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Espaldarazo a los proyectos de vida de los ciudadanos

La dinamización de las fuerzas productivas del país es el espíritu que anima la nueva apertura en la política crediticia y las excepciones para el pago en CUC de personas jurídicas a naturales, anunciadas esta semana en la Gaceta Oficial de la República

Autores:

Ricardo Ronquillo Bello
Margarita Barrios
Ana María Domínguez Cruz
Mayte María Jiménez

La actualización no es un proyecto que busque mejorar solo la economía del país, sino también los proyectos de vida de los ciudadanos.

Ese es el espíritu que anima las disposiciones publicadas en la Gaceta Oficial de la República No. 004, Extraordinaria de este 21 de febrero, en la que se recogen las instrucciones 1, 2 y 12 del Banco Central de Cuba, y las Resoluciones 32 y 80 del Ministerio de Economía y Planificación y del Ministerio de Finanzas y Precios.

Las nuevas normativas, precisó Juana Lidia Delgado Portal, jefa del Grupo de Políticas Macroeconómicas de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del VI Congreso del Partido, ofrecen mayores posibilidades a las personas naturales cubanas de cumplir con sus proyectos de vida, porque abren más el acceso a créditos del sistema bancario.

Durante una conferencia de prensa este viernes en la sede central del Banco de Crédito y Comercio, en la capital, la funcionaria detalló los alcances de las medidas, junto a Francisco Mayobre Lence, vicepresidente del Banco Central de Cuba; Yohana Odriozola Guitar, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación; Yenisley Ortiz Mantecón, directora jurídica del Ministerio de Financias y Precios; y Marilé León Simón, secretaria del Banco Central de Cuba.

Ana Lidia subrayó que este paso forma parte del propósito de actualización del modelo económico de la nación, y apuesta por dinamizar sus fuerzas productivas,

En el encuentro con la prensa se aclararon dudas e inquietudes relacionadas con la implementación de estas normas, complementarias del Decreto-Ley 280, emitido en diciembre de 2011.

«Cada vez que el país no encuentra algún ente que sea capaz de satisfacer una demanda, el Estado se ve obligado a importar; por ello es imprescindible crear condiciones que permitan el desarrollo económico que tanto necesitamos», sostuvo.

Agregó que estas normas forman parte importante del proceso de implementación de la política económica y social del Partido y la Revolución, y se corresponden específicamente con los Lineamientos 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15 y 16, y del 50 al 53, todos referidos a la potenciación de otras formas de gestión no estatal y a las posibilidades de créditos a las personas naturales. Además contribuirán a una mejor forma de gestión de las entidades estatales, algo hacia lo que avanza el país.

Salto en la política crediticia

Como algo inédito en el ámbito bancario en la etapa revolucionaria calificó Francisco Mayobre Lence la ampliación de las posibilidades para acceder a créditos sin que estos deban tener como garantía los ingresos en dinero de los aspirantes o de otros codeudores.

Mayobre reconoció que estas medidas todavía no satisfacen las aspiraciones que en este sentido puedan tener todos los sectores de la sociedad, pero es un salto importante, pues antes la base del crédito estaba montada esencialmente sobre los ingresos salariales.

Con las nuevas disposiciones los interesados pueden entregar bienes como garantía. A partir de ahora los bancos aceptarán, además de dinero, prendas, joyas, alhajas o cualquier otro bien de metal o piedras preciosas, objetos de valor cultural, vehículos de motor, bienes agropecuarios, viviendas destinadas al descanso o veraneo y solares yermos.

El Vicepresidente del Banco aclaró que cuando se ofrezcan en garantía bienes como los anteriores, las instituciones bancarias requerirán los certificos de titularidad, expedidos por el registro donde consten, con excepción de los bienes patrimoniales y las alhajas.

Otra particularidad es que a esos bienes se les certificará su valor en dinero por entidades autorizadas; y algo muy novedoso, por vez primera también se reconocerán los precios fijados por el mercado.

El funcionario dijo que el banco comprobará, de forma previa al análisis de riesgo, la existencia del bien, su estado físico o técnico, y en caso de dudas a partir de la revisión, el valor del bien, para lo que podrá contratar los servicios de las entidades correspondientes.

