Defender la cultura desde los espacios públicos

Hay que acabar con la idea de que la política cultural tiene que ver solo con el Ministerio de Cultura, coinciden los parlamentarios de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a la que asiste el miembro del Buró Político del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros

Autor:

Yuniel Labacena Romero

El cumplimiento de la política cultural del país en los espacios públicos es el principal tema que analiza en la sesión de la mañana la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a la que asiste el miembro del Buró Político del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Al presentar el informe de la Comisión, el diputado Felipe Mauri Sierra, subrayó que los espacios públicos tienen también un significado formativo y de reafirmación de la identidad y la cultura para su comunidad, por lo que se hace necesario lograr mayor exigencia en las actividades y acciones que se desarrollan en nuestras plazas e instituciones.

Destacó que en cada comunidad existen espacios públicos, vinculados como la escuela, la plaza o parque, una institución cultural, el mercado o establecimiento comercial y de servicios, una arteria céntrica, las instituciones recreativas, deportivas o de esparcimiento, e incluso otros, que a partir de una tradición se convierten en lugares significativos para su población una vez al año como los carnavales y fiestas populares.

Hay que acabar con la idea de que la política cultural tiene que ver solo con el Ministerio de Cultura, señaló Regla García, diputada por La Habana, quien argumentó que esta involucra además a las entidades del Gobierno, las administraciones y organismos sociales y de masas, que deben velar por el cuidado y mejor uso ciudadano y cultural de los espacios públicos y por el cumplimiento de las normas sobre el empleo de los medios culturales y recreativos.

Otros diputados como Juan Carlos Rodríguez, de Pinar del Río, señaló críticamente las prácticas de individuos y entidades estatales que atentan contra los valores culturales y educativos de la población, poniendo en peligro las normas más elementales de convivencia y el uso en beneficio común de diversos espacios públicos que existen en el país.

Liset Márquez, de Granma, insistió en la necesidad de reevaluar los horarios de las instituciones culturales, pues muchas no están abiertas en los momentos de mayor alcance por la población; mientras que Arlit Alberti, de Guantánamo, llamó a quienes tienen que exigir y velar por el desempeño de las políticas culturales a cumplir su función social y regular todo lo que sea posible para tener mejores resultados.

Los diputados han reiterado también la especial atención que merecen el empleo de determinados productos y elementos de las industrias culturales y recreativas de modo indiscriminado (audios, proyecciones de audiovisuales, emplazamiento, uso y exhibición de imágenes y símbolos) en los espacios públicos.

No solo se trata del volumen, sino de la música misma, muchas veces de dudosa calidad y descontextualizada de la actividad y los propósitos que celebra la comunidad, además de los contenidos de violencia —discriminatorios para la mujer o dañinos a la infancia, racistas o xenófobos, que olvidan las tradiciones históricas, de independencia y justicia social—.

A los debates de esta Comisión también asisten: Abel Prieto Jiménez, asesor del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; Julián González Toledo, titular de Cultura; Miguel Barnet Laza, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba; y representantes del Instituto Cubano de Radio y Televisión y del Ministerio de Comercio Interior.

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