La impunidad y el descontrol están de más

La palabra control se hizo recurrente entre los diputados para definir causas y consecuencias de los problemas que atentan contra el ordenamiento, el despegue y la consolidación de las estrategias de desarrollo que acompañan la actualización del modelo económico

Autores:

Marianela Martín González
José Luis Estrada Betancourt
Mileyda Menéndez Dávila
Mayte María Jiménez
Susana Gómes Bugallo
Yuniel Labacena Romero

En la tercera jornada de debates de las diez comisiones permanentes de trabajo que antecede al cuarto período de sesiones de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), los parlamentarios centraron sus discusiones en los aspectos objetivos y subjetivos que posibilitan indisciplinas sociales, delitos e ilegalidades en los diferentes sectores de la economía y la sociedad toda.

En un ambiente diáfano, se expusieron las vulnerabilidades que son caldo de cultivo para que se desvíen recursos, se cometan actos de corrupción y otras conductas negativas que lastran la economía del país y generan estados de opinión desfavorables en la población.

La palabra control se hizo recurrente entre los diputados para definir causas y consecuencias de los problemas que atentan contra el ordenamiento, el despegue y la consolidación de las estrategias de desarrollo que acompañan la actualización del modelo económico.

Asimismo se reiteró entre los parlamentarios la necesidad de contrarrestar aquellas conductas que entorpecen el desarrollo, entre ellas, la impunidad ante lo mal hecho y la falta de visión para acometer las misiones para las que fueron diseñados los objetivos económicos y de servicios.

En consonancia con las urgencias entre las que el país se debate y que fueron reflejadas este jueves en las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados de la Comisión Agroalimentaria discutieron sobre las acciones que se implementan para poner freno a las indisciplinas sociales, los delitos y las ilegalidades en los Ministerios de la Agricutura (Minag), la Industria Alimentaria (Minal) y el Grupo Azucarero Azcuba.

Los informes presentados por estos sectores contenían propuestas para reducir a la menor expresión las causas de las principales incidencias.

Gustavo Rodríguez Rollero, ministro del Minag, dijo que del año pasado a la fecha se han reducido los delitos en el organismo, y que para eso se han tomado medidas como la descentralización de la logística, pues por esa situación y al no contar con almacenes que cumplieran todas las normas técnicas, en años precedentes ha habido desvíos de productos químicos.

Explicó que no ha habido gran impacto en la reducción del hurto y sacrificio de ganado mayor, pero se aplican medidas para reducir esa tendencia ilegal, así como la mortalidad de esta masa ganadera.

El titular de la Agricultura también se refirió a las ilegalidades relacionadas con la entrega de tierras en usufructo mediante el Decreto-Ley 300. Dijo que se le pone todo el rigor a esa actividad, al igual que a todo lo relativo con las bienhechurías.

La ilegalidad con el uso de la madera fue señalada por Rodríguez Rollero como una actividad delictiva en ascenso. En 2014 se han desviado más de 1 573 metros cúbicos de este recurso forestal, según datos del Cuerpo de Guadabosques del Ministerio del Interior, compartidos por el Ministro con los diputados.

Orlando Celso Ramírez, presidente de Azcuba, destacó también la importancia de que los contratos se hagan con todos los elementos requeridos para que se cumplan. Estimó que a veces un contrato mal hecho esconde ilegalidades.

Asimismo llamó a consolidar la cultura del control. Dijo que es beneficioso que las entidades y los actores económicos se sientan inspeccionados, y que cada medida detectada en los controles internos debe tener seguimiento, pues la impunidad es un caldo muy fecundo para las ilegalidades, la corrupción y las indisciplinas.

En la casa con lo de casa

El desarrollo de la producción de materiales de la construcción, tanto local como de la gran industria, fue objeto de revisión por la Comisión de Industrias, Construcciones y Energías de la Asamblea Nacional.

Entre las noticias estuvo la iniciativa que se está alistando para la solución del problema de los escombros en la capital, la cual, tras su experimentación, pudiera extenderse a otras ciudades del país.

El propósito es reutilizarlos en la elaboración local de productos para la construcción, según instrucciones del miembro del Buró Político del Partido y Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y quien ha estado en la comisión durante los días de sesiones.

René Mesa, titular del Ministerio de la Construcción (Micons), comentó a los diputados que los escombros tratados y beneficiados «son un material de primera calidad para la albañilería de la construcción».

Manuel Vázquez, responsable en el Micons de la producción local de materiales de la construcción, informó que la estrategia para resolver el problema del escombro resultante de obras constructivas, reparaciones y demoliciones en La Habana, incluye a toda la cadena, desde la recolección y el tratamiento hasta la reutilización.

Para la puesta en práctica de la iniciativa se preparan tres plantas y se restablece la del Husillo, capaz de tratar 363 metros cúbicos por jornada.

