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SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, Mayabeque.— Estudiantes de la enseñanza media superior y universitaria participarán aquí como observadores o activistas en más del 60 por ciento de las asambleas del segundo proceso de rendición de cuentas del presente mandato del Poder Popular, el cual tiene lugar desde abril y culminará el 14 de junio en el territorio.
Entre los casi 600 muchachos que asisten como observadores se incluyen alumnos de todos los preuniversitarios de la provincia, así como una representación de institutos politécnicos y de la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez (UNAH).
«Desde el pasado año implementamos la iniciativa y en 2016 aumentó la cifra de colaboradores. Algunos repiten la experiencia y otros se integran. De modo voluntario los jóvenes velan por la calidad del proceso y contribuyen a su transparencia», explicó Laura María Gálvez Rodríguez, secretaria de la Asamblea del Poder Popular en Mayabeque.
La lajera Mileidys Tápanes Domínguez cursa su segundo año de Ingeniería Informática en la UNAH; esta es la segunda ocasión en que asiste como activista.
Damos nuestra visión al Gobierno municipal sobre el desenvolvimiento de las reuniones, esencialmente acerca de aspectos organizativos. Estamos presentes desde las asambleas piloto en los asentamientos; ello nos prepara. Tanto allí como en las reuniones posteriores he comprobado que la juventud dice lo que piensa y sugiere nuevas formas de hacer, expresó la joven.
Gálvez Rodríguez aclaró que el propósito del proceso, en el que de los casi 500 delegados más de cien son jóvenes, radica en exponer la gestión que se está desarrollando, es decir, cuánto se ha hecho para tramitar las inquietudes del pueblo.
El debate se centra en la identificación de indisciplinas sociales, ilegalidades y hechos de corrupción, y sobre esa base se crearán comisiones de vecinos que contribuyan a solucionar problemas, subrayó la secretaria.
Asimismo acotó Gálvez Rodríguez que los delegados están preparados, entre otros asuntos, para dar respuesta a preocupaciones sobre la situación higiénico-sanitaria de la provincia, la comercialización de productos agropecuarios a partir de los nuevos precios y la situación política del país.