Por ejemplo, precisó Mayobre que en el caso de joyas, alhajas o cualquier otro bien de metal o piedras preciosas, no se exigirá inscripción registrada, sino que se aceptará como valor estimado el que refleje la certificación realizada por la Corporación CIMEX S.A., a través de su División Coral Negro.

Pero, aclaró, el banco participará en el acto de valoración en dinero de los bienes, según su naturaleza; y podrá comprobar en el registro que corresponda, que el titular de este consta como su legítimo propietario.

Refirió que cuando la prenda se constituya con desplazamiento del bien, los bancos custodiarán estos productos otorgados en prenda hasta la total amortización del crédito.

Mayobre Lence advirtió que la esencia de estas normativas no es el apoderamiento de las garantías, pues las mismas son la última opción a la que se acudirá para el pago de la deuda, la cual ahora tiene diversas alternativas para su respaldo.

Otra novedad en la práctica bancaria y económica del país es que las empresas estatales podrán convertirse en garantes de los créditos de personas naturales. Se establece que las entidades estatales que arrienden inmuebles, locales u otros bienes a trabajadores por cuenta propia y a otras formas de gestión no estatal, pueden conceder garantías para el cumplimiento de las obligaciones en los créditos que soliciten los arrendatarios a las instituciones financieras.

Mayobre precisó que cuando trabajadores arrendatarios de inmuebles, locales u otros bienes de entidades estatales soliciten créditos para la reparación de los mismos, en los que ofrezcan garantías de entidades estatales, el Banco, previo al análisis de riesgo, exigirá al solicitante del crédito la presentación del documento emitido por la entidad estatal.

«Este aval debe recoger una constancia de la aceptación para actuar como fiador de la persona que solicita el crédito», puntualizó.

CUC la excepción, no la regla

La Resolución No. 101/2011 establece que los pagos de las personas jurídicas cubanas a las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal y a los agricultores pequeños con tenencia legal de la tierra se realiza en pesos cubanos y que, en casos excepcionales, podrían ejecutarse estos pagos en pesos convertibles (CUC), previa autorización del Ministerio de Economía y Planificación (MEP).

Ello es precisamente lo que ocurrió el pasado 21 de febrero con la Resolución 32/2013, complementaria del Decreto-Ley 289.

Según explicó en el diálogo con los periodistas Yohana Odriozola Guitar, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación, las personas jurídicas cubanas podrán, si lo tienen aprobado en su presupuesto anual, pagar en CUC los servicios de alimentación que oferten personas naturales en calidad de trabajadores por cuenta propia.

La Resolución dictamina que las entidades presupuestadas y las personas jurídicas del sector del turismo podrán a partir de ahora decidir qué servicios pagarles en CUC a las personas naturales, a partir del análisis de las actividades que el sector demande y que se ofrezcan en el sector del trabajo por cuenta propia.

Además de los servicios de alimentación se pueden contratar aquellos relacionados con reparaciones menores, plomería u otros que demanden y se podrán pagar en cheques, tarjetas, pagarés, letras de cambio, cartas de crédito local y otros, siempre excluyendo el efectivo.

«Este mecanismo en el sector del turismo no es nuevo, pues ya se ha implementado mediante la autorización de las ventas directas de productores agropecuarios a entidades de este sector; lo que sucede es que ahora se extiende», aclaró la funcionaria del Ministerio de Economía.

Yohana Odriozola significó que existen algunos servicios que las empresas utilizan ya con asiduidad, que son de pequeños montos y tienen una aceptación, como por ejemplo, reparaciones menores de equipos, de vehículos y poncheras, así como de alimentación.

«Hay que tener en cuenta que solo ha transcurrido un año luego de que esta posibilidad se estableciera y su utilización tiene que ver también con cambios de mentalidad y con la información que se pueda prestar sobre el tipo de servicio que se brinda, pues de alguna manera el cuentapropista se tiene que acercar a la entidad estatal y viceversa».

Juventud Rebelde: ¿Cuántas personas han accedido a créditos desde diciembre de 2011, fecha en la que entró en vigor el Decreto-Ley 289?

