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SANTA CLARA, Villa Clara.— Un nuevo paso para reforzar el cumplimiento del programa de reordenamiento territorial y urbanístico, a nivel nacional, lo constituye la presencia de inspectores en los consejos populares.
En esta provincia ya funcionan en cada una de esas comunidades, lo cual facilita mantener un mayor control y un enfrentamiento más rápido ante cualquier irregularidad, afirmó Aldo Cordero Herrera, de la Dirección de Planificación Física en la provincia.
Durante este año se comenzó a aplicar también el Artículo 14 del Decreto 272 del Consejo de Ministros que establece una multa de 2 000 pesos, y la restitución del bien a su estado original al que, sin autorización, permita o autorice determinada acción constructiva, parcelar o utilizar terrenos o azoteas para edificar viviendas u otro tipo construcción, sean estas en áreas de su propiedad, las tenga en administración o las posea en usufructo.
Durante el primer semestre, en este territorio fueron impuestas más de 3 100 multas a particulares y se ordenaron 115 demoliciones, la mayoría de quioscos, ranchones y garajes, construidos al margen de lo establecido.
En esa labor sobresale el accionar de los inspectores en los consejos populares durante los primeros seis meses del año, en el cual también se erradicaron 2 357 ilegalidades relacionadas con el ordenamiento territorial y urbanístico.
La cifra representa casi el 50 por ciento del plan previsto para el 2015 con el fin de progresar en la eliminación de las transgresiones que se fueron acumulando en años.
La designación de inspectores por cada consejo popular reafirma el sostenido esfuerzo para evitar que sigan surgiendo violaciones que en esta provincia se han frenado, con excepción del municipio de Santa Clara.
