El Trigal da sus primeros pasos - Cuba

El Trigal da sus primeros pasos

El primer mercado mayorista de abasto de productos agropecuarios del país responde a un viejo reclamo: eliminar trabas en la comercialización agrícola. Como todo lo que empieza, precisa de perfección y, para hacerlo con objetividad, es preciso conocer sus debilidades

Autor:

Marianela Martín González

Tras casi año y medio de concepción, felizmente el 18 de diciembre comenzó a funcionar El Trigal, el primer mercado mayorista de abasto de productos agropecuarios del país.

Una cooperativa no agropecuaria con nombre idéntico al del mercado, fundada el 10 de diciembre último, tiene a su cargo facilitar la comercialización sin inmiscuirse en la gestión de compraventa asociada a esta plaza comercial.

La Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios en La Habana arrendó la instalación, de más de 16 000 metros cuadrados, a esta cooperativa, que inicialmente cuenta con diez socios.

«Nosotros subarrendamos los 292 espacios a los productores que concurran aquí a vender sus excedentes, luego de haber cumplido los compromisos con el Estado. No participamos en la comercialización de los productos ni los almacenamos», explicó Carlos Rafael Sablón Sosa, presidente de la cooperativa El Trigal, ubicada en el municipio capitalino de Boyeros.

A El Trigal podrán concurrir en calidad de vendedores las empresas, granjas estatales, unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios, agricultores pequeños y la nueva figura de vendedor mayorista, autorizada hasta ahora únicamente en La Habana, Artemisa y Mayabeque, recordó Sablón.

En cambio, podrán acudir a comprar todas las personas naturales y jurídicas, incluso aquellas familias que deseen adquirir alimentos al por mayor, además de las entidades del sector turístico, los centros educacionales, hospitalarios y laborales, así como otros considerados en el grupo de consumo social.

Sablón abundó que para acceder a El Trigal los compradores abonan tres pesos per cápita en pesos cubanos (CUP), mientras a los vendedores se les cobra por el arriendo del espacio.

«Para los vendedores hay una tarifa de 110 pesos y otra de 120, esta última es para los 72 camiones que quedan en el andén, desde donde pueden despachar sus ofertas con solo parquear los camiones.

«Pagan 110 pesos quienes no disfrutan las bondades del andén y tienen que alquilar medios para el descargue, como son los montacargas, traspaletas y carretillas. Lo que sí es común para todos los vendedores es mostrar la ficha de cliente que los acredite para realizar la venta mayorista.

«Para confeccionarles ese documento le solicitamos a cada productor el carné de identidad y el certificado de tenedor inscrito en el Registro de la tierra».

Aunque la cooperativa no actúe en la compraventa, ni fije precios, tiene entre sus responsabilidades velar por que no se vendan los productos no autorizados en el Decreto 318: carne de ganado equino, vacuno y bufalino; leche fresca y sus derivados; miel de abeja, tabaco, café, cacao y sus derivados, ni otros rubros subsidiados por el Estado, y que no reportan excedentes. Tampoco se realizará la venta de carne de cerdo, al no existir neveras para conservarla.

«Tenemos que cuidar la imagen de este mercado y hacer que funcione con disciplina, pues con su apertura se satisface el reclamo de eliminar trabas en la comercialización agrícola, en las provincias mencionadas», asevera.

Sablón evocó que, a partir del Decreto 318 emitido en noviembre de 2013, quedó estipulada la manera en que La Habana, Artemisa y Mayabeque, de modo experimental, pueden comercializar sus productos agropecuarios. En esta disposición se refleja la creación de mercados de abasto, donde el agricultor pequeño y las formas productivas pueden ir directamente a comercializar sus productos.

Como criatura recién nacida, esta entidad es perfectible, pero, para hacerlo con objetividad y en el más breve tiempo posible, es preciso conocer sus debilidades. Sobre estas pregunté a su Presidente.

«Somos pocos socios. En el corto tiempo que llevamos funcionando nos hemos visto en la necesidad de contratar fuerza de trabajo; cuando hagamos la primera reunión de nuestra asamblea y valoremos cómo fueron nuestros ingresos, se analizará su posible incorporación como cooperativistas. Eso debe ser aprobado en la asamblea.