—Francisco Mayobre Lence: Se han otorgado hasta la fecha más de 210 000 créditos por un valor de 1 200 millones de pesos, de los cuales la mayoría se solicitó para la construcción y reparación de viviendas.

«Alrededor del 30 por ciento de esa cantidad monetaria le fue concedido a damnificados por el huracán Sandy, a quienes el país priorizó en el último cuatrimestre del año. Tras el paso de ese ciclón se priorizó la entrega de créditos a las personas afectadas en un lapso que no superó las 24 horas. Fue preciso movilizar personal desde cinco provincias para agilizar ese proceso».

JR: Cuando se establece que el valor del bien dado en garantía tomará en cuenta los precios del mercado, se refiere al que hoy se establece entre las personas normalmente.

—Francisco Mayobre Lence: El valor del bien se regirá por los precios establecidos por las personas naturales cubanas en sus relaciones interpersonales.

—Juana Lilia Delgado Portal: Las personas que solicitan créditos lo hacen para el impulso de sus proyectos individuales, y somos conscientes de que no les resultaría viable tomar en prenda los precios establecidos por las entidades, sin tener en cuenta los que se conforman por la ley de oferta y demanda en el mercado.

«Las personas deberán contar con una certificación del valor del bien, expresado en dinero, la cual tomará en cuenta los precios del mercado.

«Esta certificación la hará Intermar, una institución especializada en la evaluación de activos. Para ello hemos preparado a las instituciones financieras, en pos de que asimilen que ese objeto tiene un precio diferente, y variable a partir de las tendencias del mercado, lo cual también influirá en los análisis de riesgo.

—Marilé León Simón: No sucede así en el caso de las viviendas que decidan utilizarse como garantía, que son las de descanso o veraneo. En esos casos el valor de la casa se rige por el precio oficial establecido.

JR: ¿Esta apertura responde al hecho de que hayan ocurrido irregularidades en el proceso de otorgamiento de créditos? ¿Ha sido preciso embargar algún bien a los acreedores?

—Francisco Mayobre Lence: Los plazos de los créditos concedidos aún no han vencido, por lo que no hemos tenido ese tipo de experiencia.

«En cuanto a estas nuevas normativas, en el artículo 9.1 del Decreto-Ley 289 quedó establecido que el Banco debía emitirlas para complementar la legislación, y es lo que de manera natural estamos haciendo.

«Con estas normas debe crecer el número de personas que soliciten créditos y también el importe de estos».

—Periódico Trabajadores: ¿Por qué no se incluyó entre las posibles garantías de los créditos la propiedad de la tierra, cuando sí se contemplaron bienes agrícolas?

—Marilé León Simón: El respeto a la propiedad de la tierra está en correspondencia con el que la Revolución estableció para la propiedad personal. No puede olvidarse que la actualización defiende el sentido de la justicia que fundó la Revolución.

«Como mismo no se propuso como garantía la vivienda de residencia permanente, y sí la de descanso o veraneo, tampoco puede aceptarse como garantía la tierra de la que se es propietario, porque en nuestro país no se desaloja a nadie de su casa, ni se les priva de sus propiedades esenciales».

JR: A la Redacción de nuestro periódico han llegado cartas de lectores en las que se denuncia que, a pesar de existir la facilidad de contratación de las empresas estatales a los trabajadores por cuenta propia, no se usa esta alternativa. ¿Hay alguna forma en que puedan eliminarse esos prejuicios?

—Juana Lidia Delgado Portal: Esto forma parte de un proceso al que todos debemos ir adecuándonos, en la medida en que se ponga en práctica. Es el comienzo y no es fácil cambiar la mentalidad de un día para otro.

«Con la aprobación del pago en CUC a los trabajadores por cuenta propia por parte de las personas jurídicas cubanas se inicia una serie de transformaciones en la manera de pensar y actuar con estas contrataciones».

JR: ¿El hecho de que el pago a los trabajadores por cuenta propia deba contemplarse en el presupuesto anual de las entidades no pudiera convertirse en un freno o retardar la solución de problemas que se presenten de manera imprevista?