El escombro, como materia prima reciclable, puede usarse como árido y para elaborar morteros, bloques, elementos de piso y otras producciones que contengan áridos en su composición, explicó Vázquez.

Según la información rendida a los parlamentarios, para la recolección, primer paso para la reutilización de los escombros, se está analizando hasta la posibilidad de comprarlo a personas naturales.

Vázquez expresó que este proyecto podría aportar más de 100 000 metros cúbicos de áridos al programa de producción local de materiales de la construcción en la capital.

La política para el desarrollo de la industria nacional de envases y embalajes fue el octavo tema de la agenda de la Comisión de Industria, Construcción y Energía.

La presentación informativa a los diputados estuvo a cargo de Salvador Pardo Cruz, ministro de Industrias. Señaló que entre las prioridades de la política está ir cubriendo, con la producción nacional, las necesidades de las actividades exportadoras del país, como la industria biofarmacéutica, el cemento y la industria alimentaria, entre otras.

Para 2015, el propósito de la industria nacional de envases y embalajes es cubrir, de los 627 millones de pesos de la demanda de estos surtidos, el 61 por ciento con producciones del país (382,5 millones de pesos).

Los avances en este sector son elocuentes: en 2012, cuando se realizó el diagnóstico a la industria, se importaba el 64 por ciento de lo requerido para satisfacer las necesidades; ahora, para el 2015, la pirámide se invirtió completamente, y a favor de las fábricas nacionales, totalmente cubanas y con participación de la inversión extranjera.

Entre los rubros que tendrán el año próximo importantes incrementos productivos están las bolsas de alta y baja densidad (las populares jabitas de nylon), las preformas que se usan para hacer los pomos plásticos, y las etiquetas.

No obstante, el país todavía tiene que realizar grandes importaciones de envases y embalajes, una tendencia que deberá corregirse a corto y mediano plazo con ampliaciones en la industria existente y nuevos emprendimientos, la mayoría de ellas como propuestas a la inversión extranjera.

Prevenir desde la familia

La participación de la comunidad es trascendental en la prevención y enfrentamiento a las expresiones de indisciplina social, corrupción, delitos e ilegalidades. En ello coincidieron los diputados de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer, que realizó una evaluación detallada de las acciones desarrolladas para desterrar esas conductas.

Luego de valorar una amplia información sobre el tema presentada por el coronel Idael Fumero Valdés, jefe del Departamento de Información y Análisis de la Policía Técnica de Investigaciones, los participantes destacaron que en la solución de estas diligencias, se impone reforzar las acciones conjuntas a fin de preservar la tranquilidad ciudadana.

Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión, insistió en que es necesario elevar el trabajo preventivo con la familia y la preparación de quienes están responsabilizados para afrontar la tarea. Además, reconocieron la valiosa contribución juvenil y de las organizaciones de masas en esta misión, que demostró la urgencia de trabajar cohesionados y con intencionalidad.

Fumero Valdés dijo que en la situación operativa que enfrenta hoy el país, el comportamiento delictivo es cada vez más complejo y se manifiesta el actuar de quienes continúan violando el orden y la legalidad, con la comunidad como escenario cardinal.

Mencionó entre los principales delitos el robo con fuerza en viviendas, donde los autores, como norma, son desocupados, con antecedentes delictivos y reinciden en el lugar donde operan. También persisten hechos de violencia y de sacrificio del ganado, que aún tiene bajo nivel de rechazo y denuncia de la población.

En el plano económico manifestó que existen delitos en productos de alta demanda de la población, se enfrenta el acaparamiento y la especulación en torno al comercio, mercados agropecuarios y puntos de ventas de materiales de la construcción; hay impago de multas administrativas y falta de control en la protección contra incendios.

Apuntó que debemos multiplicar las acciones de prevención, pues queda mucho por hacer en la movilización social y en la percepción de la población acerca de su importante papel en este combate.

Velar por la vida de todos

Temas como el proceder negligente de choferes que violan las medidas para el traslado de personas en taxis y camiones de pasajeros, y el interés de impulsar acciones contra el vandalismo y el robo de señalizaciones viales, centraron los debates de la Comisión de Defensa Nacional, a la que asistió el general de división Antonio Enrique Lussón Battle, Héroe de la República de Cuba y vicepresidente del Consejo de Ministros.

Los diputados alertaron que se debe insistir más en aquellos choferes que compran y llevan el dinero en una mano y el timón en la otra, en la evaluación de los vehículos con desperfectos técnicos y el exceso de pasajeros. Sobre la mutilación de las señales, precisaron que ello ocasiona pérdidas cuantiosas al país y afecta la seguridad de conductores y peatones.

