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Ese delito creció al amparo de la Ley de Ajuste Cubano y cuenta con el apoyo de mafias radicadas en Estados Unidos

El tráfico humano es una manifestación delictiva que se desarrolla como parte de la emigración ilegal, fenómeno presente en todas las latitudes y que, según estudios, envuelve al tres por ciento de la población mundial.

Se trata de un desplazamiento de personas de países con menor desarrollo hacia los más avanzados, en el que la casi totalidad de sus protagonistas buscan mejores condiciones económicas.

La emigración desde Cuba hacia Estados Unidos, también generada por intereses económicos y de reunificación familiar, principalmente, ha sido marcada en especial por la manipulación política de sus flujos, urdida generalmente entre Washington y Florida.

Ese tratamiento es resultado de que la emigración originada en Cuba tiene características particulares para Estados Unidos. Al respecto el doctor Antonio Aja, especialista en migraciones, apuntó en entrevista concedida a nuestro diario: «A diferencia del resto de los países, la Isla emite emigrantes a su sempiterno adversario, cuestión que convierte esa migración en objeto de manipulación política a la vez que herramienta de subversión y de presión sobre la Revolución».

El gobierno de Estados Unidos compulsa oficialmente la emigración ilegal de cubanos hacia su territorio gracias a la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano (1966), que admite y legaliza automáticamente a cualquier ciudadano cubano llegado a ese país, sin importar por dónde, ni qué hizo para lograrlo; mientras simultáneamente incumple el otorgamiento de las 20 000 visas acordadas con la nación caribeña, abundó Aja.

En tal escenario, grupos mafiosos de origen cubano, en su mayoría radicados en Florida, aprovechan esas facilidades exclusivas para convertir a los isleños en víctimas de un millonario e ilícito negocio, altamente peligroso por las irresponsables condiciones de navegación a que exponen a las personas y la amenaza que comporta para la seguridad e intereses de los países afectados.

Sobre las formas en que el tráfico ilegal de cubanos se lleva a vías de hecho y su enfrentamiento, el teniente coronel Miguel Torres Gutiérrez, jefe de Operaciones de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, explica que para consumar sus propósitos los traficantes operan con lanchas rápidas equipadas con hasta cuatro potentes motores fuera de borda, capaces de desplazarse a una velocidad de 60 nudos (100 km/h), que amparadas en la oscuridad de la noche se aproximan al litoral cubano —de más de 5 500 kilómetros de extensión— para recoger su carga humana.

Lancheros detenidos en Cuba han relatado que para sus operaciones pasan dos o tres días de navegación lenta por las aguas mexicanas simulando viajes de pesca o recreo, para luego avanzar sobre Cuba, efectuar la recogida y retirarse velozmente y sobrecargados, hasta puntos de respaldo ubicados en aguas internacionales donde se reabastecen de combustible, trasbordan a los traficados a yates de paseo y los proveen de atuendos y medios que les permitan al llegar a tierra pasar como turistas. Esto refleja el empleo en este negocio de gran cantidad de recursos, numerosas personas y medios, cuestión que lo hace más notorio.

En no pocas ocasiones traficados y traficantes navegan con diferente suerte y, debido al exceso de personas a bordo, la falta de medios de seguridad, la oscuridad de la noche y la huida precipitada en medio de su ilegal empresa, se produce un desenlace fatal, con la dolorosa pérdida de vidas. En accidentes con lanchas volcadas, varadas y que han zozobrado, los traficantes han puesto fin a la vida de cubanos, entre ellos mujeres y niños.

La más recientemente conocida de estas tragedias ocurrió el pasado 6 de abril, cuando zozobró una embarcación, hecho en el que se reportaron cinco nuevos desaparecidos. El 22 de diciembre de 2007 había naufragado otra lancha, sobrecargada y sin medios salvavidas, con saldo de dos víctimas fatales y riesgo severo para otros 11 emigrantes —niños incluidos—, de los cuales nueve tuvieron que retornar a tierra nadando un kilómetro desde el punto en que se hundió la embarcación. Otros hechos han ocurrido desde entonces.

Las tropas guardafronteras, apunta el teniente coronel Torres, han reforzado su lucha contra el delito de tráfico de cubanos y enfrentan, tanto en la costa como en nuestras aguas territoriales, esa violación del territorio nacional. «Tenemos operativos actuando en ambas costas de la Isla y varias unidades de superficie patrullan las aguas. Esto ha permitido abortar numerosas operaciones, con la ocupación de los medios y captura de sus tripulantes. Otros se dan a la fuga al ser descubiertos en el intento».

En lo que va de 2008, en Cuba se han capturado 17 embarcaciones con sus tripulantes —uno de ellos perdió la vida—, en su mayoría cubanos residentes en Estados Unidos, pero también algunos mexicanos —pescadores o patrones de embarcaciones— contratados por los traficantes.

Según Torres, cuando se detecta que estos delincuentes lograron embarcar a sus víctimas se alerta directa e inmediatamente a la Armada mexicana o al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, en dependencia del rumbo en el cual se alejen de nuestras aguas.

Los traficantes elevan la complejidad de sus operaciones, tratando de evitar la detección, explica el Jefe de Operaciones, y en ocasiones, una vez descubiertos, se tornan agresivos y se han registrado incidentes, uno de los cuales ocasionó daños al medio naval que operaban y lesiones a uno de nuestros efectivos. Tal conducta agrava el delito, concluyó.

