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En Sancti Spíritus está garantizado el ciento por ciento del empleo para todos los que reciben el beneficio de cumplir sanción en libertad. Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 05:58 pm
SANCTI SPÍRITUS. — Las noches de uno de los fines de semana de aquel agosto de 2010 jamás podrán ser olvidadas por el joven Yuniel. Lo que comenzó como una fiesta para divertirse entre varios «socios» y la chica más sensual del barrio, terminó en un proceso penal.
Luego de diversos análisis y planteamientos de argumentos de acusados y víctima, vino el dictamen del tribunal: debían cumplir sanción por el delito de corrupción de menores.
Al joven espirituano, de poco más de 20 años, aún se le hiela el alma al recordar los primeros meses de su condena de cuatro años y medio de trabajo correccional sin internamiento. Vergüenza, tristeza y rasgos de introversión golpearon su personalidad. Mas poco a poco encontró el apoyo de un grupo de personas que le hicieron hallar una guía para reinsertarse a la sociedad.
«Nunca tuve que abandonar los estudios. Y luego de cumplir el servicio social como técnico en Economía me inserté a trabajar como vendedor por cuenta propia de productos cárnicos. Me gusta lo que hago. No pienso cambiar de labor cuando culmine mi sanción», explica ya despojado de todo el pasado y distinguido por una conducta que podría ser imitada por cualquier joven.
Como Yuniel, quienes reciben el beneficio de cumplir su sanción en libertad tienen el derecho de insertarse en la nueva forma de gestión económica no estatal.
Según estadísticas de la Subdirección de Empleo de la Dirección Provincial de Trabajo en Sancti Spíritus, al cierre de julio, del total de jóvenes en esta situación en el territorio, el 30 por ciento laboran por cuenta propia. Las actividades de mayor presencia son los servicios de construcción, venta de alimentos, cuidadoras de niños y zapatero remendón.
El subdirector de esa entidad, Gustavo Alcántara, recordó que para ejercer cualquier modalidad de la nueva forma de gestión económica no estatal solo se precisa ser ciudadano cubano, residente en la Isla y mayor de 17 años. En el caso de los sancionados se precisa de la autorización del Tribunal.
«Al tribunal se llevan, preferentemente, las opciones de empleo que existen en la bolsa, las cuales varían de acuerdo con las necesidad de los organismos. Pero también se aceptan, luego de un análisis, las solicitudes para realizar trabajo por cuenta propia, que aunque no exhibe cifras elevadas es un sector que asciende paulatinamente», destaca el directivo.
Opciones
La política de nuestro país hacia todas estas personas que reciben el beneficio de extinguir su sanción en libertad, es de incorporarlos a un empleo como fuente de subsistencia y de formación para reintegrarse a la sociedad.
Según el juez de ejecución del Tribunal Municipal Popular de Sancti Spíritus, especialista en Derecho José Ignacio Inerárity Fiallo, los sancionados reciben una información ampliada de cuáles son aquellas plazas que pueden solicitar de acuerdo con las necesidades de la Dirección Municipal de Trabajo y del Consejo Popular, y se valora si alguno de ellos propone ejercer otra labor.
«Da lo mismo que sea en una actividad cuentapropista o en un empleo estatal. Preferimos ubicarlos en un centro laboral porque el trabajo en colectivo les permite reinsertarse con mayor rapidez a su entorno», explica el juez de ejecución.
Según su experiencia, no existen distingos entre ambas modalidades de empleo para ejercer el control, influencia y atención a los sancionados.
«En cada Consejo Popular se pone en práctica el accionar del Grupo Comunitario de Trabajo Integrado (GCTI), conformado por representantes de las organizaciones de masas y organismos protagónicos de la localidad, que junto a nosotros, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Dirección de Trabajo visitan constantemente a los controlados —como se denomina a quienes cumplen su sanción sin internamiento— y dialogan con sus empleadores para mantenernos informados sobre su comportamiento», añade Inerárity Fiallo.
Para aprobar los empleos de los sancionados, el Tribunal analiza las particularidades de su personalidad y el delito cometido. El motivo por el cual cumple una sentencia no puede ser compatible con el oficio deseado.
«En Sancti Spíritus está garantizado el ciento por ciento del empleo para todos los que reciben el beneficio de cumplir sanción en libertad. Afortunadamente, pocos son los que no terminan de cumplir la sanción en libertad en cualquiera de las dos formas de gestión económica», destaca el juez Inerárity Fiallo.
