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Tribunal Provincial Popular de La Habana sanciona a varios exfuncionarios cubanos y empresarios extranjeros

Los sancionados cometieron delitos asociados a la corrupción en sectores de la agroindustria azucarera, la minería y el turismo; provocando una afectación económica de $91 697 996. 98 (Moneda Total)

Autor:

Granma

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, después de valorar el abundante material probatorio de carácter documental, testifical y pericial aportado por la Fiscalía y los defensores, que fue practicado en la vista oral y pública celebrada, tal como fue informado oportunamente  a la opinión pública,  entre los días 9 y 21 de junio del año en curso, dictó sentencia, sancionando a varios exfuncionarios cubanos y empresarios extranjeros por cometer delitos asociados a la corrupción en sectores de la agroindustria azucarera, la minería y el turismo; provocando una afectación económica de $91 697 996. 98 (Moneda Total).

En atención a la gravedad de estos hechos y sus perjudiciales consecuencias, a la conducta de los acusados y el grado de participación de cada uno de ellos, el tribunal sancionó a los acusados, según corresponde,  por los delitos de cohecho y falsificación de do­cumentos bancarios y de comercio de carácter continuado, actos en perjuicio de la actividad económica o la contratación, actividad económica ilícita, tráfico de divisas, estafa y evasión fiscal, y les impuso las sanciones si­guientes:

1.NELSON RICARDO LABRADA FER­NÁN­DEZ a una sanción conjunta de 20 años de privación de libertad.

2. VAHE CY TOKMAKJIAN a una pena conjunta de 15 años de privación de libertad.

3. ALBERTO CIRILO PANTON GRAHAN, ERNESTO GÓMEZ CUMPLIDO y CLAUDIO FRANCO VETERE a una pena conjunta de 12 años de privación de libertad en cada caso.

4. ANTONIO GILÍ GONZÁLEZ a 11 años de privación de libertad.

5. JORGE LUIS MACHADO PÉREZ, ARMANDO ENRIQUE MARTÍNEZ GANFO y BORIS ERNESTO BARBER VELIZ a una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad para cada uno.

6. LEONARDO FIDEL DELGADO DORTA, MANUEL HERIBERTO FER­NÁN­DEZ SANTIESTEBAN y EDMUNDO JA­VIER CABRERA DÍAZ a una pena conjunta de 9 años de privación de libertad, respectivamente.

7. JORGE LUIS MELO REYES, MARCO VINICIO PUCHE RODRÍ­GUEZ, FIDEL PENÍN OLIVA y JOSÉ RENÉ RUBIO ESCOBAR a una sanción conjunta de 8 años de privación de libertad para cada uno.

8. ELSA FERNÁNDEZ PROENZA a una sanción de 6 años de privación de libertad.

El tribunal impuso además las sanciones accesorias de comiso, confiscación, prohibición del ejercicio de profesiones relacionadas con actividades de comercio exterior y privación de derechos públicos según correspon­dían en cada caso y estableció las prohibiciones migratorias pertinentes.

Asimismo, el acusado VAHE CY TOKMAKJIAN fue declarado responsable civilmente por los delitos cometidos y deberá resarcir a las entidades cubanas que resultaron afectadas por estos hechos y al Estado cubano en particular por el delito de Evasión Fiscal, con sus bienes, derechos y acciones y de manera subsidiaria con el patrimonio de las compañías Tokmakjian Group Inc., Tokmakjian Limited, CYMC Corp., Tokmakjian Interna­tional Inc., y Perry In­tertrade Inc. que fueron declaradas terceros civilmente responsables por el actuar delictivo de aquel.

Durante la investigación y la realización del juicio oral, los acusados y terceros civilmente responsables contaron con las garan­tías establecidas en la legislación procesal penal, ejercieron su derecho a la defensa y fueron representados por los abogados de su elección.

Contra la sentencia dictada tanto los acusados, terceros civilmente responsables, co­mo el Fiscal  tendrán el derecho de establecer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.

Hechos como estos en los que se involucraron exfuncionarios cubanos y empresarios foráneos que, a través de dádivas y prebendas, crearon mecanismos de sobornos y compromisos con el propósito de obtener beneficios patrimoniales ilegítimos, no tienen cabida en la sociedad cubana, empeñada en perfeccionar su modelo  socioeconómico en correspondencia con los intereses del pueblo y los compromisos internacionales asumidos y defendidos por Cuba en el enfrentamiento decidido y certero a la corrupción y sus nefastos efectos.

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