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Las entidades del sector estatal del país lograron, en el primer semestre de este año, reducir en 339 el número de accidentes del trabajo con respecto a igual período del año anterior; sin embargo, el incremento de su gravedad opaca los esfuerzos para restringir lo más posible un asunto de dramáticas consecuencias personales, familiares y sociales —además de económicas.
Al cierre del 31 de junio se reportaron en la nación 2 736 incidentes, con 38 víctimas fatales. Es decir, pese a la caída en el número de hechos, apenas hubo un fallecido menos que en los primeros seis meses de 2009, según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
En su publicación Protección del Trabajo. Indicadores seleccionados (enero-junio 2010), la ONE detalla que como consecuencia se perdieron 126,5 miles de hombres-jornadas y la recuperación de los lesionados requirió de un promedio de 46,2 días.
Los sectores con mayor accidentalidad fueron el de las industrias manufactureras —sin incluir la azucarera— y Salud Pública y Asistencia Social. En las empresas manufactureras ocurrieron, a su vez, el 26,3 por ciento de los hechos fatales.
En cuanto a ministerios, Agricultura e Industria Azucarera son los de mayor accidentalidad, mientras que Industria Básica tiene el más alto número de fallecidos. Desde el punto de vista territorial, Ciudad de La Habana es la provincia más vulnerable —con 696 lesionados— y mortal —con 12 casos—, no obstante, reportó una disminución en 145 accidentes.
Salud, dinero y dolor
La semana anterior, a propósito de la presentación a la prensa de la estrategia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre salud y seguridad laboral, María Elena Reyes García, jefa del Programa Nacional de Salud Ocupacional, subrayó que el trabajo no enferma, pero si se realiza en condiciones inadecuadas, estas afectan a las personas, reportaba la AIN.
Las empresas y sus direcciones son las principales encargadas de garantizar un ambiente laboral protegido. Los sindicatos y demás organizaciones deben velar y exigir porque se cree y mantenga. Y todos y cada uno de los trabajadores han de cumplir las normas de higiene y protección.
Un accidente laboral, con sus riesgos de invalidez o muerte, es un asunto institucional y social, pero también una cuestión personal: la pérdida temporal o permanente de las capacidades plenas de un individuo provoca, en lo sentimental y lo material, un giro de 180 grados en la dinámica más íntima.
La solidaridad de parientes y allegados, vecinos y compañeros —cualidad tan cara a los cubanos— pueden reducir el shock, el dolor y las carencias, pero nunca es igual, ni para la familia ni para la persona; amén del dolor físico y los traumas psicológicos remanentes.
En una escala mayor, las consecuencias para el país también son drásticas. Otra reciente publicación de la ONE señalaba que el país tuvo que desembolsar en el primer semestre, por subsidios pagados por enfermedad profesional y accidente de trabajo, 393,1 millones de pesos más con respecto al período anterior.
Además de los 2 736 accidentados, el abrigo del Estado debió extenderse a otros miles de personas declarados en enfermedad profesional y accidentes equiparados al del trabajo. En total fueron 20 462 cubanos, casi el doble de los contabilizados en el primer semestre del año anterior.
La publicación Seguridad Social. Indicadores seleccionados (enero-junio 2010) de la ONE, solo recoge el dinero contante y sonante que se ha entregado en calidad de subsidio, pero la suma es mucho mayor. Solo agréguensele las producciones dejadas de hacer o los servicios sin prestar —por el accidentado y quienes lo cuiden— y los gastos del sistema sanitario... Estamos hablando de miles de millones de pesos.
No es la economía el primer cálculo que debe salir a relucir cuando se habla de situaciones tan delicadas como la salud de los cubanos. Pero sin dudas, el bienestar físico individual y la salud de la nación están estrechamente unidos.
