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Con el propósito de presionar a los deudores morosos con el pago de su responsabilidad civil derivada del delito, a partir del próximo lunes comenzará una operación guiada por las autoridades de las direcciones municipales de Justicia y la Policía Nacional Revolucionaria.
Así lo informó en conferencia de prensa Serapio Guerra Morales, director de la Caja de Resarcimiento, institución que desde el Ministerio de Justicia funciona como intermediaria entre las víctimas y los sancionados que deben pagar la responsabilidad civil derivada del delito.
Luego de lo que el directivo reconoce como un período de inejecución de la Caja y la falta de articulación con otras instituciones jurídicas para lograr la efectividad del funcionamiento, los próximos meses serán de trabajo con el fin de conseguir el pago.
Explicó Serapio Guerra que los sancionados que aún no han cumplido con su responsabilidad civil serán citados a las estaciones municipales de la PNR para que autoridades de las direcciones municipales de Justicia conversen sobre los términos de pago.
Según el directivo, a quienes deban menos de 3 000 pesos en moneda nacional se les exigirá el pago inmediato o se les dará un plazo de 72 horas si no pueden cumplir al instante. Para aquellos que excedan este monto se realizarán convenios de pago a fin de que la deuda sea saldada antes de fin de año. De esta operación se excluirá a los internos que aún no laboran en prisión.
El directivo argumentó que el país realiza estudios para resolver los problemas de deudas acumuladas en torno a la institución, como parte de las modificaciones legislativas en materia penal y procesal.
No obstante, desde finales de 2013 se realiza un proceso provincia por provincia para actualizar las listas de deudores y definir su situación ante la Caja de Resarcimiento, como parte de un primer momento en el enfrentamiento a la impunidad. Aclaró el funcionario que el pago a los acreedores no comenzará aún porque requiere de un tiempo de cobro y tramitación.
Aunque años atrás el Estado otorgaba el presupuesto para pagar a quienes sufrieron daños, actualmente solo se mantiene para los pensionados.
