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Cuba privilegia las medidas alternativas a la privación de libertad

El sistema de justicia penal cubano privilegia la atención y control de quienes cumplen su sanción en libertad, y vela por su inserción laboral y social, trascendió este viernes en la clausura del VII Taller sobre Control, Influencia y Atención a Sancionados

Autor:

Ana María Domínguez Cruz

En nuestro país, donde existe un sistema de justicia penal como pocos y es una prioridad salvar a los hombres y no lanzarlos al abismo luego de haber cometido un error, es motivo de orgullo un sistema que privilegia la atención y control de quienes cumplen su sanción en libertad, y vela por su inserción laboral y social.

Lo anterior fue expresado este viernes por Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, durante la clausura del , que se celebró en el Centro de Convenciones de Cojímar, en la capital.

En el socialismo no se abandona a nadie porque cada individuo es importante para la sociedad —añadió—, por eso en Cuba, a pesar de las dificultades económicas y el bloqueo impuesto por Estados Unidos, privilegiamos medidas alternativas a la privación de libertad y despojamos de «etiquetas» a quienes cumplen una pena, con la intención de que tengan su espacio y se sientan partícipes del proyecto colectivo.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, afirmó que los sancionados tienen el derecho y el deber de trabajar, por lo que es necesario, en la comparecencia legal, que presenten su opción de empleo, a partir de su autogestión.

«El trabajo en el sector estatal es una prioridad, pero cada vez lo es más en el sector no estatal, fundamentalmente en el cooperativismo y, luego, en el trabajo por cuenta propia, a partir de las modificaciones realizadas el año pasado en correspondencia con la actualización de nuestro modelo económico», agregó.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, enfatizó que los sancionados están en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos para aspirar a un empleo, independientemente de su estatus legal, por lo que ya la posición de rechazo hacia estas personas que existía antes ha sido sustituida por la aceptación.

El rol del juez de ejecución es vital, y es esa una de las principales transformaciones de nuestro proceso judicial, aseguró el coronel Irán Rodríguez, primer segundo jefe de la Dirección Nacional de la Policía Nacional Revolucionaria. Sin embargo, la clave del éxito no está solo en sus manos, sino en todas las instituciones y organizaciones de masas que, en la comunidad, trabajan directa y cotidianamente con estas personas y sus familias.

Estuvieron presentes en la clausura del evento Joaquín Bernal, vicejefe del departamento de Organización del Comité Central del Partido; Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de los CDR, y directivos de la CTC, la ANAP, la Fiscalía General de la República, entre otros.

 

 

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