Lussón Battle señaló que hace falta mayor severidad hacia los autores de los actos vandálicos, pues es injusto para la población el daño provocado por el robo de señales y de barreras metálicas de puentes, que ponen en peligro la vida de la población. También alertó acerca de los efectos de esos hechos en carreteras y líneas del ferrocarril.

El general de brigada Jesús Becerra Morciego, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, y varios parlamentarios, coincidieron en que es urgente multiplicar las acciones preventivas, propagandísticas, educativas y de enfrentamiento a quienes ponen en riesgo sus vidas y las de los demás.

Perfeccionar las comunicaciones

Sobre el proceso de perfeccionamiento y las acciones asumidas por el Ministerio de Comunicaciones, en pos del mejoramiento de los servicios de los grupos empresariales asociados a este, comentó a los diputados el titular del sector, Maimir Mesa, en la Comisión de Atención a los Servicios.

Ante las interrogantes y análisis en torno a los problemas planteados por los diputados, el Ministro reconoció que en muchos casos no ha existido la información necesaria para que ellos puedan explicar al pueblo las transformaciones adoptadas en este sector, y se dan situaciones de irregularidad que inciden en molestias a la población.

Señaló que la premisa es lograr que los servicios sean de calidad, y puedan extenderse a todos los cubanos, pero eso será en la medida en que las condiciones del país lo permitan, pues hay limitaciones que impiden llegar a todos.

Sobre las dificultades apuntadas por los diputados en torno a los servicios telefónicos, Tania Velázquez, directora central de Comercial y Mercadotecnia de Etecsa, señaló que los traslados —uno de los asuntos más debatidos— constituyen un problema multifactorial, que no podrá solucionarse de manera inmediata.

Informó que, en el caso de la telefonía, el país ya tiene más de tres millones de líneas fijas y móviles, y estas últimas han mostrado un fuerte crecimiento en 2014, llegando a la cifra de 2 448 767. También explicó que la nación está a un 98 por ciento en el proceso de digitalización, y para 2015 se prevé crecer en 800 000 nuevas líneas móviles.

Sobre las proyecciones de comunicación en zonas intrincadas, precisó que se han identificado asentamientos en los cuales debe solucionarse este problema en el próximo período de trabajo, en los años de 2015 a 2018.

Los diputados, además de insistir en los problemas que se presentan respecto a la telefonía, abordaron también críticamente el atraso y las pérdidas en las entregas de los bultos postales nacionales e internacionales.

Un verdadero sitema de justicia penal

Sobre la actualización del sistema de justicia penal se debatió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, para dar cuenta de anteproyectos de normas que se debaten como el Código Penal, el Decreto-Ley de Procedimiento Penal, la Ley de Ejecución de Sanciones y el Código Contravencional.

Los encargados de presentar cada informe explicaron que, para la actualización y elaboración de las legislaciones, se han revisado normas internacionales y académicas con el propósito de dotarlas de novedad, siempre de acuerdo con el contexto cubano y su Derecho. Además, el proceso de conciliación en los organismos e instituciones ha sido tenido en cuenta para las constantes revisiones.

María Esther Reus, ministra de Justicia, refirió que el Código Contravencional (encargado del proceso administrativo que antecede al penal) no ha tenido aún consultas, porque está en proceso de elaboración con el propósito de eliminar la dispersión de contravenciones en más de 81 normas, y concentrar sanciones, procedimientos y ejecución en el mismo cuerpo legislativo.

Sobre el anteproyecto del Decreto-Ley de Procedimiento Penal, Carlos Concepción, vicefiscal general de la República, comentó que lo más debatido está relacionado con la responsabilidad civil, la consideración de la víctima como sujeto procesal, la incorporación de técnicas especializadas, el control judicial a las medidas de prisión cautelar, la presencia más temprana del abogado en el proceso y las funciones del fiscal.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, insistió en que estas normas deben trabajarse simultáneamente porque son un sistema y como tal deben funcionar. Informó que luego de esta etapa de debate y perfeccionamiento, será la elaboración y presentación del proyecto a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En otro punto, la Ministra de Justicia informó sobre el cumplimiento del plan de inscripciones de inmuebles estatales, que inició en el 2010, cerrará el próximo 31 de diciembre, y tiene como propósito fundamental proteger el patrimonio del Estado de cara a un nuevo contexto económico y social con entes como las formas de gestión no estatal y los inversores extranjeros.

Al finalizar noviembre la inscripción estaba al 87,6 por ciento (42 050 inmuebles) y los territorios más atrasados eran la Isla de la Juventud, La Habana y Camagüey, con las mayores deficiencias en solares yermos, edificios multifamiliares y viviendas en arrendamiento.

