¿De marca estatal, a la vera del camino?

Autor:

Nelson García Santos

El último invento criollo que transita por las calles desnuda, como un mazazo, otra historia que tiene bastantes ingredientes de descontrol.

Es una muestra tangible de algo que parece, a estas alturas, casi inverosímil. Les escribo del inusitado negocio que algunos establecieron para adaptarles motores a bicicletas, triciclos…, y fabricar hasta vehículos de mayor envergadura.

En realidad está de moda este tipo de artefacto. Y sabemos que cuando algo alcanza tal categoría viene el frenesí por entrar en la onda, cueste lo que cueste. De ahí que las señales, desde la tribuna de la calle, indican que hay demanda de estos «inventos». En definitiva, dicen algunos, resultan más baratas de realizar las adaptaciones que comprar una en divisas.

Las noticias, a pesar de esa realidad, no son gratas para los involucrados en el negocio y los aspirantes a pasearse orgullosos por las vías en sus lindos artefactos fabricados, en parte, con piezas y accesorios comprados ilegalmente.

La Policía de Tránsito pone freno a la tendencia. En los últimos meses en Villa Clara ocuparon 12 bicicletas y triciclos a los que instalaron motores, además de siete tractores y hasta un pequeño jeep de cuatro plazas.

¿La materia prima? Les ofrezco un breve muestrario: utilizaron motores de turbinas pequeñas, de motomochilas, de esas que se pueden utilizar para la fumigación o el riego de fertilizantes y de plantas estacionarias de petróleo.

Los tractores están dotados de motores, vaya usted a saber de dónde los sacaron; y para colmo, en la construcción de algunos emplearon cajas de velocidad y diferencial de camiones, una verdadera amenaza para el tráfico, debido a que pueden alcanzar altas velocidades.

Lo ocurrido, o lo que ocurre ahora mismo, revela cuánto falta todavía para restablecer un verdadero control sobre los bienes materiales.

Es verdad que cualquier dueño de una bicicleta o un triciclo puede caer en la tentación, como ha sucedido, de adaptarles pequeños motores. Pero la cuestión esencial no solo radica en que la procedencia de ese y otros accesorios resulten, casi siempre, suministrados por la bolsa negra, sino en que incurren en una trasgresión penada por la ley, aunque hubiesen adquirido legítimamente los motores.

El Código de Vialidad y Tránsito, en su artículo 215, prohíbe la construcción de vehículos mediante el ensamblaje de partes y piezas nuevas o de uso cualquiera que fuera el título de adquisición de las mismas. Y el 216, precisa que ante la infracción de lo dispuesto se procede al decomiso del vehículo sin excluir la responsabilidad penal en que pudo incurrir.

Con la confiscación bien se puede cerrar el caso, pero los pequeños o grandes motores y otros accesorios de marca estatal, no están a la vera del camino. Tampoco son pequeños los peligros que acechan en calles y carreteras si se dejan proliferar a su libre albedrío estos inventos. Y, a buen entendedor, pocas palabras.

 

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