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El respeto y la garantía de los derechos ciudadanos, así como la proporcionalidad entre el delito y la sanción, son principios que rigen la administración de justicia en nuestro país. Foto: Roberto Morejón Tres principios rigen la administración de justicia en nuestro país: la imparcialidad, la colegiación y la participación popular, reveló este jueves Emilia González Pérez, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, durante la mesa redonda informativa, que abordó el tema de los tribunales populares y la actividad judicial en Cuba.
La especialista explicó que nada ni nadie debe influir nunca en la decisión de un juez, y que las decisiones tampoco se toman unilateralmente, pues los juzgados están integrados siempre por tres o cinco personas.
«La participación popular —dijo— está dada por la presencia de los jueces legos, que son los mismos ciudadanos del pueblo, elegidos por sus compañeros de trabajo o por sus vecinos, con cualidades suficientes para desempeñar la función de impartir justicia y con los mismos derechos de los jueces profesionales».
La funcionaria hizo referencia al código de ética del sector, el cual ha sido refrendado por todos los magistrados del país, así como del sistema de atención a la población, que constituye una fortaleza, pues ayuda a detectar cualquier conducta inapropiada de un juez.
Por su parte, Carlos Manuel Díaz Tenreiro, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, manifestó que existe una adecuada celeridad en la tramitación de esos procesos.
«En relación con el Derecho de Familia, que es esencialmente social, estamos trabajando en el mejoramiento del procedimiento.
«Desde enero de 2008 se aplica una experiencia en los municipios de Guanabacoa, en la capital, y Placetas, en Villa Clara, que debe extenderse a otros tribunales del país, en la cual se han puesto en práctica nuevos procedimientos, como escuchar la opinión del menor y la de los abuelos».
Armando Torres, presidente del tribunal provincial de Ciudad de La Habana, expresó que el respeto y la garantía de los derechos ciudadanos, así como la proporcionalidad entre el delito y la sanción, son principios que rigen la administración de justicia en materia penal.
«Tenemos una práctica de más de 100 años realizando vistas orales, dijo. Eso nos proporciona una experiencia de oralidad y publicidad como garantía de nuestros procesos.
«En los tribunales municipales los delitos más frecuentes son la amenaza, el hurto y las lesiones, y la sanción que más se impone es la multa.
«En los tribunales provinciales los hechos más reiterados son el robo con fuerza en las cosas, el hurto, las lesiones y el robo con violencia o intimidación en las personas. La pena más habitual es la de privación de libertad».
También Ana María Mari, presidenta del tribunal provincial de Villa Clara, se refirió al trabajo de los jueces de ejecución, quienes se encargan de la reinserción social de aquellas personas sancionadas que fueron beneficiadas con excarcelación anticipada, y de las que cumplen sanciones sustitutivas de la privación de libertad o medidas de seguridad que no implican internamiento.
Expresó la dirigente que en el país existen 152 jueces de ejecución, los cuales han contribuido con éxito a la incorporación total a la sociedad de un gran número de personas que cometieron delitos.