La bahía de la comunidad

Una información detallada de cómo marcha la gestión ambiental integrada y el desarrollo sostenible de la Bahía de La Habana recibieron este jueves los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, por parte de Santiago Reyes Pérez, director adjunto del Grupo de Trabajo Estatal (GTE) encargado del mejoramiento de la rada y su cuenca tributaria.

Según se dio a conocer a los parlamentarios, quienes compartían con la ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella, desde su fundación en 1998, el GTE ha ejecutado múltiples acciones correctivas, con lo cual ha logrado reducir la contaminación en la bahía en un 76 por ciento, lo que se aprecia en el mejoramiento paisajístico de la misma y en el estado hidroquímico de las aguas.

No obstante, todavía hay inventariadas 99 fuentes contaminantes que provienen de organismos como el Ministerio de Energía y Minas, el de la Industria Alimentaria, de Transporte, Salud Pública, de la Construcción y del Consejo de Administración Provincial, entre otros.

En visitas de control efectuadas, enfatizó Reyes Pérez, los principales problemas encontrados están relacionados con el mal manejo de residuos sólidos flotantes y mezclas oleosas, la obsolescencia del parque tecnológico, la indisciplina tecnológica, el bajo nivel de introducción de prácticas de producción más limpias, las escasas inversiones en las empresas con vistas a solucionar las crisis medioambientales, los altos niveles de ruido...

Como una de las prioridades de dicho grupo, además de controlar los vertimientos a través de un sistema de vigilancia conjunta con la Capitanía del Puerto y Seguridad marítima, está sensibilizar a cada ciudadano con las acciones de saneamiento. También se ha responsabilizado con la creación de Grupos Gestores Ambientales Comunitarios en los 48 consejos populares de la capital, situados alrededor de la cuenca.

Para un diputado como Miguel Limia (Campechuela, Granma) resulta esencial que haya una conciencia medioambiental más fuerte, no únicamente en los empresarios estatales, sino también en cuentapropistas, cooperativistas y trabajadores del sector privado, cuya responsabilidad social debe ser superior, al tiempo que las medidas tributarias específicas deben ser más exigentes.

En ello coincide el general (r) Armando Choy Rodríguez, presidente del GTE de la Bahía de La Habana, quien considera que habrá que aplicar un impuesto, un gravamen, para que cada quien responda por lo que le toca y sea más activo a la hora de optimizar sus sistemas de desechos.

Arar en la basura

Nada describe mejor la gestión de Comunales en el servicio  de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que una expresión popular contundente: arar en el mar. A la hora de evaluar el informe del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) —donde hasta ahora se dirige ese servicio—, los diputados de la Comisión permanente de trabajo de Salud y Deporte no se anduvieron con tibiezas: Las cifras son peores que las del año pasado en idéntica fecha, las causas son las mismas y las proyecciones se parecen mucho, así que es difícil vaticinar el éxito.

Los parlamentarios también abordaron la gestión de Comunales en el servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

La viceministra del MEP, María Elena Vélez, coincidió con los parlamentarios y aceptó la responsabilidad de su organismo, pero aclaró que es imposible un flujo de trabajo natural mientras Comunales asuma tareas que tributan a otras entidades: abasto de agua por pipas, viales, poda de árboles, reparación del equipamiento…

El nuevo diseño, cuya urgencia resulta obvia, apunta hacia un grupo estatal de trabajo mejor enfocado en el asunto de la higiene y los servicios necrológicos, más flexible en su estructura territorial y sus modos de gestión.

Se habla de pagar no por carga, sino porque las áreas permanezcan limpias. De no lidiar con quienes insisten en aprovechar desechos recuperables como fuente de ingreso, sino encauzarlos en las nuevas formas de gestión económica, y de paso velar por su salud y la de sus comunidades. De contar con más voces a la hora de organizar el plan de recogida de cada localidad, como se hizo en Cárdenas. De establecer contratos formales con los centros capacitados para reparar camiones, carretas, buldózeres, en vez de dejar esa gestión a la «iniciativa» de los operarios o desgastarse apuntalando talleres no especializados.

Ayer un mito criollo se vino abajo: La Habana ya no es la única ciudad huérfana de higiene. Hay una «epidemia» de microvertederos, recogida arbitraria, parque técnico inerte, inestabilidad de las direcciones, pagos indebidos…

El virus se llama descontrol, y su apellido es falta de liderazgo: varios cuadros han sido procesados penalmente por corrupción. Otros son sustituidos a causa de la incompetencia o el desgaste. La Viceministra precisó que el estudio incluye la necesidad de más capacitación, sobre todo para quienes administran en municipios y zonas. La Comisión pidió prioridad en los planes económicos, intencionalidad a la hora de ubicar profesionales en esa rama y multidisciplinariedad. Ciencia y conciencia a favor de la salud colectiva. E inmediatez, porque el asunto es grave.

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