible pensado para usar en emergencias, cuando la electricidad falla por más de 24 horas.

«Muchos la utilizan antes. Los demás integrantes del núcleo nos presionan. Nosotros se la damos al primero que venga, y ahí empiezan los problemas en esas familias».

Lo mismo ocurre con la reserva de 20 kilogramos de gas licuado al año, que genera conflictos entre el beneficiado y el resto de los familiares, quienes hoy no tienen acceso a este combustible, a menos que lo paguen a sobreprecio en el mercado clandestino, pero tampoco se les oferta por vía estatal, en caso de que estuvieran dispuestos a utilizarlo y no tuvieran limitaciones de salud para ello.

A otra arista de esta polémica se refiere Armida García: se supone que el plan está pensado para ahorrar electricidad con equipos más eficientes, pero esa no es su realidad.

Ella vive «pared con pared» junto al padre de sus hijos. Dividieron la casa, pero la propiedad del inmueble sigue a nombre de él, quien además es el jefe del núcleo y por tanto el beneficiado con el cambio. Ni pensar que la deje usar sus ollas.

«Ni módulo, ni kerosene, ni nada... vivo inventando para cocinar. Tengo a mi hija y a mi nieto conmigo. He llegado a pagar la botella de petróleo a 16 pesos. Tuve que hacerme de una hornilla eléctrica criolla, por lo que el consumo de corriente se me disparó hasta las nubes.

«¿Con qué como entonces? Lo he planteado en cuanta reunión se da, pero la respuesta es la misma: hay que esperar».

Otros como ella están conscientes de que el sistema de alimentación eléctrica de la mayoría de sus viviendas y de la ciudad no está diseñado para sostener el consumo de más de un módulo de cocción por metro contador.

Pero tampoco entienden por qué, hasta tanto ese obstáculo técnico no se resuelva, se le eliminó el combustible que siempre recibieron.

La respuesta a estas inquietudes no es tan simple, pero algunos tienen parte de culpa en esta drástica decisión. Inicialmente el programa en Camagüey se materializó entregándoles módulos a todas las familias económicamente independientes, como se ha hecho en otros territorios, previa valoración con las organizaciones de la comunidad.

Pero el afán de lucro de unos y el oportunismo de otros disparó el número de candidatos hasta cifras irracionales: familias que siempre habían convivido y se cocinaban de manera conjunta quisieron aprovechar el momento, olvidando que el objetivo del país era ahorrar, no multiplicar el gasto, y que a este proceso debía acompañarlo un paulatino mejoramiento de la red eléctrica.

«Aquí hubo de todo», reconoce una vecina del reparto La Guernica. «Algunos se olvidaron de toda ética y educación, mintieron a los compañeros encargados de la tarea e incluso dividieron con cartones y sábanas sus viviendas para hacer ver que se cocinaban por separado...».

Tal situación obligó a pasar de un extremo a otro en la distribución de los módulos, con lo que terminaron pagando justos por pecadores: la decisión de la entrega pasó a depender de documentos legales, no de las condiciones reales de la vivienda.

Teresa Rivero Marresa, vicedirectora de la Empresa Provincial de Comercio a cargo de la distribución de alimentos y productos de la canasta básica, valoró que es muy difícil identificar los casos reales que viven en el mismo hogar y dicen cocinarse aparte, no así los divididos con salidas independientes, en los que a simple vista se nota que sus cocinas no son improvisadas, y por tanto es obvia la necesidad de tal combustible.

«Nosotros ejecutamos la política de distribución del combustible doméstico, pero no la decidimos a este nivel», puntualizó la funcionaria.

Dolores Conde Vázquez, jefa del departamento provincial de Registro del Consumidor de dicha entidad, coincide con esta apreciación, pero aclara que aún está por definirse cómo se organizará en el país la entrega de combustible doméstico a estas familias divididas.

Entre los meses de febrero y abril del año en curso 1 301 familias agramontinas terminaron sus trámites con la Vivienda, la Empresa Eléctrica o la oficoda, por lo que recibieron felizmente sus módulos de cocción.

Por este concepto, la cifra de casos pendientes que aún tienen asignado combustible a través de la red minorista de comercios, disminuyó al cierre de este reportaje a 57 435 familias en la provincia.

«La norma actual por consumidor es la misma que existía desde antes de repartirse los módulos», asevera Diosvani Santillán Aguilar, director comercial de CUPET en la provincia y de la Unidad Empresarial Básica de Ventas de dicha empresa.

Para ellos, las dificultades tienen otro matiz: al ser menor el número de clientes por bodega, fue necesario disminuir los lugares de depósito, de los 784 que existían originalmente a 575 a partir de enero de este año.

«Hoy se distribuye el 24 por ciento del combustible doméstico asignado al comienzo de la Revolución Energética. «En los asentamientos rurales distantes se respetaron los puntos que existían, para que la población no se afectara, pero trasladar un carro cisterna a un establecimiento de la ciudad o de localidades pobladas por solo cinco litros de combustible era irracional», reflexionó Diosvani, quien añadió otra realidad preocupante:

«A nuestra empresa le consta que la población no siempre se entera de cuándo le toca este producto. Muchas veces los carros de CUPET no logran depositar la nueva cuota porque aún queda parte de la anterior en algunos puntos, así que deben virar llenos y esperar a que se reparta el que ya está vencido, y dar de nuevo el viaje».

Ahora, muchos clientes dependen de que la información fluya ágilmente desde las «tiendas madres» hasta sus respectivas bodegas, lo cual no siempre funciona.

Una vecina de la calle Matadero y otra de la calle Calvo, en el centro de esta ciudad, se quejaron a esta reportera de que durante cinco meses del pasado año jamás se enteraron de la llegada del kerosene a su punto de distribución, a pesar de preguntárselo al administrador sistemáticamente.

«Si antes era difícil “adivinar” el kerosene y era allí mismo, imagínense ahora, que hay que irlo a buscar a varios kilómetros de la casa», dijo alarmada una de ellas.

Supuestamente, en la tablilla de información habilitada en cada bodega deben aparecer los productos a la venta, su fecha de entrada y vencimiento, y, en el caso del kerosene y el alcohol, el nuevo lugar donde se despacha a partir de este año.

La vicedirectora Teresa lo confirma: «Es cierto que esto falla a veces. Es responsabilidad del administrador de la unidad tener actualizada su pizarra informativa».

En recorrido por varias bodegas comprobamos que no siempre se cumple tal disposición, y que en la red minorista hay sobrante de un producto deficitario en los hogares, lo cual aumenta la irritación de los consumidores.

En una de las unidades visitadas, el administrador dijo no haber recibido combustible en diciembre porque se esperaba la creación de los puntos madres a partir de ese mes.

Sin embargo, el administrador de la bodega que cumpliría tal función en la zona, nos aseguró: «Yo sí recibí combustible, pero solo el de mis clientes habituales. El de las demás unidades empezó a llegarnos a partir de enero». ¿Dónde quedó el kerosene de diciembre de la unidad afectada?

Quedan aún por definir situaciones como las de Juana, Xiomara y otras decenas de miles de familias en esta región que se ven obligadas a cocinar con lo que aparezca, incluidos equipos eléctricos de altísimo consumo, lo cual lleva a una conclusión bastante obvia: una parte de lo que se ahorra por un lado, se está fugando por otro.