Uno de los ejemplos que hoy muestra con orgullo el Tribunal Municipal Popular de la ciudad del Yayabo es el de Liudmila, quien ha demostrado que rectificar es de sabios, sobre todo cuando detrás del cambio persiste un sistemático trabajo, basado en la voluntad y la perseverancia.
Ella, residente en el Consejo Popular Guasimal, cumple una sanción de trabajo correccional sin internamiento durante tres años por el delito de malversación. Tras conocer cuáles eran sus deberes y derechos se incorporó a laborar y fue aprobada por el Tribunal como cuidadora de niños. Desde hace más de 12 meses, cuatro infantes crecen bajo sus cuidados. Las jornadas transcurren entre canciones, lecturas de cuentos y enseñanzas de los colores y figuras geométricas.
«Opté por esta forma de empleo hasta cumplir mi sanción. Nunca he sentido rechazo por nadie y mucho menos por los padres. Eso se lo debo al apoyo del Grupo Comunitario de Trabajo Integrado y a la trabajadora social de mi circunscripción», afirma esta espirituana que ha pasado página a su pasado.
Luis Orlando Rodríguez Obregón es, desde hace alrededor de siete años, el presidente del GCTI del Consejo Popular donde reside Liudmila. Bajo su protección se encuentran 32 sancionados, de los cuales 20 trabajan en entidades estatales, siete en la cooperativa de crédito y servicios Bienvenido Pardillo y cinco como cuentapropistas.
Los miembros del Grupo dan seguimiento a cada uno de ellos, de acuerdo con la dirección donde residen, y junto con la trabajadora social de la zona se mantienen en estrecho vínculo con ellos, sus familiares y empleadores.
«La atención no es vigilarlos ni controlarlos ciento por ciento. Es apoyarlos, aconsejarlos, insertarlos a la sociedad, al trabajo y al ámbito familiar para que subsanen el error cometido. Debemos evitar siempre que se revoque la medida, porque eso significa una derrota para todos nosotros», expresa.
La otra cara de la moneda
Octavio, tras recibir el beneficio de libertad condicional relacionada con su sanción de 18 años de privación de libertad por el delito de robo con fuerza en las cosas, laboró como ayudante de albañilería durante varios meses. Sin embargo, un padecimiento en la piel le impidió continuar en esa labor.
A partir de ese momento, los miembros del GCTI del Consejo Popular Kilo 12, de la ciudad de Sancti Spíritus, y el asistente del juez de ejecución de esa comunidad, Faustino Alfonso Saure Conde, buscaron otras opciones para insertar al joven en el mundo laboral.
En pocos meses Octavio comenzó a trabajar en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, donde por su buena conducta y superación constante ha recibido el reconocimiento del colectivo laboral.
«A la prisión le agradezco haber culminado el 12mo. grado, porque sin ese título nunca hubiera podido trabajar en un centro hospitalario y conocer al dedillo el oficio de albañilería, el cual me apasiona pero me es imposible ejercer. Sin esos conocimientos y el apoyo, primero de Faustino y el GCTI, así como el de mis compañeros del hospital, quizá hoy no estuviera disfrutando de mi beneficio», dice con los ojos humedecidos de gratitud.
A juicios de Saure Conde, la clave del éxito de los controlados ha sido el trabajo consecutivo y que ellos ganen conciencia de la necesidad de insertarse a la sociedad con buena conducta.
«Aunque muchos no lo crean, es fácil ejercer el control en quienes trabajan por cuenta propia. Nos reunimos con ellos mensualmente; revisamos sus facturas y el pago a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT); conciliamos con la Dirección de Trabajo y contrastamos con diferentes personas de la comunidad su comportamiento. De incumplir lo establecido, lo requerimos una o dos veces, de acuerdo con la gravedad de la indisciplina. Si persiste en el problema, se propone que le revoquen el beneficio», añade.
A pesar de que en Sancti Spíritus se respiran favorables aires de buena conducta y cumplimiento de las normas sociales por parte de quienes reciben el beneficio de cumplir su sanción en libertad, aún se precisa que las organizaciones de masas de cada comunidad y la familia logren mayor protagonismo en el proceso de su reinserción a la sociedad, lo que no es solo misión del Tribunal y las fuerzas de la PNR.
Personas como Yuniel, Liudmila y Octavio caminan a diario por las calles de la ciudad, dispuestos a transformar su pasado e incorporarse al ritmo de los nuevos tiempos que vive Cuba.
