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Piden a EE. UU. revisar política migratoria con relación a nuestro país

La solicitud se expresa en una carta enviada al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y firmada por los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín; Costa Rica, Manuel González; Ecuador, Guillaume Long; y El Salvador, Hugo Martínez; entre otros dignatarios

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Juventud Rebelde

QUITO, agosto 29.— Nueve Gobiernos latinoamericanos pidieron al de EE. UU. que revise sus políticas migratorias con relación a Cuba, al considerar que son «un estímulo al flujo desordenado, irregular e inseguro de ciudadanos cubanos» hacia ese país, señaló EFE.

La solicitud se expresa en una carta enviada al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y firmada por los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín; Costa Rica, Manuel González; Ecuador, Guillaume Long; El Salvador, Hugo Martínez; Guatemala, Carlos Raúl Morales; México, Claudia Ruiz; Nicaragua, Samuel Santos; Panamá, Isabel de Saint Malo; y de Perú, Ricardo Luna.

El ministro ecuatoriano, Guillaume Long, anunció en conferencia de prensa el envío de la carta en la que los Gobiernos expresan su preocupación por este tránsito de ciudadanos cubanos que compromete, señalan, las «políticas y esfuerzos» por «unas fronteras seguras y libres del crimen organizado transnacional».

Los cancilleres, que proponen una reunión de alto nivel para revisar esa problemática, consideraron que la revisión de la Ley de Ajuste y la política pies secos, pies mojados, sería un «primer paso para detener el agravamiento de esta compleja situación».

En noviembre de 2015, el Gobierno de la República de Cuba denunció que esa emigración irregular de ciudadanos cubanos es estimulada con fines políticos y «se articula a través de redes de tráfico de personas que operan en la región, responsables de actos de violencia, extorsión, vejaciones y otros delitos de que son víctimas los cubanos en su intento por llegar a los Estados Unidos, después de un peligroso recorrido de no menos de 7 700 kilómetros».

Señaló también que por parte de Estados Unidos esas regulaciones son discriminatorias contra los emigrantes latinoamericanos y caribeños, permanentemente deportados y víctimas de abusos, separación de familias y la violación de sus derechos humanos, especialmente de las niñas y niños no acompañados.

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