«Los primeros días, nos chocó la falta de personal. Pienso que el tema de la masividad en el acceso al lugar nos ha provocado tensiones con la organización. Todavía no tenemos un control total de la actividad que se realiza en el mercado.

«También hay un poco de indisciplina en el uso de los exhibidores. A veces se sientan sobre ellos, o en las mesitas creadas para que se pueda escribir.

«Esto era un mercado de Acopio, construido en la década de los 80. Fue reparado por una empresa estatal para ponerlo en funcionamiento. No tiene todas las condiciones para recibir a los compradores, porque no posee grandes parqueos. Eso es lo que más ha entorpecido el funcionamiento del mercado. Pero asuntos como estos debemos ir perfeccionándolos sobre la marcha».

Hasta este momento, por el plan de ingresos que previeron, los cooperativistas estiman que El Trigal marcha bien. Consideran que podrán cumplir sus obligaciones con el Estado, todo lo referido al arrendamiento, impuestos, contribución a la seguridad social de los socios y también garantizar su anticipo.

Sablón explicó que el anticipo es lo que pagan, en lugar de un salario. Se trata de los ingresos que reciben los cooperativistas y que constituyen un adelanto de las posibles utilidades a obtener.

Las mayores erogaciones de la cooperativa están dirigidas al pago de los servicios de agua y electricidad, de los que son altos consumidores debido a que trabajan de noche: el servicio es de seis de la tarde a ocho de la mañana del día siguiente, y realizan una limpieza general al concluir cada jornada, las que resultan extensas.

El Trigal tiene un servicio de gastronomía que se garantiza mediante trabajadores por cuenta propia. A ellos también la cooperativa les subarrienda los espacios. Hay dos cafeterías, y próximamente deben comenzar a funcionar un restaurante, una guarapera y una pizzería.

La víspera del fin de año

En la noche del 30 de diciembre el trasiego de productos en El Trigal indicaba que al día siguiente algo ocurriría. Excepto la carne de cerdo, todo lo que concibe la mesa cubana para despedir el año estaba disponible.

Noibanys Vázquez Aliaga, cooperativista de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Arides Estévez, se encontraba allí en calidad de comprador. Apoyado por tres jóvenes como él acomodaba en su motocicleta con tráiler un módulo con lechuga, naranja agria, ajo y col que, según él, no daría mucho «trigo», pero sí «haría tarima».

«Antes de que existiera este mercado asistíamos a 114, en Marianao, adonde iban los camiones cargados para abastecer a los carretilleros y demás comercializadores. Allí a mí me convenía mucho más porque me quedaba cerca de la cooperativa y no tenía que gastar tanto combustible como ahora. El punto de venta nuestro radica dentro del reparto El Náutico.

«Sin embargo, aquí hay mucho más orden que en aquello que llamaban el Hueco. La luminosidad garantiza que el proceso de compraventa sea más fácil, pues permite valorar la calidad de lo que vamos a comprar y evita errores en las transacciones.

«Venimos hasta aquí porque nuestra CCS no tiene grandes volúmenes de estas ofertas, y lo poco que cosecha de hortalizas lo lleva a las escuelas, círculos infantiles y otras instituciones cercanas».

Este joven sugiere que el espacio para el parqueo sea mayor pues, al ser insuficiente, a veces los compradores tienen que permanecer hasta dos horas haciendo la cola para entrar.

«El viernes tuve que sacar los sacos al hombro, porque no se permitía pasar. También las carretillas son incómodas para cargar los mazos de hortalizas, es preciso que les pongan una especie de barandas o que los vendedores embalen toda la mercancía para que no se caiga.

«El Trigal favorece el comercio de productos del agro, y lo hace eficiente y flexible, pero es preciso corregir a tiempo todo lo que ya está siendo una traba para su funcionamiento. De lo contrario todo el esfuerzo para lograrlo se verá empañado», sugirió.

Yasmorén Calunga Martínez compró, la penúltima noche de diciembre, plátanos fruta, naranja agria y tomates. Su licencia de carretillero le permitirá vender esos productos y obtener alguna ganancia. Su labor la desempeña por la zona del Hospital William Soler, donde en otro momento tenía un punto de venta, el cual le cerraron cuando el Gobierno y Planificación Física en la capital ordenaron las redes minoristas en la provincia.