Por declaraciones de detenidos a las que hemos tenido acceso, el precio que cobran estas mafias oscila entre 10 000 y 13 000 dólares —en ocasiones puede ser superior— que abonan en Florida los familiares de los traficados.

Los traficantes «aseguran» su carga humana sacada de Cuba en casas llamadas de depósito o de seguridad, ubicadas en la localidad mexicana de Cancún. Desde allí llaman telefónicamente a Florida para que los traficados hablen con sus parientes, como vía de garantizar el cobro de sus sucios honorarios, en acción que reproduce el más depurado estilo de El Padrino, de Mario Puzzo.

En algunas ocasiones también enrolan en sus operaciones a personas sin familiares en Estados Unidos que paguen por su tenebroso pasaje. Estos, en el mejor de los casos, son obligados a trabajar cautivamente para los traficantes, o simplemente los lanzan a vagar por las calles de Cancún en total desamparo, convirtiéndolos en indigentes e indocumentados.

En entrevista concedida sobre el tema, la doctora Osiris Martínez López, jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, explicó que no hay dudas de que el tráfico de personas es un delito, reconocido y sancionado desde hace años por los códigos penales de varios países, entre estos España y naciones de nuestra región, como Panamá y Costa Rica, toda vez que atenta contra varios bienes jurídicos.

De acuerdo con otras fuentes consultadas, la legislación de Estados Unidos también contempla considerables penas para los responsables de este delito. Pero a partir de las informaciones difundidas, se conoce que las sanciones aplicadas por sus tribunales son benévolas y escaso el número de sancionados, si se tiene en cuenta que es principalmente en ese país donde se gestan, organizan, inician en muchas ocasiones y se cobra por este ilegal y mortífero servicio, de acuerdo con despachos de prensa, declaraciones de encartados y denuncias de los familiares de los traficados.

Martínez López precisa que para Cuba esta tipicidad entraña connotación mayor, ya que además de su intrínseco carácter criminal e inhumano, pues puede conducir a la muerte a niños, mujeres y jóvenes, el tráfico de cubanos forma parte de una emigración ilegal fomentada por la política agresiva de Estados Unidos contra la Revolución, con miras a vulnerar nuestra soberanía, estabilidad interna y seguridad nacional.

En adición, somos un país rodeado de costas, con centenares de cayos, lo cual conforma un escenario que demanda extraordinario esfuerzo para mantener el control de nuestra frontera marítima. Pero «no podemos permitir que esta sea utilizada en el sucio negocio del tráfico humano, ya que debemos proteger a nuestros ciudadanos y también nuestra soberanía», acotó.

La figura básica de la ley cubana establece: «El que organice o promueva con ánimo de lucro, la entrada al territorio nacional para que las personas emigren a otros países», incurre en sanción de siete a 15 años de cárcel. «Si se incurre en la violencia, se pone en peligro la vida de las personas o se incluye a menores de 14 años, incurre en sanción de 20 a 30 años o privación perpetua de libertad»; precisó la doctora Martínez López.

En cumplimiento de la voluntad del Estado cubano, el Ministerio del Interior enfrenta resueltamente las manifestaciones de delitos vinculados a la emigración ilegal, manifestó el coronel Gustavo Milián Rivero, jefe del Departamento de Divulgación del Ministerio del Interior, al abordar este asunto.

En reiteradas ocasiones, dijo, nuestro Gobierno ha denunciado la Ley de Ajuste Cubano como estímulo deliberado a las prácticas delictivas vinculadas a la emigración ilegal, que ahora adopta modelos organizativos más sofisticados en el tráfico de personas.

Desde el punto de vista interno, abundó Milián, «hemos instrumentado un conjunto de medidas que han elevado la efectividad en el enfrentamiento a este delito, como el empleo eficiente de nuevos medios y recursos, y conseguido una mayor y mejor coordinación entre los distintos órganos del MININT que participan en el enfrentamiento, así como de estos con otras entidades del Estado. Como resultado de ese accionar se han frustrado múltiples intentos de tráfico, tanto en el litoral costero como en nuestras aguas territoriales, cuyos autores han sido puestos a disposición de los tribunales».

No obstante, es un principio conocido que el enfrentamiento al problema migratorio es siempre responsabilidad compartida de las naciones receptoras, emisoras y de tránsito. Sobre este aspecto, el coronel Milián considera de gran importancia que las autoridades de los países utilizados por los traficantes de personas traten ese delito con toda responsabilidad y eviten su manipulación con fines políticos.

«Por implicar básicamente territorios de México y Estados Unidos, el delito del tráfico de cubanos genera nuevas tensiones en el área, de por sí incrementadas por el narcotráfico, poniendo en peligro la navegación, el turismo y le seguridad de nuestros países», expresó Milián.

Las tres naciones comparten las mismas aguas y son afectadas por este delito internacional, por lo que debe ser enfrentado de manera integral, desde todos los ángulos, tanto en los sitios de origen de los traficados como actuando sobre organizadores, cabecillas y ejecutores en sus lugares de residencia y puntos de partida. «Si se enfrenta decididamente y no hay impunidad ni mercado para los traficantes, no proliferará el tráfico de personas», aseveró.

El Jefe de casegura que con la ayuda decisiva del pueblo, sobre todo en las zonas costeras, su organismo se esfuerza por dar respuesta efectiva en el enfrentamiento a este delito, que ya recoge resultados alentadores. «Los traficantes no encontrarán en Cuba ni tolerancia, ni un pedazo de costa donde no se enfrente su comercio del crimen», advirtió.