Rosa Frade, directora de Inspección Integral de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo. Autor: Calixto N. Llanes Publicado: 21/09/2017 | 04:57 pm
En Cuba todo está legislado; el asunto crucial es que se cumpla. Y para nadie es un secreto que en materia de legislación laboral y salarial, de seguridad y protección del trabajo y de seguridad social, el período especial y todas las dificultades económicas y desarticulaciones que sobrevinieron, erosionaron ostensiblemente la disciplina y el cumplimiento de las normativas.
El país se ve hoy inexorablemente obligado a fortalecer el valor del trabajo y la necesidad social y económica de este, con atractivos mecanismos estimuladores. Pero al mismo tiempo debe entregarles a los futuros trabajadores de la nación un universo laboral y de seguridad social respetable y respetado; que haga valer sus principios y legislaciones día a día, y vaya cerrándoles el paso a voluntarismos, ilegalidades y arbitrariedades.
Con tal propósito, la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo (ONIT), subordinada al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, se erige en un fidedigno sensor —y censor también— de cómo se asumen las normativas laborales del país por directivos, funcionarios y colectivos de trabajadores.
Juventud Rebelde conversó con Rosa Frade Santoyo, directora de Inspección Integral de la ONIT, para conocer de cerca la temperatura de esos asuntos, y cómo anda ese duelo entre legalidad y anarquía, entre norma y sinrazón.
—Muchas personas consideran que la inspección pasa, detecta y remueve, pero a la larga todo sigue igual…
—No sería tan absoluta. La ONIT, con 314 inspectores en todo el país, en el año 2009 realizó 10 974 inspecciones y detectó 29 869 infracciones de diverso tipo. Se ordenaron 25 253 disposiciones para enmendar esos errores, y al cierre del año se había cumplido el 71,4 por ciento de estas. Se clausuraron 138 instalaciones laborales y se aplicaron 1 108 multas, que se mueven en un rango entre 500 y 5 000 pesos cada una.
—Pero si la multa es a la entidad, eso le resbala al infractor…
—Lo que muchos no saben es que también multamos al responsable de la violación, de su propio bolsillo, en su gran mayoría a funcionarios. Por ejemplo, de esas multas que se aplicaron en 2009 por infracciones, el 55,2 por ciento fueron impuestas a responsables de diversas actividades.
—¿Las empresas de capital extranjero operan ajenas a la ONIT?
—Para la ONIT son sujetos de la inspección de trabajo todas las entidades laborales radicadas en el territorio nacional con capacidad jurídica para establecer relaciones laborales. Digamos que no solo el sector estatal, sino también el cooperativo, las asociaciones económicas internacionales, las empresas de capital totalmente extranjero, las sucursales y agentes de sociedades mercantiles foráneas y otras representaciones del exterior; con la mera excepción de las misiones diplomáticas y los organismos internacionales representados en el país. Por ejemplo, en 2009 impusimos 49 multas a sucursales de sociedades mercantiles extranjeras, en ciertos casos por la presencia de trabajadores ilegales, no comprendidos en los contratos.
—¿Las infracciones detectadas en 2009, a qué asuntos se remiten con más frecuencia?
—Violaciones en materia laboral, específicamente en la incorporación al empleo y las contrataciones, pagos indebidos, no adecuado registro del tiempo de servicio de los trabajadores; y también transgresiones en las normas de seguridad y protección del trabajo, entre otras.
—Es frecuente en los razonamientos de algunos funcionarios explicar las irregularidades en materia laboral y salarial, de seguridad y protección del trabajo y de seguridad social, a partir de las dificultades económicas y financieras del país…
—La mayoría de las infracciones que detectamos no tienen que ver con problemas de recursos. Lo que gravita es la negligencia y la falta de control sistemático. Incluso, muchos casos de seguridad y protección del trabajo no tienen que ver con asuntos materiales.
—Después de una inspección, ¿qué sucede además de las multas?
—Se dejan medidas que se deben cumplir para erradicar las violaciones, con un plazo de cumplimiento. Incluyen también medidas administrativas y disciplinarias. Se les dan a conocer al consejo de dirección de la entidad, para que obre en tal sentido; y se les dan a conocer a los Organismos de la Administración Central del Estado y la CTC, los sindicatos nacionales, los resultados de las inspecciones, para que exijan y adopten las medidas necesarias. Y en los casos de presuntos actos delictivos, se informa a la fiscalía competente y se solicita el inicio de procesamiento penal.
—¿Cómo garantizan que se enmiende lo detectado?
—Verificamos en las reinspecciones que realizamos, y por otras vías. También atendemos las denuncias y quejas de ciudadanos, entidades y organizaciones al respecto, y efectuamos las investigaciones correspondientes.
—Cuando ustedes detectan violaciones laborales, algunos son muy indulgentes a la hora de aplicar medidas disciplinarias y administrativas…
—Es cierto; se recurre sobre todo a la amonestación y al traslado a una plaza de inferior categoría… Las medidas no se aplican con la severidad que muchas veces se requiere. También el frente de Recursos Humanos se ha debilitado mucho, y no se desempeña en toda su riqueza y profundidad en todas partes. Presenta inestabilidad y mucha fluctuación laboral. Aunque este año ya se observa una aplicación más rigurosa de las medidas disciplinarias.
—Tengo la impresión de que no solo las inspecciones o las medidas severas al final de cada historia van a resolver las distorsiones laborales…
—Por mucho que nosotros detectemos, y por más medidas administrativas y disciplinarias que se tomen, el cumplimiento de la legislación se decide allá abajo en la empresa o el centro de trabajo. En la autorregulación está la fuerza.
Pero el periodista se cuestiona por qué falta la autorregulación en esos centros violadores… Aunque esa pregunta habría que hacérsela a otros…
