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No podemos pretender que los lineamientos incluyan en detalle todo lo que necesitamos hacer para actualizar nuestro modelo económico, pues muchas de las sugerencias solo podrán tenerse en cuenta en la implementación de las decisiones o políticas diseñadas, coincidieron en señalar varios delegados de la Comisión 2 sobre aspectos globales de la economía.
Cada una de las cuestiones que discutimos hoy intentan resolver deficiencias que en muchos casos se han ocasionado por incumplir con lo establecido, refirió la delegada Teresa Amarelle Bué, de la provincia Las Tunas. De la manera en que asumamos su implementación, dependerá el éxito que alcancemos, concluyó.
Uno de los debates más enriquecedores se originó en el análisis de la política tributaria. Los especialistas en el tema explicaron los principios de generalidad y equidad que deben regir la aplicación de los tributos en el país, pero predominó la opinión de que es necesario también tener en cuenta las características de los territorios para su aplicación, en particular al momento de fijar las cuotas mínimas mensuales que deben pagar los trabajadores por cuenta propia correspondientes al impuesto sobre ingresos personales.
Varios delegados coincidieron en señalar la necesidad de que los consejos de la administración municipales cuenten con un mecanismo más expedito para solicitar al Ministerio de Finanzas y Precios la disminución de las cuantías mínimas, para adecuarlas a los poblados de menor desarrollo económico y zonas de menos actividad comercial dentro de las propias localidades.
Tales propuestas partieron de las inquietudes planteadas por delegados de varios territorios en relación con la experiencia más reciente en la ampliación de diferentes modalidades del trabajo no estatal, en provincias donde muy pocas personas han optado por un grupo de actividades por cuenta propia cuyas cuotas mensuales mínimas son altas.
Ningún territorio se parece a otro, incluso en una misma provincia es muy difícil comparar los ingresos de un cuentapropista en un área urbana y en una rural, valoró una delegada de la provincia de Holguín.
Al respecto se abordó la experiencia acumulada en los últimos cinco meses en la implementación de la política tributaria, la cual incluye la decisión de revisar anualmente las cuotas mínimas mensuales para hacer las modificaciones y correcciones pertinentes, según lo que planteen los territorios. Ello comprende, además, tener en cuenta los beneficios y las facilidades implementadas para el pago de los impuestos, así como las bonificaciones y los derechos y deberes de los contribuyentes.
Asimismo se discutió sobre la necesidad de lograr altos niveles de disciplina fiscal, entendida esta última como un indicador cuantificable que se irá alcanzando con una labor progresiva de exigencia y control.
Igualmente los delegados dedicaron especial atención a la política bancaria crediticia, dirigida en lo fundamental a brindar apoyo a aquellas actividades que estimulen la producción nacional. Ello comprende otorgar créditos bancarios al sector que opera bajo fórmulas no estatales de gestión, tales como los trabajadores por cuenta propia y los usufructuarios de tierra, y para la construcción y reparación de viviendas, entre otras actividades.
En cuanto a los diferentes elementos que deben confluir para lograr la unificación monetaria, varios delegados propusieron explicitar la importancia del sistema nacional de contabilidad dada su relevancia para el desarrollo económico. No obstante, hubo consenso en mantener la redacción propuesta, pues el avance en esta dirección contribuirá a que las acciones económicas tengan un reflejo más exacto en la actividad contable. Esto constituye uno de los problemas más complejos a resolver, apuntó el delegado Osvaldo Martínez, y dependerá también de otras variables económicas.
Al referirse a las políticas macroeconómicas, un delegado de la provincia de Granma señaló la necesidad de incluir la preparación de los cuadros y grupos negociadores, pues si ellos no están capacitados para asumir la tarea, es imposible que se realice con calidad.
La exportación de servicios, en particular los profesionales, incluyendo el análisis flexible de la contratación de trabajo individual como uno de los planteamientos resultantes de la discusión popular, fue un aspecto abordado dentro de la política económica externa.
En este punto se acordó incorporar la calidad como un elemento a tener en cuenta, junto con la racionalidad, para lograr una mayor eficiencia en la gestión importadora, en un amplio debate que contempló las preocupaciones de la población sobre este aspecto.
Hubo delegados que insistieron en la urgencia de un mejor control de los inventarios para evitar importaciones desordenadas, a lo cual Rodrigo Malmierca razonó que este aspecto va más allá del reordenamiento de las empresas de comercio exterior y depende de que el sistema empresarial plantee correctamente las demandas de compra fuera de las fronteras. Es en el contrato donde se tiene que prever qué se va a importar y con qué calidad, apuntó la delegada Juana María Pantoja.
Ambos aspectos están muy relacionados con la intención de diseñar una política de abastecimiento integral, cuestión incluida en otro capítulo del documento, precisó Yleana Rey.
La capacitación del personal que asume el proceso inversionista fue otro punto del análisis, a partir de una propuesta de hacerla explícita en uno de los lineamientos. Sin embargo, hubo consenso en que esta es una premisa para superar todos los problemas presentes en la economía, por lo cual debe ser una constante en la manera de actuar.
También se debatió sobre las funciones estatales de los consejos de la administración en la supervisión y control de las inversiones a su nivel, así como la importancia de la contratación como herramienta en la planificación y el control del proceso inversionista, con calidad y dentro de los plazos previstos en el cronograma de ejecución.
Tener en cuenta el riesgo sísmico, tanto para la construcción de viviendas como de cualquier tipo de obras, fundamentalmente en las zonas del oriente de la Isla, se incorporó a otro lineamiento aprobado por los delegados, luego de la explicación ofrecida al respecto por José Miyar Barrueco.
El reordenamiento funcional y estructural, así como las medidas que deben adoptarse para darle continuidad a la política de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, suscitaron también la polémica entre los delegados, quienes abundaron sobre la importancia de concebir la ciencia como un ciclo cerrado, con estándares máximos de calidad, precisión que se consideró necesario añadir.
Valoraron además las nuevas complejidades que enfrenta la ciencia cubana, a partir del cambio climático, la urgencia de incrementar la producción de alimentos y la compatibilidad de este propósito con la protección del medio ambiente.
Un delegado de La Habana manifestó su satisfacción por la referencia explícita a la protección de los bosques, más allá de su relevancia como objetivo económico, y se hizo extensivo ese cuidado a las playas y en general a toda la biodiversidad.
Se enfatizó también en propiciar un marco regulatorio para incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación a los procesos productivos y de servicios. Igualmente fue analizada la política de que los centros de investigación científica trabajen en función de las necesidades reales del país.