«Yo iba antes a 114, y mucho antes a 124, pero este es más caro que esos dos. La caja de plátanos me cuesta 70 pesos y no trae más de cien», afirma, y aduce que para ganarle algo tiene que vender a peso cada plátano.

A punto de irse para Sancti Spíritus se encontraban los socios de la CCS Faustino Echemendía, Arley Bernal Perdigón y Yovany Macía Castillo. Ofrecían mazos de cebolla a seis pesos. En algunos cada unidad «salía» a un peso. Otros con el mismo producto contenían más, pero eran pequeñas.

—¿Por qué no bajan precios y evitan regresar con la mercancía a su provincia?

Arley responde con otra pregunta: «¿Tú sabes cuánto cuesta producir cebolla? Entre 60 o 70 centavos cada una».

Explicó que el pago a los trabajadores contratados es muy caro y los insumos que les asignan son insuficientes e igualmente caros. Algunos tienen que adquirirlos de modo poco heterodoxo, porque de no ser así la cosecha peligra.

«En Banao hay muchas plagas. Desde hace algún tiempo nos aseguran el abono, pero los insecticidas son escasos. Mientras más barato nos salga producir, más barato podremos vender. Ahora vender barato es ir en bancarrota».

Yovany contó que llegaron muy temprano y empezaron vendiendo la cebolla a ocho pesos cada mazo, luego la bajaron a seis, y afirma que aunque tengan que regresar con el camión lleno no pueden seguir depreciando su mercancía.

«Prefiero vendérsela a la industria que la paga mejor, que darla por debajo de seis pesos. En Banao todos los campesinos tenemos contratos con la industria. Allí nos compran el quintal de cebolla entre 180 y 200 pesos. Con esa tarifa no perdemos», sostuvo.

A pocos metros de los espirituanos se encontraban Waldo González y Adalberto Amador, ambos provenientes de Alquízar, en Artemisa. El primero pertenece a la CCS Frank País y el otro a la Abel Santamaría. Ambos asistieron en calidad de productores independientes; y emplearon para trasladar los suministros la camioneta de Waldo, quien valora este mercado mayorista como una plaza segura para los excedentes.

«Estamos satisfechos con las ventas del día. La caja de tomate la estamos proponiendo a 200 pesos, que les equivale a los compradores a 5,50 la libra. Luego en la red minorista ellos pueden sacar sus ganancias sin tener que subir tanto el precio.

«El Trigal es cómodo para vender, pero la cola para entrar es insoportable, se pierde mucho tiempo mostrando papeles a la Policía y a los inspectores afuera. Cuando entramos, la cooperativa nos exige la ficha de cliente. Con eso basta para estar legal aquí. Lo otro es crear disgusto y molestia. El “somatón” y otras cosas pueden exigirse en cualquier otro momento, no tiene necesariamente que ser aquí», sugirió.

Adalberto precisa que antes de que entrara en vigor el Decreto 318 y funcionara El Trigal, se le perdían productos en el campo por incapacidades de la Empresa Territorial Comercializadora de Productos Agropecuarios y otras limitaciones.

«Tanto mi cooperativa como la Frank País tienen contratos con el Ejército Juvenil del Trabajo. El 30 por ciento de las producciones se comercializan sin ningún problema con ese organismo. Al resto tenemos que buscarle una salida.

«Es un logro poder vender los excedentes, pero hay que trabajar mucho más duro. El guajiro está en el mercado o en la finca. No puede estar en los dos lugares, porque es demasiado el esfuerzo que tiene que hacer. Pero es mejor sacrificarse que trabajar por gusto si se pierde parte de las cosechas», apuntó.

El control no va contra el dinamismo

Joel Ernesto Gómez Ibarra, uno de los diez socios de la cooperativa que tiene a su cargo la administración de El Trigal, explica que el mercado tiene «muchos ojos encima», como casi todo lo que surge. No obstante, aclara que la cooperativa, para evitar el papeleo diario, creó la ficha de cliente.

«Entregamos solapines para identificar a los clientes. Eso llevó previamente un chequeo para confirmar que quienes asistan al mercado en calidad de vendedores sean los autorizados. Esa medida es, para ellos y para nosotros, una garantía.