—Yohana Odriozola: Es preciso aclarar que en el presupuesto anual de las entidades no existe una partida específica para estos pagos. El pago se puede hacer en base al dinero con que se cuenta para las distintas partidas. Y claro que tendrá límites en correspondencia con los montos que se incluyen en cada una de estas.

JR: ¿Hasta qué monto podría pagar una empresa o unidad presupuestada a un trabajador por cuenta propia? ¿Cómo garantizar que no se convierta ello en un negocio entre ambas partes que favorezca la corrupción?

—Yohana Odriozola Guitar: Los límites del monto son establecidos por la misma empresa o unidad presupuestada, en dependencia de sus condiciones financieras. La legislación no establece límites, pues estos quedan regulados a partir del presupuesto con el que cuente la unidad.

«Para evitar que se convierta en un negocio entre ambas partes, y que con esto se le abra una puerta a la corrupción, deberemos implementar mecanismos que garanticen la transparencia de estas acciones. Uno de estos puede ser la licitación, mediante la cual estos procesos pueden llegar a ser más abiertos y transparentes para todos.

JR: ¿Bajo qué lógica se restringe el pago en CUC solo en los servicios de alimentación y para el turismo, cuando esa moneda se maneja en toda la economía?

—Francisco Mayobre Lence: Creemos que hay que partir del hecho de que es una excepción. Tenemos una situación de dualidad monetaria y lo que se pretende es reforzar el CUP.

«Esto tiene que ver con políticas macroeconómicas y temas de recursos financieros en la economía en manos de la población, y entendamos también que la diferencia entre el cambio oficial y el que tenemos en CADECA hace que, cuando usted pone un CUC en manos de la población está multiplicando por 24, y hay necesidad de balancear, para que no se devalúe la moneda.

«Por ello se decidieron los sectores que por determinada razones tienen una importancia vital, que necesitan competitividad y tienen un alcance general, como puede ser la alimentación.

«Esta es una norma, como otras muchas, que están en función de la dualidad monetaria. Tenemos la necesidad de mantener estos equilibrios internos, incluso en el experimento empresarial que se está diseñando en el país, que forma parte de un grupo representativo de Lineamientos en el cual se reconoce a la empresa estatal socialista como el sujeto fundamental de la economía, y estamos diseñando que solo trabajen con CUP.

«Tenemos que tomar medidas que permitan de alguna manera abonar el camino para que, en el momento que sea posible, lleguemos a una única moneda».

JR: ¿Qué interés puede tener una empresa estatal en convertirse en garante de un trabajador por cuenta propia?

—Yenisley Ortiz Mantecón: Esta es una vía que se está gestando, mediante la cual el presupuesto del Estado, como figura, asume también la responsabilidad de ser garante de estas personas que han accedido a nuevas formas de empleo, como es el trabajo por cuenta propia.

«En el caso de que la empresa estatal acceda a ser el garante de este crédito, se hace un análisis financiero económico de la entidad.

«Se supone que la primera interesada en que avancen las actividades no estatales en los lugares arrendados sea la empresa propietaria, pues ese es su espacio, y el éxito de esas personas es también el de la empresa.

«Este es un paso de avance, aunque estamos claros de que siempre no podrá ser así; pero hay casos en los que la empresa estatal tiene un interés en respaldar a ese trabajador».

—Marlié León Simón: Quisiera adicionar que estas personas naturales son arrendatarios; por lo tanto el arrendador es la empresa, y más que nadie tiene interés en que se realice la actividad comercial con sus bienes.

«Por ello se distribuye la responsabilidad entre varias instituciones: el propietario del local, el Banco que da el dinero, y esa persona que se va a involucrar en el proyecto, que invierte esfuerzo en su negocio».

JR: En los últimos tiempos se reconoce en el país el método de subastas. ¿Cómo se organizarán y por quién, teniendo en cuenta la variedad de bienes que se subastarían?

—Juana Lilia Delgado Portal: Estos son procesos que se revisan ahora en el país, pero que han de caracterizarse por la transparencia. Estamos incorporando la subasta comercial, además de la jurídica, y esta será desarrollada por las empresas vinculadas como garantes.

«Estas empresas implicadas serán las encargadas de realizar y organizar las subastas, y ya se trabaja para aprobar una ley que regule el funcionamiento de las subastas».

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