Cuando la Revolución alcanzó su forma institucional

Con la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976, se le transfería a ese órgano el poder que en materia de acciones constituyentes y legislativas había ejercido el Gobierno Revolucionario durante 18 años

Autor:

Ana María Domínguez Cruz

Cuando el 2 de diciembre de 1976, hace 35 años, se constituyó la Asamblea Nacional del Poder Popular, como lo aseguró Fidel en esa sesión, cesaba el período de provisionalidad del Gobierno Revolucionario.

A partir de entonces, la Revolución que había triunfado el 1ro. de enero de 1959 adoptaba las formas institucionales definitivas, entre las que figuraba la Asamblea como órgano supremo del poder del Estado, asumiendo las funciones que la Constitución le asignaba.

En aquella sesión en el teatro Karl Marx, sede un año antes del Primer Congreso del Partido, Fidel aseveró que haber arribado a esa meta era un deber y a la vez un triunfo de más de una generación, especialmente de aquella que combatió contra Machado y que en ese momento inaugural estaba representada por Juan Marinello, presidente de edad de la Asamblea.

Es el mérito, la capacidad, la modestia, la entrega total al trabajo, a la Revolución y a la causa del pueblo lo que determina la confianza que la sociedad otorga a cualquiera de sus hijos… Por eso, todos los que están en la Asamblea son hombres y mujeres de incuestionable mérito, dignos representantes del pueblo para quienes estos cargos no entrañan privilegios sino deberes y responsabilidades, subrayó el Comandante.

«La dirección colegiada, el respeto irrestricto a la práctica de la crítica y la autocrítica, la legalidad socialista, la democracia y disciplina partidista y estatal y la inviolabilidad de las normas y las ideas básicas del marxismo-leninismo y el socialismo son los únicos valores sobre los cuales puede sostenerse una dirección revolucionaria», afirmó Fidel en aquel acto fundacional.

Con la instauración de este órgano y de otras estructuras administrativas, concluyó el histórico proceso de institucionalización de la Revolución mediante el cual, de manera formal, se le transfirió a la Asamblea Nacional el poder que en materia de acciones constituyentes y legislativas había ejercido el Gobierno Revolucionario durante 18 años. A partir de ese momento quedaba en manos de este órgano, por ejemplo, la aprobación de los planes económicos y el presupuesto de la República, entre otras altas responsabilidades constitucionales.

En lo adelante, insistió Fidel, correspondía a todos adaptarse a los nuevos cambios, trabajar con entusiasmo y confianza en las nuevas condiciones, cumplir las normas y luchar incansablemente para que las nuevas instituciones funcionaran de modo óptimo.

Cuba llega a los 35 años de aquel paso trascendental, envuelta en un profundo proceso de actualización de la economía y la sociedad que, como ha subrayado Raúl, debe apuntar hacia el afianzamiento de la institucionalidad revolucionaria, que incluye la solidificación de las funciones y el carácter del Poder Popular y de la máxima Asamblea que lo representa.

Se trata, sin dudas, de un paso vital para que se siga cumpliendo la voluntad expresada en la Constitución y portadora del anhelo de José Martí de que «…la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre».

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