«Nuestro negocio es crear un clima de satisfacción y seguridad. Queremos que el control no falle, pero que armonice con el dinamismo del proceso. Esos son detalles que tenemos que limar cuanto antes, porque lo que sí es sabido es que El Trigal es solución, no problema. Todo cuanto no resulte funcional, hay que perfeccionarlo», concluyó.

Al detalle

Para profundizar acerca de la experiencia, JR extendió el diálogo con el presidente de la cooperativa no agropecuaria a cargo de este mercado mayorista.

—¿Brechas para que proliferen la corrupción y otras actividades ilícitas?

—Estamos sujetos al sistema de ingreso y gastos propios de la cooperativa, cumpliendo los deberes con el Estado, relativos a los impuestos al arrendamiento, sobre los servicios y un grupo de compromisos que tenemos con el Estado. No pienso que se den condiciones para que se manifiesten hechos de esa índole en la cooperativa.

«No obstante, creo que si no estamos vigilantes se pueden crear otras figuras que no están concebidas dentro del mercado. Pueden aparecer, por ejemplo, vendedores ilegales de productos industriales. Este es un lugar donde se maneja dinero y puede generar actividades ilícitas. Estamos trabajando para prevenirlas.

«Tenemos claro que hay cosas que pueden dañarnos por la entrada libre, y nosotros estamos en función de que no proliferen. Contamos con el apoyo del Gobierno en la capital y la Empresa Provincial de Mercados, que es en definitiva la dueña de este inmueble, es con esta empresa con la que nosotros tenemos un contrato. También hasta ahora hemos contado con el apoyo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)».

—¿Cuánto puede contribuir este mercado a la disminución de precios y garantizar la llegada de productos frescos a la red minorista?

—Creo que lo esencial para que bajen los precios no es la comercialización, sino que aumente la producción con eficiencia. Aquí se da ahora la posibilidad de que concurra el campesino directamente y los productos no pasen de mano en mano, como ocurría antes, lo que traía consigo que llegaran a la tarima productos de mala calidad, deteriorados por el manoseo.

«En estos momentos ocurre que al lado de ese productor está a veces comercializando un vendedor mayorista de productos agropecuarios y los precios son los mismos. Siguen siendo caros, no tanto como en los mercados de oferta y demanda, pero siguen altos. Cuando uno les pregunta a los vendedores mayoristas por qué tienen esos precios, responden que los productos están caros en el campo.

«Ahora se está dando una situación con el tomate. A precio mayorista la caja cuesta 300 pesos, casi que la libra está a siete pesos. Cuando sale de ahí para la calle entonces llega a costar en el mercado minorista 10 o 12 pesos la libra. Eso es abusivo.

«He conversado con campesinos que concurren al mercado mayorista y aseguran que durante el fin de año los productos se ponen caros. Los vendedores se aprovechan de la alta demanda para hacer dinero.

«El Trigal es parte de un experimento que se lleva a cabo en tres provincias, a la par están los mercados que se están arrendando a las cooperativas agropecuarias. Pienso que los productores que asisten a estos mercados sean los que puedan empezar a marcar pautas en el descenso de los precios, porque se trata de una comercialización directa de la base productiva, sin intermediarios».

—¿Cómo tienen concebido el control interno?

—El mercado lo controla, primero que todo, el socio de la cooperativa que tiene la responsabilidad de fiscalizar y controlar la labor de la entidad. Él tiene que chequearlo todo, desde los medios básicos hasta la actividad económica con sus detalles.

«En el caso de los trabajadores por cuenta propia, que arrendaron espacios para la actividad gastronómica, ellos realizaron un contrato con nosotros que regula las actividades que se pueden realizar. El control es responsabilidad de todos los socios de la cooperativa. Cada uno de sus integrantes tiene voz y voto para combatir lo mal hecho y encaminar la actividad a la sustentabilidad y la eficiencia.

«Hasta la fecha hemos ingresado a nuestra cuenta en el banco, 72 000 pesos. De ese dinero saldrán nuestros gastos, entre ellos el pago “al fisco”, que es el diez por ciento del ingreso total», redondeó Sablón.

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