El Sexto Congreso: dos años después (segunda parte)

El Sexto Congreso abrió sus puertas en la tarde del 16 de abril del 2011. Una parte apreciable del Informe Central presentado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en su condición de Segundo Secretario del Comité Central, se dedicó a valorar el proyecto de Lineamientos. El debate posterior de los delegados se centró en este tema crucial, dando continuidad al proceso desarrollado en todo el país desde diciembre.

El Congreso, tras evaluar los dictámenes de las cinco comisiones creadas, aprobó los lineamientos y tomó varios acuerdos encaminados a garantizar su cumplimiento.

En primer lugar, orientó al Gobierno la creación de una Comisión Permanente que tuviera la responsabilidad de coordinar y controlar, de manera cotidiana, las acciones de todos los involucrados en la implementación de los lineamientos aprobados, proponer la incorporación de otros, organizar la preparación de los cuadros y conducir la divulgación del proceso. Todo ello sin menoscabar las funciones que corresponden a cada organismo de la administración central del Estado.

Además, recomendó a la Asamblea Nacional, al Gobierno y al resto de los organismos implicados la elaboración y aprobación de todo el andamiaje jurídico necesario para respaldar las modificaciones —funcionales, estructurales y económicas— que fuese necesario adoptar.

Y, finalmente, definió la responsabilidad del propio Partido para controlar, impulsar y exigir, a todos los niveles, el cumplimiento de los lineamientos aprobados.

En correspondencia con lo acordado por el Congreso se constituyó la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo de los Lineamientos, integrada por compañeros altamente calificados de los distintos organismos del país, la gran mayoría de los cuales venían trabajando, desde el período previo al Congreso, en la conformación del proyecto de lineamientos.

En estos dos años, asumiendo el mandato del Congreso, han sido muchas las medidas adoptadas para ir actualizando el modelo económico. Hasta las aparentemente más sencillas, porque significaban eliminar viejas prohibiciones (como, por ejemplo, la autorización para la compraventa de autos y viviendas), implicaron un arduo trabajo por la cantidad de normas jurídicas de distinto rango que era necesario tener en cuenta, modificar o derogar.

¿Cómo lograr que el proceso de implementación de los 313 lineamientos contara con la suficiente armonía e integralidad y se tuviera en cuenta su interrelación, o sea, que no «chocaran unos con otros» o se formaran «cuellos de botella»? Para ello se elaboró una Proyección estratégica de implementación 2012-2015, que posibilitó agruparlos en 55 objetivos. Estos, a su vez, tienen una salida concreta en 188 actividades, que se van materializando paulatinamente.

Se han tomado importantes decisiones relacionadas con la agricultura: el Decreto-Ley 300 y otras normas jurídicas que se le vinculan, que dan facilidades adicionales a los usufructuarios; 17 medidas para liberar las ataduras que limitan el funcionamiento de las UBPC, y la posibilidad de que los distintos productores agrícolas puedan vender directamente a las instalaciones turísticas, entre otras. En este 2013 se darán pasos iniciales en la transformación de la comercialización de las producciones agropecuarias, que ha sido el talón de Aquiles durante muchos años.

Es palpable el crecimiento del trabajo no estatal: ya el número de cuentapropistas sobrepasa los 400 000, se han ampliado las actividades que pueden ejercer y se autorizó que las entidades estatales contraten sus servicios, incluso en CUC. Se aprobó el arrendamiento de 1 183 locales de gastronomía, que ya se está ejecutando. Tiene una importancia estratégica la constitución de las primeras cooperativas en sectores no agropecuarios (ya el Consejo de Ministros aprobó más de cien), proceso que irá tomando cada vez más fuerza.

La venta de materiales de la construcción ha crecido exponencialmente, y en el plan del 2013 debe superar la cifra de 2 300 millones de pesos. Ha tenido un impacto significativo la concesión de créditos a la población. Hasta diciembre del pasado año se habían otorgado 85 000 créditos por un monto de casi 600 millones de pesos. El 91 % de esos créditos fueron solicitados para la compra de materiales de la construcción. Se habían concedido también hasta la fecha casi 8 000 subsidios para acciones constructivas por más de 226 millones de pesos. En el caso de las provincias afectadas por el huracán Sandy, aplicando el principio de que nadie quedará desamparado, el Gobierno decidió bonificar en un 50 % los precios de los materiales de la construcción, sin excluir el subsidio parcial o total para las personas con menores ingresos o imposibilitadas de trabajar.

Estas son solo algunas de las medidas ya en ejecución que han tenido un impacto más directo en la gente. El análisis a profundidad de todo lo realizado sobrepasa con mucho los objetivos de este trabajo, pero los ejemplos anteriores son un botón de muestra de que se avanza.

Tras las medidas de estos dos primeros años, lo más complejo está por venir. Comienzan los experimentos en un grupo de organizaciones estatales seleccionadas, con el objetivo de ensayar modernas técnicas de gestión, a la par que se les otorga una mayor autonomía y facultades superiores en su actividad económica y financiera. Los experimentos permitirán ir probando a pequeña escala las transformaciones previstas, evaluar los resultados y sobre la base de las correcciones que sea necesario introducir, ir posteriormente extendiendo esas experiencias al resto de las empresas del país.

La actualización del modelo económico es un proceso sostenido, que llevará no menos de un quinquenio. Se viene materializando evitando los apresuramientos indebidos —que luego habría que lamentar—, pero sin detenerse. O sea, como se ha repetido, «sin prisa, pero sin pausa». El ritmo depende no tanto de la voluntad (si así fuera, quién duda de que iríamos tan rápido como Usain Bolt), como de las condiciones objetivas y la complejidad de los temas, siempre asegurando el apoyo y comprensión del pueblo, sin bandazos que pongan en riesgo lo ya alcanzado y —lo más importante- la unidad de la nación.

Por ello ha sido y continuará siendo decisivo mantener «los pies y los oídos bien pegados a la tierra» para sopesar las consecuencias sociales de cada paso y detectar a tiempo errores y desviaciones.

En cada una de las sesiones de la Asamblea Nacional —que acordó el 1ro. de agosto del 2011 respaldar y aprobar los lineamientos—, la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo ha rendido cuentas de su gestión ante los diputados electos por el pueblo. El balance, semestre a semestre, de cuanto se ha realizado, es realmente impresionante a los ojos de cualquier observador objetivo.

Por su parte, el Partido ha tenido como una de sus prioridades, desde los núcleos hasta el Comité Central, el control de la marcha de la actualización del modelo económico. En cada centro de trabajo, en cada municipio y provincia, las organizaciones de base y los organismos partidistas dedican tiempo y esfuerzos a ello. Dos veces al año, con el rigor que corresponde, los Plenos del Comité Central han analizado el tema. Una Comisión del Buró Político lo hace sistemáticamente.

No caben dudas de que lo acordado por el Congreso con relación a los lineamientos no se ha engavetado. El país se mueve en la dirección prevista: un socialismo renovado. Se van creando las condiciones para hacerlo sustentable y próspero. Entre todos, podemos lograrlo, pero para ello queda mucho por hacer todavía.

El Congreso no solamente abordó temas de índole económica. También trató otros asuntos y tomó decisiones de especial relevancia para el Partido y para el país en su conjunto. ¿Cuáles fueron? ¿En qué medida se han cumplido, dos años después? Ese será el tema del próximo trabajo. (Continuará)