El destino es joven

Las leyes cubanas protegen especialmente a quienes tienen en sus manos el futuro del país

Autor:

Margarita Barrios

EL 17 de diciembre de 1999, por la Resolución 54/120, adoptada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en concordancia con la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, realizada en Lisboa, Portugal, se acordó que el 12 de agosto fuera declarado Día Internacional de la Juventud.

De esta forma el organismo mundial ponía su acento en un tema de gran sensibilidad internacional, dada la relevancia de este sector en el futuro de la humanidad, algo en franco contraste con lo que sucede en no pocos espacios del planeta con respecto a las políticas que se aplican para la promoción de sus derechos y oportunidades.

«Construyendo un mundo mejor: asociándonos con los jóvenes», fue el primer tema que convocó a la juventud mundial en un llamamiento a establecer asociaciones para beneficio de ellos, y desde entonces todos los años se lanza una idea sobre la cual se establecen los debates.

El solo repaso de los temas propuestos por la ONU para cada celebración anual es ya una expresión de las desventajas y problemáticas que enfrentan las nuevas generaciones a escala planetaria: Jóvenes migrantes, hagamos avanzar el desarrollo; Cambiemos nuestro mundo; El diálogo y la comprensión mutua; La sostenibilidad, nuestro reto y nuestro futuro; Ser vistos, ser oídos, la participación en el desarrollo; Encarar juntos la pobreza y la juventud en una sociedad intergeneracional…

Son duras las situaciones que viven amplias masas de jóvenes a nivel mundial, entre estas ser víctimas de elevadas tasas de desempleo, condiciones de trabajo vulnerables y marginación respecto a los procesos de adopción de decisiones.

Más de 200 millones de jóvenes en el mundo viven en la pobreza y más de 80 millones son víctimas del analfabetismo y el desempleo, según datos de los mismos organismos internacionales. Ese grupo social es el más golpeado por la crisis económica, social, política y medioambiental que sacude al planeta. En las sociedades de consumo ellos son los que más vicisitudes enfrentan y los que menos oportunidades tienen.

Ello ocurre pese a que sin la mano de los jóvenes es imposible edificar el porvenir. Con la creatividad que les permite la edad, ellos son portadores de ideas nuevas y de la fuerza real para ejecutarlas. No es casual que el presidente Rafael Correa, quien lidera la Revolución Ciudadana en Ecuador, dijera en la apertura del XVIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que es a este sector a quien le corresponde cambiar el injusto orden mundial actual.

En la Cuba revolucionaria, sin embargo, ser joven es un privilegio que se concreta pese a presiones externas y dificultades económicas internas. La posibilidad de estudiar para ser más útiles a la sociedad está presente en cada empeño institucional, y es un derecho universal consagrado en la Constitución y cumplido en la vida práctica, además de que son protegidos laboralmente.

Ejemplos podrían ponerse muchos, entre ellos la Ley de Maternidad que vela por la joven madre trabajadora, así como puede encontrárseles a ellas como integrantes del Parlamento o dirigiendo en los diversos niveles del Poder Popular.

Igualmente los jóvenes cuentan con organizaciones estudiantiles, juveniles y de masas donde pueden hacer valer sus opiniones y derechos. Al terminar sus estudios universitarios, junto con sus diplomas de graduados reciben una boleta de ubicación laboral.

La infancia es también considerada en Cuba como el mayor tesoro de la sociedad. Por ello la legislación patentiza su protección, y les brinda oportunidades y posibilidades reales de inserción.

Los niños cubanos tienen garantizados alimento, casa, escuela, salud y otros beneficios gratuitos, así como todo un pueblo velando por su bienestar.

En nuestro país los infantes crecen con sus derechos asegurados, tienen como su principal deber el de estudiar, para formarse como hombres y mujeres de bien, y con la tranquilidad de sentirse seguros, pues el Estado y toda la sociedad velan por su protección.

Cuba firmó la Convención sobre los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990, y la ratificó el 21 de agosto de 1991. Dicho instrumento entró en vigor el 20 de septiembre de ese mismo año y es estudiado por los infantes del país, quienes aprenden a reconocerlo.

No obstante, el Estado cubano no esperó por la adopción de ningún tratado o cumbre internacional para consagrar su voluntad de proteger y garantizar los derechos de la infancia.

Desde la década de los 60 del pasado siglo entraron en vigor medidas, programas y una legislación que asegura que niños y adolescentes son titulares de los mismos derechos de que gozan los adultos, más otros específicos derivados de su condición de personas que están creciendo.

En ese entonces Cuba ya contaba con una serie de normas jurídicas que brindaban una protección especial a los menores, desde la Ley de la Maternidad de la Trabajadora, de 1974; el Código de Familia, de 1975, y el Código de la Niñez y la Juventud, de 1978, que se adelantó a la Convención en cuanto al tema de la participación del joven.

A partir de 1991 estas normas se atemperaron al principio del interés superior del niño presente en el texto de Naciones Unidas. Por ejemplo, en 2003, el Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley No. 234, que respalda la responsabilidad de ambos padres en el cuidado de los hijos, y en 2007 se dictó la Instrucción 187 del Tribunal Supremo Popular, que establece que en aquellos procesos de naturaleza familiar, el menor debe ser oído por el tribunal que conoce del asunto, en un ambiente propicio.

Pero las leyes por sí mismas no garantizan todo. Más allá de lo que hace el Estado para que los pequeños disfruten de una infancia feliz, es imprescindible que se involucre en su implementación la sociedad en su conjunto, cada familia, cada persona.

Por ello es tan importante la constante labor de organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas y de los trabajadores sociales, así como la escuela, entre otras instituciones que tienen entre sus objetivos velar por que todos disfruten de una niñez sana.

El cuidado de la infancia ha de materializarse con certeza jurídica; la ley ha de ser reguladora de la convivencia social. Y la familia, la escuela y la comunidad han de responder, conscientes del papel que les toca desempeñar.

Cuba exige de padres y tutores, por ley, que los niños y las niñas asistan a los centros escolares de manera obligatoria hasta el noveno grado, o sea, a las enseñanzas primaria y media.

Luego se les garantiza a todos la continuidad de estudios, es decir, formarse como técnicos de nivel medio, obreros calificados o acudir a los institutos preuniversitarios para acceder a la Universidad.

El desarrollo alcanzado por el sistema sanitario, en constante perfeccionamiento, ha permitido en los últimos años una tasa de mortalidad infantil por debajo de cinco por cada mil nacidos vivos, y que casi el ciento por ciento de los partos sean institucionales.

Otro de los logros de Cuba en este campo es el control de enfermedades transmisibles y que los pequeños reciban su vacunación gratuita, que los protege de 13 enfermedades.

Así, normas establecidas protegen a los niños y a los jóvenes cubanos, para que, sin saltar tiempos, deseos y oportunidades, puedan desarrollarse plenamente y, llegado el momento, asumir el lugar de los mayores.

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